TOLEDO.- PSOE y PP sí han sido esta vez capaces de ponerse de acuerdo en las Cortes de Castilla-La Mancha -con Vox ya no se contaba de partida- para apoyar las alegaciones a la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura propuestas por el grupo parlamentario socialista al pleno, eso sí, tras incorporar al documento inicial, a petición de los populares, el compromiso de convocar a los alcaldes de toda la región a la Mesa del Agua una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abra el periodo de información pública.
Acuerdo alcanzado tras un debate general, al que cada grupo acudía defendiendo sus respectivas propuestas de resolución y en el que no han escatimado en reproches sobre lo hecho o no hecho a lo largo de estos cuarenta años de trasvase, que finalmente -con anécdota incluida, al tener que repetir una de las votaciones por no estar claro qué es lo que se estaba votando- se cerraba con la aprobación de las resoluciones de PSOE y PP con los 28 votos a favor que sumaban entre ambos grupos, mientras que Vox rechazaba la de los socialistas y se abstenía en la de los populares, viendo la propia rechazada pese a contar con el apoyo de estos.
De este modo, el Parlamento autonómico presentará alegaciones en el marco de la consulta pública abierta por el ministerio, reclamando entre otras cuestiones, que la fijación de los caudales ecológicos sea una realidad "en tiempo y forma", la prevalencia de la cuenca cedente y la apuesta por la desalación como alternativa al trasvase.
Alegaciones planteadas desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, que a través del grupo socialista han llevado a las Cortes, donde la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha tomado la palabra al inicio del debate para informar sobre la participación del Ejecutivo regional en la consulta pública abierta por el Gobierno de España para la mejora de las reglas de explotación. Un paso que quedaba contemplado en el plan del Tajo aprobado en enero de 2023 y para el que se daba un plazo de doce meses que expiraba el pasado mes de febrero sin que se hubiera avanzado en el mismo.
Así, durante su intervención ante el pleno, la consejera de Desarrollo Sostenible ha insistido en la necesidad de modificar las reglas de explotación del trasvase con el objetivo de proteger los intereses de la cuenca cedente y cumplir con los caudales ecológicos contemplados en el plan hidrológico del Tajo para lo cual es imprescindible definir el desembalse de referencia y el volumen de desembalse de los pantanos de cabecera, de forma que no den lugar a restricciones en la cuenca cedente.
Derechos de la cuenca cedente, la del Tajo, por cuyo reconocimiento lleva trabajando el Gobierno de Castilla-La Mancha desde hace años, ha recordado Gómez, de ahí que se demande la mejora de las normas de explotación, puesto que los avances logrados en los últimos años son "insuficientes".
En este sentido, la consejera ha recordado que en julio de 2021 se consiguió que el nivel de normalidad de los trasvases pasara de 38 hectómetros cúbicos mensuales a los 27 ahora vigentes, pero esto no es suficiente, puesto que es necesario introducir la "otra variable en la ecuación" que suponen los caudales ecológicos, que no solo son un mandato de la Directiva Marco del Agua, sino una necesidad para mantener la buena calidad de las masas de agua, que permita tener "un río vivo".
Y es que, ha precisado, en estos momentos el volumen de desembalse que está fijado contempla "el mínimo" de las necesidades de la cuenca cedente, de forma que si se produce cualquier mínima interferencia en él, provoca de forma automática una restricción en la cuenca cedente.
Por ello, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se defiende que para poder modificar las reglas de explotación del trasvase, lo primero debe ser fijar el volumen de desembalse de referencia. "Ver cómo podemos mejorar las reglas de explotación para que se puedan acomodar a esas necesidades a lo largo del tiempo", ha precisado Gómez, pero todo ello teniendo presente que la situación actual, en la que los embalses de Entrepeñas y Buendía superan los 1.000 hectómetros cúbicos de agua almacenados, "no deja de ser un espejismo".
La consejera de Desarrollo Sostenible ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya presentó en la mesa técnica convocada por el ministerio a petición del Gobierno valenciano. Un documento que, de cara a la presentación de las alegaciones en el marco de la consulta pública -cuyo plazo concluye el próximo 2 de mayo-, se va a complementar con los requerimientos planteados por diversos colectivos, entre ellos la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, así como varios municipios tanto de la cuenca del Tajo como la del Guadiana, "que necesitan también tener agua suficiente en cantidad y calidad para abastecimiento".
Asimismo Gómez ha animado a todos los colectivos, ayuntamientos, asociaciones, empresas y particulares a participar en esta consulta pública, demostrando así la necesidad que tiene Castilla-La Mancha de "vivir del río Tajo y de tener un Tajo de calidad".
REPROCHES EN EL DEBATE
Durante el debate general, el PSOE volvía a apelar a la unidad en torno a sus alegaciones, mientras que desde el PP se exigía el cumplimiento del Pacto regional del Agua y Vox insistía en la necesidad de un plan hidrológico nacional.
Por parte del grupo socialista Fernando Mora ha defendido que las alegaciones están basadas en el Pacto regional del Agua -desmontando así el principal argumento de la propuesta de resolución del PP-, el cual no era "inmediato" ni se podía implementar en el mismo momento en que se firmó (diciembre de 2020).
Asimismo ha retado a los populares, señalando que si no las apoyaban -lo cual finalmente sí han hecho tras incluirse el párrafo sobre la Mesa del Agua- era por no querer que su partido a nivel nacional y en el Levante supieran que firmaban las alegaciones; mientras que a Vox ha reprochado que planteen un plan nacional que pivote sobre el Tajo y no lo haga así en otras regiones.
Sin embargo desde la oposición, tanto PP como Vox, han acusado a los socialistas de querer imponer sus alegaciones y de "reabrir guerras" del agua sin ofrecer un nuevo consenso.
Por parte de los populares tomaba la palabra en primer lugar su portavoz, Carolina Agudo, quien defendía que fuera del Pacto regional del Agua no había lugar a debate, aunque ya en el turno de réplica era el presidente del grupo, Paco Núñez, quien subía a la tribuna de oradores para precisar que él nunca ha cambiado de opinión y que hizo suya la defensa del Tajo y los intereses de Castilla-La Mancha al firmar ese pacto regional.
Núñez ha criticado ante el pleno que el PSOE lleve 40 años gobernando, nueve de ellos presididos por García-Page y "hoy Castilla-La Mancha siga teniendo los mismos problemas que hace 40 años", ha señalado, obviando los cuatro años de mandato del PP de María Dolores de Cospedal, durante los cuales se aprobó, con su respaldo, el Memorándum del Tajo.
Así, ha vuelto a defender que haya trasvase solo en caso de "necesidad real" y que prevalezca la cuenca cedente sobre la receptora para atender sus abastecimientos y desarrollo.
Desde Vox, por su parte, el presidente del grupo parlamentario, David Moreno, apelaba también a la unidad, pero en su caso para exigir el Gobierno central un plan hidrológico nacional con el que dar solución a las carencias hídricas y para que agricultores y ganaderos dispongan de agua suficiente.
