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Page con la Constitución, Podemos se abstiene y el PP se obceca con el independentismo

S. Jiménez | A. López | 30 de Noviembre de 2018

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto al presidente de las Cortes regionales, Jesús Fernández Vaquero. Archivo
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto al presidente de las Cortes regionales, Jesús Fernández Vaquero. Archivo
  • El Parlamento castellano‑manchego aprueba sin consenso una resolución del PSOE en defensa de la Carta Magna española con motivo de su cuarenta aniversario.
  • La iniciativa socialista sí recibe el apoyo de los 'populares', mientras que el PP ve rechazada su propuesta, que incluía medidas como la aplicación del 155 en Cataluña o la oposición a indultos a procesados por el desafío separatista.

  • Desde el partido morado recuerdan a la bancada conservadora su abstención hace una semana en el Senado a la hora de condenar el franquismo, algo que consideran incompatible con ser constitucionalista.

TOLEDO.- Aunque sin consenso, las Cortes castellano‑manchegas han manifestado oficialmente su respeto a la Constitución española y reconocido que ésta es "la firme emanación de la voluntad popular y de la soberanía nacional, de la que emanan los principios, derechos, obligaciones y libertades" que, según reza la declaración aprobada este jueves en la Cámara autonómica, "han permitido la convivencia pacífica durante cuarenta años en el país".

Pronunciamiento institucional que se producía a consecuencia de un debate general celebrado en el pleno del Parlamento regional a propuesta del Partido Popular, para analizar las consecuencias sociales, políticas y económicas de la Carta Magna en Castilla‑La Mancha. Un debate al que se presentaban dos propuestas de resolución, una por parte del PSOE, que salía adelante con el apoyo de los dieciséis diputados 'populares' y la abstención de los dos de Podemos, y otra por parte del PP, que era rechazada con los votos en contra de los quince parlamentarios socialistas y los del partido morado, al considerar que con ella se había intentado desviar el debate hacia la situación política que vive Cataluña, "prostituyendo" así este punto del orden del día.

Acusaciones que hacía el vicepresidente primero del Gobierno que preside el socialista Emiliano García‑Page, José Luis Martínez Guijarro, quien recriminaba a la bancada conservadora que, en sus orígenes, una parte de Alianza Popular no apoyara la Constitución, por lo que les afeaba que ahora tengan que "hacer alardes de apoyo" y sean "conversos constitucionalistas".

Sin embargo, el diputado y presidente del PP regional, Francisco Núñez, que asumía en este debate la portavocía de su grupo, lamentaba no haber recibido apoyo para su propuesta de resolución, con la que su partido pedía el uso del español como lengua vehicular en la educación en todo el territorio nacional y la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, así como que se rechazara el modelo plurinacional en España y la concesión  de indultos en caso de que los políticos catalanes, encarcelados por la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre, sean declarados culpables de rebelión.

Nada de ello ha salido adelante, mientras que con la resolución socialista que sí ha sido aprobada, las Cortes regionales se han postulado a favor de todos los artículos de la Carta Magna, comprometiéndose "a su desarrollo pleno en la forma y manera que dispongan las leyes pasadas, presentes y futuras, derivadas de cualquier posible reforma".

La iniciativa que ha salido adelante también propone "ser capaz de superar los nuevos retos, desafíos y cambios a los que se enfrenta la sociedad actual", para continuar "progresando socialmente" y reconocen que "la normalidad institucional contribuye a la paz social, al desarrollo económico, al progreso y la solidaridad", al tiempo que insta al Gobierno regional y al resto de instituciones autonómicas a que tengan "siempre presente" y den cumplimiento de los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos castellano‑manchegos.

En este sentido, Martínez Guijarro elogiaba los "efectos positivos que ha tenido la Constitución española en el conjunto del país y en particular en Castilla-La Mancha", puesto que desde que la región asumiera las competencias que se le han transferido en el marco del Estado de las Autonomías, los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos "han avanzado sin parangón".

Como ejemplo concreto citaba la sanidad pública, y ha señalado que en 2001, cuando Castilla‑La Mancha asumió estas competencias, en la región había 185 centros de salud, 15 hospitales que sumaban 4.067 camas en total, 15.994 profesionales sanitarios trabajando y un gasto medio por habitante al año de 141.000 pesetas, que al cambio son 847 euros.

Y reivindicaba que en la actualidad y "a pesar de cuatro años de recortes" ‑refiriéndose a la legislatura de María Dolores de Cospedal‑, la sanidad pública castellano-manchega gestiona 18 hospitales con 4.712 camas disponibles, 203 centros de salud, 1.109 consultorios locales, trabajan 28.110 profesionales y el gasto por persona es de 1.446 euros.

Un mismo ejercicio comparativo que, señalaba Guijarro, se podría realizar con la educación, los servicios sociales y las políticas de igualdad.

Una idea sobre la mejora que ha supuesto para la vida de los castellano-manchegos estos cuarenta años de Constitución en la que ha coincidido el líder de los ‘populares’, Francisco Núñez, quien no obstante ha defendido que su propuesta de resolución recogía "la postura mayoritaria" de los ciudadanos de la región.

Sin embargo no ha dejado pasar la ocasión para acusar a los socialistas de "defender a Podemos" y no apoyar la propuesta del PP, recriminándoles así que al gobernar en coalición en Castilla-La Mancha y por mantener el apoyo que da la formación morada al PSOE nacional estén generando "un grave riesgo para la democracia española".

En este sentido, el líder de los conservadores subrayaba que los comportamientos "rupturistas" con la Constitución "hay que condenarlos cuando se producen", por lo que insistía en lo inadecuado de que una formación como Podemos tenga competencias en el Ejecutivo autonómico.

Frente a ello, la presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, María Díaz, tras acusar a los ‘populares’ de no haber hecho "nada" desde que ocupan su escaño, tachaba de "difícil de entender" la propuesta de debate general del PP, puesto que supone que "no tienen nada más que aportar para Castilla-La Mancha".

En este sentido, Díaz subrayaba que los castellano-manchegos merecen que en las Cortes se hable de sus problemas y no que se plantee un debate con propuestas de resolución "destructivas", como la que aventuraba sería la del PP. Por ello se preguntaba qué había detrás de este debate, al dar por supuesto que la Constitución ha supuesto una mejora para el país.

Sin embargo, la diputada regional pedía que no se contemple la Carta Magna "como si fueran las tablas de la ley de Moisés, grabadas en piedra" y que se asuma con naturalidad la posibilidad de reformarla, como ya se ha hecho anteriormente.

En este sentido recordaba cómo PP y PSOE acordaron reformar su texto para modificar el artículo 135 en el año 2011, "tras una llamada recibida desde Alemania", para supuestamente garantizar la estabilidad presupuestaria. Una reforma "de dudosa consistencia", apostillaba, y que ha supuesto limitar la posibilidad de desarrollar políticas económicas alternativas.

La presidenta del Grupo Podemos aseguraba que hay "ultrajes" que "indignan" a su formación, al tiempo que recordaba que las constituciones "están en movimiento", por ello confiaba en que la próxima reforma constitucional sea para mejorar la vida de las personas.

Asimismo, Díaz ha dicho que "no se puede ser constitucionalista y abstenerse de condenar el franquismo", recordando así la postura del Partido Popular hace una semana en el Senado. En este punto, la diputada del partido morado ha señalado que "para ser constitucionalistas es imprescindible condenar la Dictadura", pues considera que se trata de "un ejercicio de coherencia democrática" y, además, "sería el mejor homenaje" que el PP puede hacer a la Carta Magna.

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