viernes 19.07.2019

Sánchez lleva al Constitucional la ley castellano-manchega de caza y Podemos trata de enmendarla

  • El Gobierno presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa regional por una cuestión técnica relacionada con las infraestructuras del Estado y su responsabilidad patrimonial en relación con las plagas de conejos.
  • La formación morada también trata de modificar la ley, pero en relación a la edad mínima para poder ejercer la actividad cinegética. Piden que se atienda la sugerencia del Defensor del Pueblo y se eleve de los 14 años actuales a los 16.
Emiliano García-Page, en el Palacio de Fuensalida, durante el anuncio del recurso presentado por el Gobierno contra la ley regional de caza. Foto: Ignacio López
Emiliano García-Page, en el Palacio de Fuensalida, durante el anuncio del recurso presentado por el Gobierno contra la ley regional de caza. Foto: Ignacio López

TOLEDO.- La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha recibido hoy la comunicación del recurso planteado por el Gobierno central contra la Ley de Caza aprobada el pasado 15 de marzo. Un texto con el que se venía a modificar la anterior legislación aprobada tres años antes, en solitario y generando enorme polémica por parte del Ejecutivo presidido por María Dolores de Cospedal.

Así pues, según se ha conocido este jueves, el Gobierno de Pedro Sánchez ordenaba el pasado 21 de diciembre plantear un recurso de constitucionalidad contra un artículo de esta ley, con la que se modificaba la anterior norma aprobada en 2015, así como otras de carácter ambiental y fiscal.

Un recurso que desde el Ejecutivo castellano‑manchego aseguran no hace referencia ni a la filosofía del texto ni al fondo del mismo, sino que responde a una cuestión técnica.

Así lo ha subrayado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante una comparecencia ante más de cincuenta medios de comunicación de la región en Toledo. No duda en que habrá quien aproveche para hacer "demagogia" a raíz de este recurso, al responder éste a una cuestión técnica que puede "llevar a confusión".

García-Page apuntaba que se trata de un aspecto técnico, relacionado con las infraestructuras del Estado y la responsabilidad patrimonial del mismo en relación con las plagas de conejos. Una cuestión meramente técnica pero que, sin embargo, puede generar confusión, según el presidente regional.

En concreto, este recurso de inconstitucionalidad hace referencia al artículo 8 de la ley de Caza de Castilla-La Mancha, relativo a la responsabilidad por los daños causados por especies cinegéticas. Un artículo que establece que "la responsabilidad de la indemnización por los daños agrícolas, forestales o ganaderos producidos por especies cinegéticas provenientes de zonas de seguridad motivadas por la existencia de autopistas, autovías, líneas férreas o infraestructuras hidráulicas, será del titular de la infraestructura. Dicho titular será, además, el responsable de controlar en la zona de seguridad las especies cinegéticas que provoquen este tipo de daños".

Responsabilidades que desde el Gobierno de Sánchez consideran que van contra lo establecido en la Carta Magna, y de ahí el recurso planteado ante el Tribunal Constitucional contra la norma autonómica.

El presidente del Ejecutivo castellano-manchego ha defendido no obstante una ley que es de las más avanzadas del país en esta materia, y ha adelantado la puesta en marcha por parte de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de una "macrocampaña" de apoyo al sector cinegético, puesto que no se va a permitir que haya una "contracultura" contra él.

En este sentido, García-Page ha destacado que no es partidario de que se pueda "prohibir o vetar" en este país, y especialmente cuestiones que están contempladas constitucionalmente.

PODEMOS QUIERE MODIFICAR LA LEY

Tan solo un día antes de que el Gobierno de España trasladase a la Junta que sigue adelante con el recurso de inconstitucionalidad planteado contra la ley de Caza, desde el Grupo Parlamentario Podemos se registraba en las Cortes regionales una proposición de ley para modificarla.

Una propuesta, planteada a iniciativa del colectivo castellano-manchego Proanimal y de la asociación albaceteña Dejando Huella, con la que se pretenden enmendar los preceptos del texto consolidado de la norma que hacen referencia a la edad mínima para poder ejercer la actividad de la caza en Castilla-La Mancha, con el objeto de elevarla de los 14 años fijados actualmente a los 16, conforme a las consideraciones realizadas por el Defensor del Pueblo a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno regional.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, Proanimal volvía a instar al Gobierno regional a posicionarse de forma rotunda contra la práctica de la caza por parte de menores y elevar la edad mínima permitida para ello, protegiendo así física y moralmente a los menores.

Petición que realizaban tras haber recibido el respaldo del Defensor del Pueblo al considerar éste que mantener la edad mínima en los 14 años supone un riesgo objetivo para los menores, y ante el que debe primar "el interés de su protección". Un interés que "aconsejaría una mayor edad para el ejercicio de la caza", tal y como señalaba expresamente el Defensor del Pueblo en la respuesta a la queja planteada por el colectivo animalista, que le solicitaba interponer un recurso de inconstitucionalidad a la ley de Caza.

Inconstitucionalidad que no vio el Defensor del Pueblo, quien sí se dirigió al Ejecutivo autonómico para sugerirle la posibilidad de elevar la edad mínima exigida para poder cazar, ante la existencia del riesgo que supone "la simple posibilidad de que un menor de edad pueda usar un arma", aunque vaya acompañado de un adulto, y la necesaria protección de los menores.

Un recurso que no llegó a plantearse contra una ley que ahora sí se encuentra con otro recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo central, aunque en este caso no por la edad mínima permitida para cazar, sino por las responsabilidades derivadas de las especies cinegéticas procedentes de zonas de seguridad.

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