Martes 25.09.2018

De las posibilidades de cambio tras las elecciones

Con las pasadas elecciones municipales y autonómicas se ha puesto de manifiesto la voluntad real de un país por avanzar hacia un modelo de sociedad y de instituciones mejores. Y cuando digo mejores, no me refiero al comodín empleado en política como oposición de superioridad a esos otros, los adversarios, que son siempre “peores”; utilizo la palabra “mejor” en el contexto de una sociedad y unas instituciones que pretenden regirse por las características y estructuras de la democracia. 

Cuando avanzan o amplían su influencia partidos que proponen para las instituciones democráticas más transparencia, que éstas estén al servicio de los ciudadanos y no de quienes las ocupan, que haya una visibilización de lo que en ellas ocurre, o que la participación ciudadana no signifique un simple teléfono al que poder llamar, objetivamente se está produciendo una mejora de la calidad democrática de esas instituciones y de esa sociedad. Cuando ganan unas fuerzas que proponen una mayor equidad en el balance de esfuerzo-recompensa de los diferentes agentes sociales en lo que a la economía se refiere, es decir, cuando disminuye la desigualdad, o cuando se evita el sufrimiento de la población que carece de las necesidades básicas, o se proporcionan servicios a las personas dependientes, es difícilmente rebatible que se trata de una mejoría en esa sociedad (aunque no imposible, el neoliberalismo lo resuelve simplemente olvidando a las personas en su análisis).

Nada sino el tiempo podrá darnos o quitarnos la razón, según el rumbo que tomen esas capitales de provincia o comunidades donde las fueras de cambio como Podemos o sus partidos y herramientas electorales afines van a formar parte de gobiernos, aquéllas instituciones en las que ha sido mayoría, o al menos mayoría de partidos contrarios a la mole electoral que pese a todo y pese al importante descenso sigue siendo el Partido Popular. Pero ya de entrada, el hecho de que formaciones como las de Barcelona, Madrid, la Coruña, Cádiz o Zaragoza, estén en disposición de formar ayuntamiento es un logro histórico, una materialización en las urnas del despertar de una conciencia colectiva frente al abuso y la opresión.

En estos casos no hay lugar a dudas de que el Cambio con mayúsculas se ha abierto paso de forma rotunda, y sus actores políticos se han ganado el derecho de intentarlo, de afrontar el reto de formar gobierno y crear una alternativa sólida a las políticas injustas con los ciudadanos, los desmanes y la corrupción. El problema viene cuando nos referimos a aquéllos lugares en los que por su contexto –o porque simplemente carecían de proyectos sólidos–, las iniciativas políticas de auténtico cambio no han conseguido el alcance necesario, y quedan supeditados a los viejos actores en los resultados electorales. La representación obtenida resulta obviamente insuficiente para afrontar las transformaciones que se exigen, y participar en estos gobiernos de la vieja política, contraproducente para el objetivo último de cambio social real que se pretende. A nivel general, y sin entrar en concreciones, el caso de la izquierda tradicional, la única alternativa al bipartidismo durante muchos años, resulta paradigmático en este sentido, pues su tendencia a emplear la fuerza de sus representantes en hacer bascular ligeramente el sentido político de un gobierno socialista, renunciando a plantarle cara al PSOE más allá de la campaña electoral, lo condena a dejar de ser alternativa protagonista de un cambio para convertirse en eterna comparsa. No obstante, la situación de emergencia social e institucional que deja la crisis (y la derecha) y con el margen de influencia que les han otorgado los ciudadanos con su voto, las fuerzas como Podemos, o las candidaturas municipales apoyadas por éste, pueden plantearse la posibilidad de invitar a alguno de los otros actores a iniciar esas acciones encaminadas a mejorar la calidad de las instituciones, o surtir a la población de los servicios sociales que les están siendo negados, a cambio de un apoyo puntual en la investidura. Pero como decía Teresa Rodríguez hace unos días, para un Podemos en minoría, las posibilidades se reducen a “susto o muerte”.

Evidentemente, el Partido Popular no es que se haya mostrado reacio a aceptar estos preceptos hasta ahora, sino que viene actuando reiteradamente contra ellos, por lo que es inconcebible creer que pueda dirigir en el futuro la nave al puerto del que siempre huyó. Será por ello han dejado meridianamente claro que nunca facilitarían una institución al Partido Popular.

De manera que en muchos lugares (entre los que se cuentan el gobierno de Castilla-La Mancha y de alguno de sus ayuntamientos, como el de Villarrobledo), la única posibilidad de influir en favor de ese cambio es el Partido Socialista; pero su trayectoria, especialmente la más reciente, impide que se pueda confiar en ellos para capitanear un cambio que pudiera ser considerado suficiente, o siquiera significativo. Sus actuales políticas institucionales y condiciones internas chocan frontalmente con los principios de limpieza y transparencia de Podemos, así como las políticas en materia social necesarias para el cambio de rumbo insuficientes, y en algunos casos inexistentes, y darles sin más el apoyo en una sesión de investidura, irresponsable con la tarea de transformación que han emprendido. Por todo ello, la única posibilidad que tienen estas formaciones es la de ofrecer unas condiciones en las que algunas mejoras sociales e institucionales mínimas puedan ser llevadas a cabo por un equipo de gobierno entrante, del que por supuesto no formarían parte; pues estas condiciones no son de demanda de sillones, ni de ocupar cargos, sino el cumplimiento de unos preceptos que aseguren una mínima calidad democrática, como pueden ser las medidas de transparencia y anticorrupción o unos servicios sociales dignos para los ciudadanos. En todo caso, parece evidente que facilitar una investidura una vez cumplidas unas condiciones de regeneración interna y giro político no es de ningún modo un cheque en blanco a ese otro partido, sino simplemente posibilitar una mínima gobernabilidad, y cada una de las acciones del nuevo gobierno deberán ser puestas en cuestión y acercarlas en la medida de lo posible a las demandas de los votantes que han apostado por el cambio. De otro modo se estarían convirtiendo en un actor más, probablemente secundario, sin capacidad de aspirar a tener funciones de gobierno y cambiar las cosas de verdad, es decir, otorgando más soberanía a los ciudadanos y un reparto menos injusto de la riqueza y los beneficios de unos y otros. 

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