miércoles 29.01.2020
CORTES REGIONALES

La ley de Participación de Castilla-La Mancha sale adelante sin el 'toque' de Podemos

  • Tras los cambios experimentados en su paso por comisión, como la supresión del Observatorio Ciudadano que planteaba la formación morada, la nueva norma ha recibido el voto a favor de toda la Cámara.
  • Ciudadanos había amagado con abstenerse si no se aceptaban sus enmiendas, pero finalmente votaba solo en contra de los artículos enmendados y a favor del resto del articulado.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto a su vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, durante el Pleno. PeriódicoCLM
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto a su vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, durante el Pleno. PeriódicoCLM

TOLEDO.- Unanimidad en las Cortes para aprobar el proyecto de ley de Participación de Castilla-La Mancha, entre cuyos objetivos se encuentra garantizar el derecho de la ciudadanía a participar activamente en los asuntos públicos.

Una ley impulsada por Podemos durante la anterior legislatura y que ha visto la luz finalmente en el Pleno celebrado el pasado jueves, ya con la formación morada fuera de la Cámara después de quedarse sin representación parlamentaria tras los últimos comicios autonómicos.

Así pues, PSOE, PP y Ciudadanos aprobaban con sus votos esta norma, con la que también se pretende crear las condiciones necesarias para facilitar y garantizar la participación ciudadana en el marco institucional, con el fin de colaborar en los proyectos normativos, planes o programas que impulse la Administración regional.

Cabe recordar que el proyecto de ley recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno el pasado 14 de mayo, ya con la IX Legislatura prácticamente acabada y sin tiempo material de seguir con su tramitación parlamentaria.

De esta manera llegaba al Pleno del jueves el proyecto de ley, aunque en su paso por comisión experimentaba algunos cambios, como la supresión del Observatorio Ciudadano que planteaba la formación morada.

Aunque Ciudadanos había anunciado que se abstendría en la votación si no se aprobaban sus once enmiendas parciales que llegaban vivas al pleno ‑de las cuales diez han sido rechazadas con el voto del PSOE y la abstención del PP, mientras que otra era transada por unanimidad suprimiendo así la creación de unidades de Participación en las consejerías‑, finalmente votaba solo en contra de los artículos enmendados y a favor del resto del articulado y de la exposición de motivos, con lo que se considera que la ley de Participación se aprobaba por unanimidad.

El vicepresidente del Ejecutivo autonómico, el socialista José Luis Martínez Guijarro, defendía durante su intervención en el pleno esta ley, "un ejemplo de diálogo entre el Gobierno y el conjunto de la sociedad".

Recordaba así que esta norma fue elaborada durante la pasada legislatura con una amplia participación de la sociedad civil ya que se abrieron procesos específicos para ello y ha contado con aportaciones de todos los grupos parlamentarios que se han traducido en el "amplio apoyo" con el que llegaba el texto a este pleno.

En este sentido, aseguraba que los ciudadanos hoy "quieren y deben implicarse" en la toma de decisiones de las políticas públicas, normas y planes que les afectan. De ahí la importancia de esta norma que tiene por objeto regular ese derecho de la ciudadanía a participar en la gestión pública, "propiciando el diálogo permanente con la Administración regional".

Martínez Guijarro recordaba que ya existen procedimientos de participación a través de órganos colegiados en varios ámbitos y que seguirán siendo válidos, al tiempo que ha señalado que también se han puesto en marcha los Consejos de Gobierno abiertos e itinerantes para fomentarla.

Sin embargo, añadía, las nuevas tecnologías aconsejan nuevos canales, como el portal de participación ciudadana, a la vez que ha subrayado que la norma recoge diversos instrumentos de participación, como foros, recogida de datos mediante cuestionarios, sondeos o encuestas; reuniones de contraste experto o ponencias.

Esta nueva norma contempla diversas medidas orientadas tanto a la participación individual como a la institucional. Respecto a la primera, la ley establece que con un mínimo de 3.000 firmas para que los ciudadanos puedan poner en marcha procesos; para el seguimiento y evaluación de políticas públicas y para la elaboración de normas de carácter general.

En lo que se refiere a la participación institucional, la norma fomenta la intervención y colaboración de las organizaciones y asociaciones sindicales y empresariales más representativas, en materias que les son propias, en el seno de la Administración regional.

En la misma línea, la portavoz del grupo socialista y ponente del dictamen, Ana Isabel Abengózar, defendía que esta ley es "un paso más en la ampliación de derechos y en el modelo de democracia participativa".

Cuatro títulos, 37 artículos, siete disposiciones adicionales y dos finales componen esta norma que contará con un Plan de Participación anual que informe de lo que pretenden llevar a cabo las distintas consejerías y que, según Abengózar, da respuesta a las demandas de una ciudadanía "cada vez más informada y activa".

Por su parte, el diputado del PP Vicente Aroca resaltaba el "trabajo, consenso y diálogo" que hubo en la comisión previa, en la que todos los grupos parlamentarios hicieron sus aportaciones para mejorar el texto.

Aroca, quien recordaba que esta ley se impulsó en la anterior legislatura, cuando el PSOE gobernaba con Podemos, explicaba que ha tenido "varios borradores y modificaciones" hasta llegar al texto actual y ha resaltado que el apoyo del PP, no es un voto a favor del Gobierno regional, sino "a favor de la democracia participativa".

Precisamente, el parlamentario de Ciudadanos David Muñoz incidía en que era un proyecto de ley "con la marca de Podemos", aunque reconocía que se ha hecho "un buen trabajo" en la comisión previa para eliminar "ciertas partes", como duplicidades administrativas o estructuras "politizadas y costosas".

Muñoz consideraba además, que "se solapa con otras leyes" y que la norma es "mucho menos ambiciosa de lo que podría haber sido".

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