lunes 16.12.2019
CUARENTA ACTIVISTAS OCUPARON EL BBVA EN GUADALAJARA

Un diputado de Podemos irá a juicio por evitar el desahucio de una pensionista

El diputado de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, asegura que algunos de esos activistas -incluido él- están ahora representando con el objetivo de "seguir luchando por el derecho a la vivienda".

Ocupación del BBVA / Foto Plataforma Antirrepresiva Guadalajara
Ocupación del BBVA / Foto Plataforma Antirrepresiva Guadalajara

El suceso ocurrió el 14 de noviembre de 2012, durante la jornada de Huelga General. Ese día, un grupo de cuarenta activistas guadalajareños, incluido el actual diputado regional de Podemos, David Llorente, ocuparon una sucursal del BBVA para frenar el proceso de ejecución hipotecaria que dejaría en la calle a María Benítez, una pensionista de 76 años que comparte su vivienda con su hijo Pedro Aguirre,  un hombre con un alto grado de discapacidad.

Las personas que ocuparon las oficinas del BBVA denunciaban que la entidad ya había desahuciado al hijo de María, por lo que tildaban de “injusticia” que el banco le quitara ahora la vivienda también a ella por ser avalista.

El encierro acabó con la intervención de la Policía Nacional, pero no sin que antes los manifestantes criticasen la “lamentable actuación” de los agentes, pues relataron que “la policía llegó a impedir el acceso de comida, provocando la evacuación de una activista por los profesionales sanitarios, puesto que era diabética”.

Pero con el desalojo de las personas que ocupaban pacíficamente el BBVA no acabó la historia, puesto que la Subdelegación de Gobierno en Guadalajara llegó a abrir un expediente sancionador contra treinta y cinco de las personas que realizaron esta acción, entre ellos el actual diputado de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, y el concejal de Ahora Guadalajara, José Morales.

David Llorente, actual diputado de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha

Preocupante es el hecho de que los representantes institucionales consideren “resistencia y desobediencia a la autoridad” el intento de evitar el desahucio de una jubilada y su hijo discapacitado, pero más preocupante aun es que con este tipo de reivindicaciones sociales las arcas públicas se pretendan embolsar sobre unos 300€ por cada persona sancionada.

Pues bien, frente a esta sanción, los activistas emprendieron acciones legales contra la Subdelagación del Gobierno por abrir dichos expedientes, unas demandas que provocaron que hoy se tuviera que celebrar un juicio en el juzgado contencioso-administrativo de Guadalajara para aclarar si evitar un desahucio de forma pacífica puede ser o no sancionado en la localidad alcarreña.

Finalmente y según ha podido saber periodicoclm.es, el juicio ha sido suspendido a última hora sin que se anunciara una nueva fecha para su realización.

De los movimientos a las instituciones

Sobre este asunto hemos podido hablar con el diputado regional de Podemos, David Llorente, el cual nos ha explicado que algunos de aquellos activistas -incluido él-, “estamos ocupando ahora cargos en las instituciones”, algo que según explica “ha provocado que la lucha por el derecho a la vivienda se vea representada en unos foros legislativos en los que antes no estaba”.

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