Miércoles 19.09.2018

Por el fin del silencio cómplice de la violencia machista

La violencia contra la mujer es la más extrema y criminal consecuencia de la discriminación por razón de sexo, de la falta de igualdad entre hombres y mujeres, campo en el que mucho se ha avanzado en perspectiva histórica pero mucho queda por avanzar en nuestra sociedad.

El maltrato y, en último término, los homicidios y asesinatos son un atentado contra los derechos humanos, una muestra del abuso de poder, físico, económico la mayor parte de las veces, social. La desigualdad siempre ampara privilegios.

Castilla-La Mancha ha sido pionera en nuestro país en la lucha contra la violencia de género y la plena igualdad de sexos, en aflorar y promover el debate social sobre la violencia que durante décadas ha permanecido bajo la penumbra del ámbito doméstico.

La normativa aprobada en 2001 en nuestra Comunidad y medidas impulsadas desde la región para la prevención y protección de mujeres maltratadas inspiraron avances a nivel nacional del calado de la primera Ley integral aprobada en 2004 de Medidas de Protección contra la Violencia de Género; o las famosas listas cremallera, muy discutidas al comienzo y hoy generalmente aceptadas, que garantizan cierto equilibrio entre mujeres y hombres en la representación política.

En Castilla-La Mancha a lo largo de dos décadas de trabajo continuado se ha ido impulsando el desarrollo de una importante red de recursos de apoyo y orientación en favor de la igualdad plena de mujeres y hombres; y de atención integral a las víctimas.

Desafortunadamente la gestión de la crisis económica no ha respetado ni las políticas de igualdad en la región: en la última legislatura su presupuesto ha sufrido un recorte cercano al 40% de lo que se destinaba en 2011, un pérdida anual cercana a los 10 millones de euros.

El Gobierno que presido quiere ahora dar un nuevo impulso a las políticas de igualdad, como lo simboliza la incorporación de la directora del Instituto de la Mujer como miembro permanente al consejo de Gobierno y la obligación de contar con la perspectiva de género e informes de igualdad en todas las decisiones y proyectos legislativos que apruebe el Gobierno de Castilla-La Mancha.

No se trata de una política sectorial localizada en un organismo, sino que afecta a la orientación de la actividad de todo el Gobierno, desde la promoción del empleo a la salud, desde la vivienda a la tercera edad o la educación de nuestros niños y jóvenes.

En cualquier caso se trata de una política y una labor a largo plazo en la que la normativa es imprescindible pero no suficiente. Desde 2004 han muerto en nuestro país más de 800 mujeres víctimas de la violencia de género.

La violencia machista tiene muchas caras, como dice la actual campaña de concienciación del Instituto de la Mujer: la prostitución, la humillación pública, el abuso de mujeres inmigrantes… Las nuevas tecnologías y las redes sociales que utilizan masivamente nuestros jóvenes también reflejan el machismo y canalizan la violencia contra la mujer en forma de acoso.

El reto que afrontamos afecta a la prevención, al respaldo a las víctimas –incluidos los menores hijos de mujeres maltratadas-, a la justicia, a la formación de los propios empleados públicos como los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Sólo estarán a salvo mujeres y niñas de la violencia cuando toda la sociedad lo considere inaceptable, cuando dejemos de oír argumentos falaces como la existencia de denuncias falsas o que también existe la violencia de las mujeres –casos estadísticamente irrelevantes-, cuando el machismo esté tan desprestigiado como el racismo.

No todo son certezas y cada caso que conocemos nos debe reafirmar en el esfuerzo, no debe desanimarnos porque tan cierto es que se ha avanzado como que no podemos bajar la tensión ni un segundo.

Se trata de poner fin al silencio que aún oculta la violencia machista.

Sólo una protección social potente puede animar a las víctimas de violencia sexual a denunciar a sus agresores antes de que sea tarde. Las víctimas tienen que sentirse protegidas por los recursos públicos.

La atención a las víctimas es una obligación. La prevención, la concienciación social e individual, la educación en igualdad de género son también actuaciones imprescindibles.

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