sábado 04.07.2020
RETO DEMOGRÁFICO

Page une a los agentes sociales para obligar al Gobierno a "retratarse" con la financiación contra despoblación

  • El presidente regional firma el Pacto contra la Despoblación de Castilla-La Mancha asegurando que creerá que España "va en serio" con este problema "cuando conozcamos" lo que pretende hacer con los fondos de las autonomías.
  • El acuerdo rubricado por la Junta, los sindicatos y empresarios, la Federación de Municipios y Provincias, así como Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural, está abierto a administraciones y entidades que quieran sumar al reto demográfico.
El presidente autonómico, Emiliano García-Page, durante la firma del Pacto contra la Despoblación de Castilla-La Mancha con los agentes sociales, en la Real Fábrica de Paños de Brihuega, Guadalajara. Foto: A. Pérez Herrera
El presidente autonómico, Emiliano García-Page, durante la firma del Pacto contra la Despoblación de Castilla-La Mancha con los agentes sociales, en la Real Fábrica de Paños de Brihuega, Guadalajara. Foto: A. Pérez Herrera

GUADALAJARA.-  Claridad al hablar sobre financiación autonómica y local es lo que pide el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para poder contribuir a una lucha real contra la despoblación. Una financiación que debe ser no solo por habitante, sino por dónde se vive.

Un planteamiento que el jefe del Ejecutivo autonómico ha puesto sobre la mesa durante la firma del Pacto contra la Despoblación de Castilla-La Mancha, que ha tenido como escenario la Real Fábrica de Paños de Brihuega, en la provincia de Guadalajara.

Un pacto que el Gobierno regional ha suscrito con sindicatos y empresarios, la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM) y la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (Recamder), pero al que invita a sumarse a todas las instituciones de la región, entre las que se encuentran las cinco diputaciones provinciales y los 919 municipios castellanomanchegos, así como a las entidades privadas que lo deseen.

Un marco en el que ha asegurado que en esta materia "no valen discursos ni falacias", puesto que al hablar de financiación "nos tendremos que retratar". Así, ha asegurado que creerá que España "va en serio con el despoblamiento cuando conozcamos por dónde quiere ir con la financiación autonómica", ámbito desde el que se gestiona "lo que afecta al 90 por ciento del día a día de la gente".

García-Page se ha referido así al plan de choque contra la despoblación que este viernes ha firmado en Logroño el Gobierno de Pedro Sánchez, y al que ha avanzado que Castilla-La Mancha se sumará "cuando nos abran la posibilidad", en cuyo marco considera fundamental "perimetrar" qué se entiende por despoblación y reto demográfico, de modo que no termine siendo "un cliché" al que se acude cuando llegan las elecciones y después deja de tener importancia.

Considera así al hablar de dotar de recursos a las comunidades autónomas, "lo que se debe financiar para Sanidad, Educación o Servicios Sociales tendría que ser lo mismo que costaría al Estado gestionarlo", teniendo claro que "no vale lo mismo financiar los servicios públicos en una calle que a lo largo de un territorio".

Pero junto a ello también considera esencial "objetivar" la prestación de servicios públicos, estableciendo "una proporción sensata" una vez que "todos estamos de acuerdo en el acceso universal" a los mismos.

Iniciativas para un plan de choque estatal que coinciden con la línea marcada en el Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es elaborar una estrategia regional frente al reto demográfico, el envejecimiento poblacional y el despoblamiento territorial.

Reto demográfico que para García-Page "no son todos los problemas, ni todas las situaciones", sino "solo una de las imágenes de la sociedad compleja en que nos ha tocado vivir". Por  ello considera esencial que "entre todos" se pacte de entrada "de qué hablamos", puesto que "no todo pasa por aquí".

Así, para el presidente del Ejecutivo castellanomanchego es necesario "asumir que vivimos en un espacio físico", de modo que donde se vive tiene que estar presente en todas las decisiones, leyes y elementos de financiación".

En este sentido ha apuntado que se pueden "objetivar" los problemas "en función de dónde vivimos".

Algo que tiene en cuenta el pacto firmado este viernes en Brihuega, en el que se plantea "coordinar los servicios públicos en función de dónde vive la gente; se habla de políticas de empleo, lo que tiene que ver con políticas fiscales, pero también con los salarios", ha apostillado.

Con este acuerdo se aporta "un método" para ir "analizando y reconduciendo flujos migratorios que tienen que ver con la población", relacionándolo así con los servicios públicos, infraestructuras y algunos parámetros culturales. "Hay que ver cuál es al final el camino y lo que podemos hacer", ha apostillado.

Y es que, ha insistido, "no hay soluciones mágicas" ni tampoco "todo es un fenómeno contrario al crecimiento". Por ello hay que "poner sentido común y orden, por la vía del acuerdo".

En este contexto, durante su intervención García-Page ha mostrado su completo rechazo a que se vuelva a hablar de "balanzas fiscales", puesto que no son los territorios los que pagan impuestos, sino la gente y las empresas. Por ello ha abogado por regular dónde deben establecerse los domicilios fiscales, de modo que independientemente de dónde pague la empresa o el trabajador "revierta en todo el país".

Así, a quienes abogan por esas balanzas fiscales, les ha recomendado la lectura del libro de Josep Borrell en el que "desmontó la falacia de los independentistas" al plantear que los impuestos sean progresivos para las personas "pero que no se aplique cuando hablan de territorios".

UN PUNTO Y SEGUIDO

Por su parte el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, quien se ha encargado de la coordinación del trabajo que ha llevado a la firma de este acuerdo, ha destacado cómo dicha rúbrica supone "un punto y seguido" en la lucha del Ejecutivo castellanomanchego contra la despoblación.

Una lucha que comenzó la pasada legislatura con la recuperación de servicios públicos en el entorno rural, como escuelas y centros de atención sanitaria, y que ha conseguido poner en el centro del debate nacional del problema del reto demográfico.

En este sentido Martínez Guijarro ha subrayado la labor realizada por el Ejecutivo en los últimos años, la cual ha sido reconocida por la Comisión Europea en su informe 'Análisis sobre la efectividad de las ITI en España', en el cual se indica textualmente que la implementación de la Inversión Territorial Integrada (ITI) en Castilla-La Mancha "puede considerarse una referencia, ya que refleja un proceso de definición, implementación y seguimiento bastante robusto".

Un marco en el que junto a las convocatorias de las Expresiones de Interés desde el Ejecutivo regional se han movilizado, hasta hoy, un total de 777 millones de euros en 95 líneas de actuación, con las que se ha llegado a más de 600 municipios.

Una actuación que reconoce la Comisión Europea, en cuyo informe se alaba también que la preparación de la ITI haya estado "liderada por la Junta al más alto nivel, asegurando así la alineación de las diferentes consejerías con la estrategia, y destacando también el proceso participativo de los diferentes agentes".

Asimismo, destaca cómo "las dinámicas de trabajo están generando una forma eficiente y eficaz de hacer llegar los fondos europeos a zonas donde previamente había dificultad de ejecutarlos".

Tras su firma este pacto quedará abierto para todo aquel que quiera adherirse y colaborar en el desarrollo de la estrategia para luchar contra la despoblación, en la que "todos juntos tenemos que aunar esfuerzos", generando sinergias entre lo público y lo privado.

DEVOLVER EL ORGULLO AL MEDIO RURAL

Pero junto a ello para Martínez Guijarro es realizar "un esfuerzo reputacional en favor del medio rural", contribuir a visibilizarlo y poner en valor los aspectos positivos que tiene. Así ha instado a todo aquel que tenga capacidad de lanzar mensajes públicos a subrayar lo positivo de "vivir e invertir en el medio rural".

Algo que no significa que no se tengan identificados los problemas -ha aclarado-, sino que se trata de "devolver el orgullo a la gente por vivir en los pueblos".

Un mensaje en el que han coincidido los representantes de los sindicatos firmantes de este Pacto contra la Despoblación, Amparo Burgueño, responsable de la gestora de UGT Castilla-La Mancha, y Francisco de la Rosa, secretario regional de CCOO, quienes también han apelado a realizar ese "esfuerzo reputacional".

Para Burgueño es de "extrema urgencia" el diseño de una estrategia regional frente al reto demográfico, ante el que no hay "soluciones inmediatas ni perfectas", pero que pasa por garantizar y reforzar los servicios públicos y generar empleo para que sea exitoso.

Por su parte De la Rosa ha subrayado que "el afán no es suficiente" y por ello es fundamental contar con recursos económicos suficientes que posibiliten los servicios públicos básicos y esenciales, pero que a su vez faciliten el emprendimiento, con el objetivo de "hacer que nuestros pueblos no cierren sus puertas".

La patronal también ha firmado este Pacto, cuyo presidente, Ángel Nicolás, ha reclamado medidas para las empresas, que son "imprescindibles para garantizar el futuro de las áreas rurales". Apoyo para las existentes y respaldo para las de nueva creación, que deben venir acompañadas de incentivos fiscales, ha apuntado.

Para el presidente de Cecam ha llegado el momento de "pasar a la acción y tomar medidas reales y efectivas".

En esta línea también se ha pronunciado el presidente de Recamder, Jesús Ortega, quien ha subrayado la "urgencia" de pasar a los hechos, "generando oportunidades y garantizando servicios". Y es que la situación requiere de soluciones "valientes", de medidas que permitan "resucitar" el medio rural.

Para ello desde Recamder se reclaman medidas como el incremento de la digitalización en los territorios rurales, potenciar el emprendimiento y la innovación desde lo público y lo privado; la defensa del agua como motor de riqueza y empleo, así como una discriminación fiscal positiva y la reforma urgente del sistema de financiación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Todo ello ofreciendo "una visión positiva" del medio rural.

Y si para Ortega la firma de este pacto "no es la meta, sino la salida", para la presidenta de la FEMP-CLM, Agustina García Élez, se trata de "coger el toro por los cuernos" y "poner en la agenda política lo que nos preocupa a muchísimos municipios".

Así considera que para afrontar la lucha contra la despoblación lo primero es conseguir una financiación justa, "que se acomode a lo que cada municipio necesita".

Ha reclamado así una financiación acorde a los servicios que se prestan, pero también garantizar el derecho al agua, a las comunicaciones; que la brecha digital no sea una nueva desigualdad en el medio rural; plantear medidas en política de vivienda para que la gente "no se vaya", así como promover la prestación agrupada de servicios.

Por su parte el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, realizaba un llamamiento a "no resignarse", a seguir luchando y combatiendo contra la despoblación, de modo que la gente "pueda vivir donde desea" sin que le falten por ello infraestructuras, servicios públicos y calidad de vida.

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