El Gobierno regional impulsa una modificación de la Ley de Agricultura Familiar para "dar certeza" sobre el banco de tierras

Vía enmienda a la Ley de Acompañamiento de Presupuestos 2024, los socialistas pretenden aclarar que la cesión es del uso y no de la propiedad, salvaguardando así la norma de "la demagogia" y "los bulos" del PP.
La cesión de tierras es únicamente de uso, en ningún caso de la propiedad de las tierras. - ASAJA CIUDAD REAL
photo_camera La cesión de tierras es únicamente de uso, en ningún caso de la propiedad de las tierras. - ASAJA CIUDAD REAL

TOLEDO.- Añadir "seguridad y certeza", además de "acabar con la demagogia del Partido Popular" respecto a la Ley de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra, es lo que se ha propuesto el Gobierno de Castilla-La Mancha, y para ello, vía enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2024, se dejará claro que la cesión al banco de tierras será exclusivamente de uso, y en ningún caso en propiedad, pudiéndose la cesión suspender en cualquier momento si el propietario quiere.

Una modificación de la ley impulsada por el Ejecutivo y que se materializará mediante una enmienda presentada por el grupo parlamentario socialista, con el objetivo de contar "con la mejor Ley de Agricultura Familiar de España". Una ley, ha recordado la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, que fue "pactada con las organizaciones agrarias"; aprobada en marzo de 2023 y en vigor desde el 18 de abril del pasado año.

Padilla ha explicado que el Ejecutivo ha promovido esta enmienda para "acabar con la demagogia que se hizo en torno a esta ley y que el Partido Popular sigue haciendo a día de hoy". Y es que, cabe recordar, los populares, encabezados por su presidente regional, Paco Núñez, mantienen que con la creación del banco de tierras se abría la puerta a la expropiación de terrenos.

Un planteamiento que el propio presidente autonómico, Emiliano García-Page, desmentía en varias ocasiones y dejaba zanjado en el inicio de la campaña electoral, apenas unos días antes de la entrada en vigor de la Ley de Agricultura Familiar, asegurando que si se atreviera a expropiar dimitiría.

Idea que ha vuelto a reiterar hoy la portavoz del Ejecutivo, subrayando que "el Gobierno del presidente García-Page no ha expropiado ninguna tierra a ningún propietario ni la va a expropiar".

No obstante, para no dejar ninguna duda y acabar con cualquier inquietud que desde el PP se haya podido generar entre los agricultores, con esta modificación se establece claramente que la cesión al banco de tierras será "exclusivamente de uso y en ningún caso de propiedad", haciendo todo ello "con la compensación correspondiente y previa tramitación del expediente".

Por otra parte, ha añadido la consejera portavoz, con esta modificación impulsada desde el Gobierno, se pretende "mantener la condición de las tierras agrícolas, al tiempo que se facilita el relevo generacional".

Ahora, casi un año después de la aprobación en las Cortes de la norma, los socialistas impulsan esta modificación relativa al banco público de tierras, para "salvaguardarla de bulos".

Y es que, ha defendido Padilla, se trata de una "ley buena y avanzada, que diferencia, por primera vez en Castilla-La Mancha, el modelo de explotación familiar de otros modelos apoyados por fondos de inversión", una normativa que "fomenta la agricultura familiar" ha insistido.

LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Junto a esta enmienda para modificar la Ley de Agricultura Familiar, desde el PSOE también se plantea otra enmienda en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos 2024 para la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, aprobada en febrero de 2020 por unanimidad en las Cortes, con el objetivo de potenciar la participación de los ayuntamientos en la tramitación de los proyectos que se ubiquen en sus municipios, de modo que "no se implantará un proyecto que el ayuntamiento no considere adecuado".

En este sentido, Padilla ha explicado que deberán evaluar la idoneidad de los proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de sus pueblos, mejorando su participación, "aprovechando los conocimientos que tienen de la población donde se ubica el proyecto".

Así, tendrán "más autonomía" para decidir qué tipo de proyectos quieren para su municipio y lo harán "de forma previa" a la solicitud de evaluación de impacto ambiental.

Se pretende así, ha precisado la consejera portavoz, "propiciar que todas las administraciones vayamos de la mano a la hora de impulsar el desarrollo de nuestros municipios con la implantación de nuevos proyectos que cumplan con los parámetros medioambientales exigidos, a la ve que generan riqueza y empleo".

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