Domingo 18.11.2018
MACROOPERACIÓN POLICIAL

Anticorrupción investiga al Ayuntamiento de Illescas por la trama de contratos amañados de tráfico

El Consistorio illescano es uno de los más de cuarenta de todo el país en los que se han practicado registros o solicitado documentación con presencia policial por presuntos contratos fraudulentos que beneficiaron a una filial del grupo Sacyr.

El socialista José Manuel Tofiño, alcalde de la localidad toledana de Illescas. Archivo
El socialista José Manuel Tofiño, alcalde de la localidad toledana de Illescas. Archivo

TOLEDO.- Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se han personado en el Ayuntamiento de la localidad toledana de Illescas para recabar documentación sobre presuntos amaños en la adjudicación de contratos de servicios para regular el tráfico con semáforos y gestión de multas con la empresa Aplicaciones Gespol. Investigaciones que forman parte de la macrooperación lanzada este martes por la Fiscalía Anticorrupción.

Actuaciones que lleva el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, desde el que se ha ordenado la entrada y registros en diversos consistorios españoles, entre los que se encuentra el de Illescas, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobre esta empresa, filial de Sacyr e integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales

Por el momento el de Illescas es el único consistorio castellano-manchego en el que se están practicando estos registros. Según ha comunicado el mismo Ayuntamiento, que preside el socialista José Manuel Tofiño, los agentes de la UDEF se personaban a primera hora de la mañana en sus dependencias para requerir la información solicitada por la autoridad judicial en materia de actuaciones de contratación. 

Aseguran desde el Ayuntamiento de Illescas que han puesto "a total disposición" de los agentes toda la documentación requerida, y está previsto que presenten declaración ante la Policía Nacional las autoridades municipales que se estimen oportunas. Todo ello con la finalidad de esclarecer la situación contractual con la empresa investigada. 

Un procedimiento judicial que, recuerdan desde el Consistorio illescano en su comunicado, se encuentra bajo secreto de sumario

No obstante, en declaraciones a Radio Illescas, el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Francisco Rodríguez, ha precisado que en este caso lo que ha hecho el Juzgado de Badalona ha sido solicitar documentación relativa a la participación de la empresa investigada en un proceso de licitación del Ayuntamiento de Illescas, por importe de 100.000 euros, para unas cámaras de seguridad, que "a día de hoy está sin adjudicar".

Subraya así Rodríguez que no existe "ninguna relación contractual" del Ayuntamiento con esta empresa que se investiga. 

El portavoz municipal asegura que al Consistorio illescano toda esta situación "le pilla de refilón, de rebote", por lo que es total su disposición a colaborar con la Justicia y la Policía en todo lo que se solicite.

Una operación anticorrupción, que han denominado como 'Enredadera', en la que además del requerimiento de documentación en el Ayuntamiento de Illescas se han realizado registros en numerosas localidades madrileñas como Arroyomolinos, Navalcarnero, Parla, Alcobendas, Torrelodones y Fuenlabrada, así como en otros puntos del país como Astorga, León, Teruel, Palencia, Plasencia o Vélez-Málaga, entre otros. 

Actuación en la que participan 580 agentes de la UDEF, en la que también se ha solicitado documentación con presencia policial en organismos como la Diputación de Alicante y municipios como Mataró, Pineda de Mar, El Escorial, Gandía o Galapagar. 

Se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, falsedad documental, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal. 

Fuentes policiales han detallado que se han realizado más de una treintena de detenciones en distintos municipios y 15 pasarán a disposición del juzgado badalonés que empezó las investigaciones. Entre ellas la del alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, primer regidor de Ciudadanos arrestado por corrupción.

Los investigadores sospechan que también se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria. La empresa pagaba supuestamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales.

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