miércoles 24.07.2019
INFORME FISCALIZADOR

El Tribunal de Cuentas solo pone objeciones a 68 de los 3.000 contratos públicos de Page y destaca su transparencia

  • El órgano de control detalla estas incidencias en su informe sobre contratación correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, y afirma que la región ha cumplido con los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia en las adjudicaciones.
  • El PP y Cs han utilizado los datos tergiversados de una información de OKDiario al respecto para arremeter contra el presidente de Castilla-La Mancha y acusarle de despilfarrar 1.000 millones de euros.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto a fragmentos del informe sobre contratación elaborado por el Tribunal de Cuentas. PeriódicoCLM
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto a fragmentos del informe sobre contratación elaborado por el Tribunal de Cuentas. PeriódicoCLM

TOLEDO.- Referente a los ejercicios 2016 y 2017, el Tribunal de Cuentas ha publicado su informe de fiscalización de la contratación pública en las comunidades autónomas que carecen de órgano de control externo, entre las que se encuentra Castilla-La Mancha, donde María Dolores de Cospedal suprimió el Tribunal de Cuentas de la región en 2014. Informe en el cual se realizan una serie de observaciones a 68 de los 656 contratos públicos comunicados por la Junta castellano‑manchega para este periodo, y que en su conjunto suman 186,3 millones, lo que representa el 18,8 por ciento del montante total examinado, que supera los 988 millones.

Un informe en el que el Tribunal de Cuentas reconoce la transparencia del Ejecutivo regional en cuanto a contratación, aunque señala una serie de incidencias en diversos ámbitos.

Así, por ejemplo, en relación a la justificación de los contratos examinados, considera el Tribunal de Cuentas que "no se ha justificado suficientemente la necesidad de celebración" de algunos de los contratos, bien porque se deriva a terceros la ejecución del servicio contratado a pesar de señalar que se cuenta con personal propio, como apunta en el caso de dos encomiendas realizadas a la empresa pública Geacam ‑para la eliminación de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas en la campaña 2016‑ y el de realización de analíticas en los vertidos influentes del Edares (Estaciones depuradoras de aguas residuales) por parte de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha; bien porque los informes al respecto se limitan a mencionar la competencia y describir el objeto del contrato, como ocurre con los contratos relativos a la construcción de un nuevo colegio en Illescas y la ampliación de otros dos en Olías del Rey y Yuncler; o bien por ser demasiado genérica e insuficiente la justificación, como en el caso del contrato de servicio de medios aéreos adscritos al Plan Infocam durante las anualidades 2017/2018.

En lo que se refiere al régimen económico de los contratos, observa el Tribunal de Cuentas que en los contratos de obra adjudicados por procedimiento abierto fiscalizados en 2016 se produjeron "importantes bajas respecto al presupuesto de licitación", en algún caso de hasta el 52 por ciento, que atribuye a que "no se llevó a cabo una correcta estimación del presupuesto o que ésta se realizó sin ajustarse a los precios del mercado".

Por otra parte, en materia de preparación de los contratos examinados, apunta la "deficiente gestión y planificación de la contratación", al haberse detectado un salto de varios meses ‑en el caso del contrato de lavado de ropa hospitalaria del HGU de Ciudad Real es de cuatro años‑ entre el vencimiento de un contrato y la formalización del siguiente; o el empleo inadecuado del procedimiento negociado sin publicidad para la contratación del suministro de suturas manuales.

Respecto a la calificación jurídica de los contratos, observa el Tribunal de Cuentas un error en la calificación de cuatro contratos, entre los que destaca tanto por su importe como por su duración, 14,1 millones y un plazo de 15 años, que llega a considerar "a todas luces excesivo", el relativo a la gestión de servicios energéticos del sistema de calefacción de diferentes centros docentes de la región.

Un informe del que desde el Gobierno regional se destaca el hecho de que la contratación pública se ajusta a los principios de legalidad y transparencia, algo que no pone en entredicho el informe del Tribunal de Cuentas.

En este sentido, subrayan que en este informe de fiscalización el Tribunal solo ha examinado 68 de los más de 3.000 contratos formalizados por la Administración regional entre 2016 y 2017, los cuales se ajustan a la legalidad y respecto a cuya tramitación administrativa es a lo que se hacen algunas observaciones.

Cuestiones a cada una de las cuales desde la Junta de Comunidades se han presentado las correspondientes alegaciones, justificando en cada uno de los contratos examinados el cumplimiento de la normativa y el envío de toda la documentación que se había solicitado para la evaluación de los mismos.

Al margen de ello, el Tribunal de Cuentas indica en su informe que el Gobierno de Castilla-La Mancha cumple en materia de transparencia "de manera destacada" en cuanto a contratación administrativa con la publicación de las instrucciones de contratación, la existencia de los perfiles del contratante y el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, de igualdad y de transparencia de adjudicaciones y contrato.

Asimismo, este órgano de fiscalización también reconoce el cumplimiento por parte del Ejecutivo castellano-manchego de las observaciones remitidas en informes anteriores, como por ejemplo, la relativa a remitir al Tribunal de Cuentas toda la información sobre contratación llevada a cabo en el sector público regional; cumplir con los objetivos de transparencia y objetividad en el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, o aumentar la diligencia en la elaboración y supervisión de los proyectos.

Otras de las observaciones hacen relación a la admisión de ofertas fuera de plazo -seis días más (del 19 al 26 de diciembre) en el contrato de obras del nuevo colegio en Illescas-; la falta de justificación de la utilización de la tramitación por urgencia de un par de contratos, o la imprecisión sobre los criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor de otros tantos.

Asimismo, apunta varias incidencias relativas a la ejecución de varios contratos y las modificaciones sufridas por otros.

GRAVES ACUSACIONES DEL PP

Un informe que ha servido este lunes a un medio nacional, OKDiario, para arremeter contra el presidente del Ejecutivo castellano-manchego, Emiliano García-Page, acusándole de no haber justificado 1.000 millones de euros en contratos públicos. Una interpretación alejada de lo que realmente señala el informe del Tribunal de Cuentas, accesible a través de su página web, a la que sin embargo se han aferrado los rivales políticos del socialista en Castilla-La Mancha para atacarle.

Así lo demostraba la secretaria regional del PP Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, quien tomando al pie de la letra esa información exigía explicaciones a Page por "despilfarrar mil millones de euros" para colocar a "amiguetes socialistas", añadiendo que "jamás" se ha conocido "un pufo de tal cantidad en la región" ‑obviando de esta manera las duras críticas que el Tribunal de Cuentas hizo a los años en los que el PP gestionó la región‑.

En un comunicado, los ‘populares’ señalaban que así se pronunciaba Agudo "después de que el Tribunal de Cuentas haya detectado anomalías en la mayoría de los 656 contratos públicos adjudicados en 2016 y 2017 por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por un importe de casi mil millones de euros", afirmación recogida tal cual de ese medio nacional.

Agudo lamentaba que la región "vuelva a ser noticia nacional por un nuevo escándalo" y que Page "haya convertido nuestra región en el cortijo que tenía el PSOE andaluz".

Según la versión de Agudo, "según el Tribunal de Cuentas, en muchos contratos firmados por la Junta, los auditores han observado la ausencia de los informes o de los estudios económicos necesarios para garantizar que el precio del contrato fuera el adecuado al mercado", de lo que concluye esta abogada de formación que "Page se ha gastado el dinero de manera irregular y presuntamente ilegal".

La dirigente ‘popular’ recordaba así que "Page no se ha gastado los mil millones de euros en arreglar el caos sanitario de nuestra región, ni en solucionar las lamentables listas de espera sanitarias, ni acabar con el limbo de la dependencia, sino que los ha utilizado para beneficiar a sus amigos socialistas".

Extremos sobre los que Agudo apuntaba que "investigará" Francisco Núñez ‑candidato del PP a la Junta‑ de llegar al Gobierno regional, para conocer "a dónde han ido a parar los mil millones de euros" y para depurar "responsabilidades y posibles consecuencias jurídicas".

"DEMOLEDOR" SEGÚN CIUDADANOS

Pero Agudo no ha sido la única que se ha apoyado en esa información de OKDiario para utilizarla contra el Gobierno regional, puesto que también lo ha hecho la candidata de Ciudadanos a la Junta, Carmen Picazo, quien incluso calificaba como "demoledor" el informe del Tribunal de Cuentas.

Picazo indicaba que "en un importante número de contratos adjudicados bajo la Presidencia de García-Page, no se justifica ni la necesidad, ni la cuantía de los contratos ni se comprueba que haya crédito suficiente para su adjudicación" y siendo a su juicio "lo más grave" que se utilicen "procedimientos que facilitan la adjudicación a dedo".

Asimismo, considera "alarmante" que "se hayan aceptado ofertas presentadas fuera de plazo, se hayan utilizado tramitaciones de urgencia o emergencia sin acreditar los motivos, haya deficiencias y falta de control en la aplicación de los criterios de adjudicación de los contratos y se hayan modificado contratos sin ajustarse a la ley".

Frente a ello defendía que Cs quiere que la región "prime el talento por encima de los contactos", y por ello propone crear "la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción de Castilla-La Mancha, que estará formada por personas independientes elegidas con mayoría reforzada de las Cortes para fiscalizar cada euro público".

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