Martes 21.05.2019
CASTILLA-LA MANCHA

La Junta compara la ley de Podemos contra las tierras raras con la declaración de independencia catalana

  • El portavoz de Emiliano García-Page, Nacho Hernando, amenaza con llevar a la Mesa de las Cortes ante el Constitucional si no reconsidera su decisión de tramitar este texto normativo y acepta el veto presupuestario del Gobierno.
  • Equipara esta situación con "la vía Puigdemont" debido a que se han desatendido informes del letrado, por lo que desde la formación morada se preguntan si el Ejecutivo regional "pedirá también que nos encarcelen".
El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, momentos antes de comparecer ante los medios de comunicación. Foto: Ignacio López
El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, momentos antes de comparecer ante los medios de comunicación. Foto: Ignacio López

TOLEDO.- La polémica suscitada en torno a la proposición de ley de Podemos contra la minería de tierras raras, con su veto inicial del Gobierno regional y la posterior rectificación de la Mesa de las Cortes al mismo ‑después de haberlo aceptado en primera instancia‑, sigue agitando el panorama político regional, después de que el portavoz del Gobierno de Emiliano García‑Page, Nacho Hernando, haya situado al mismo nivel la decisión del máximo órgano de la Cámara de seguir tramitando este texto normativo y la declaración de independencia votada en el Parlamento catalán.

Así lo ha señalado este miércoles durante la rueda de prensa que ofrecía en Toledo. Preguntado por este asunto, se ha referido al mismo como una decisión "sin precedentes" y de "manera unilateral" adoptada por los miembros de la Mesa que cambiaron su posición respecto al veto del Gobierno, apuntando que al final "resulta que los unilaterales no son solamente los catalanes", sino también "el PP de Castilla-La Mancha y alguno de Podemos ‑en alusión al diputado David Llorente‑" que han vulnerado así los derechos del Consejo de Gobierno, que vetó la tramitación de la ley por motivos presupuestarios.

Una decisión que desde la Junta invitan a reconsiderar "por su bien", ya que de no hacerlo, esa práctica podría acarrearles una denuncia ante el Tribunal Constitucional.

En este sentido, Hernando ha defendido que antes de tener que judicializar un asunto se apela a la responsabilidad política y a reconsiderar una decisión tomada, además "en contra de la opinión de los letrados".

Un informe del que el portavoz del Gobierno ha leído diversos fragmentos, en los que se reconocería la facultad del Consejo de Gobierno de manifestar su disconformidad en la tramitación de la proposición de ley. Algo que se habría hecho "dentro del plazo establecido" y adjuntando una motivación que "la Mesa ha considerado expresa, suficiente y no arbitraria". Circunstancias todas ellas, continúa el informe, que hacen que "la Mesa no pueda sustituir al Gobierno en el ejercicio de la facultad constitucionalmente atribuida y reglamentariamente reconocida".

Asimismo, señala que desde el Consejo de Gobierno se respondió "conforme a los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional, cuantificando en una determinada cantidad el impacto que la proposición de ley tenía en el presupuesto en vigor de 2018". De este modo, al estar "razonable y suficientemente fundado" el criterio del Gobierno, "la Mesa en ejercicio de su control de menor intensidad no podría ir más allá del mismo, debiéndolo aceptar".

Es en ese marco en el que desde el Ejecutivo regional se sitúa la petición de reconsideración que se ha planteado a la Mesa de las Cortes respecto a su decisión del pasado 15 de febrero. Algo que "no sé si está recogido en algún reglamento", reconocía el portavoz del Gobierno en referencia a las acusaciones de Llorente sobre que el Gobierno no puede recurrir esta decisión, aunque Hernando precisaba que sí lo está "en la ley y en la doctrina del Tribunal Constitucional" el hecho de que "si no dan un paso atrás en lo que han hecho" a lo que se exponen es a una denuncia.

Es lo que sucede, según Hernando, cuando los letrados de las Cortes "te dice que sobre lo que estás haciendo ya hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que te quita la razón, y aún así por cabezonería, por interés político, por pinza, por irresponsabilidad, por mala praxis o por vulneración de derechos, haces lo que te sale de las narices".

A pesar de ello, desde el Gobierno "queriendo ser parte de la solución y no del problema" se les invita a "reconsiderar su decisión", como paso previo a tener que judicializar el asunto "para que en tres años nos den la razón".

Para Hernando tener que llegar a ese extremo "es una tontería"  y por ello considera mejor que "hagan las cosas bien", como han dicho los letrados de las Cortes, "que son los expertos en esta materia".

Una situación que el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha no ha dudado en situar al mismo nivel que lo ocurrido en el Parlamento catalán cuando sus letrados "dijeron que no se podía votar la independencia". Se trata, continuaba, de "una resolución de los letrados que dicen que no se puede hacer una cosa que van a hacer, y aún así se la saltan a la torera por motivos exclusivamente políticos y personales".

Una comparación a la que no se hacían esperar las reacciones a través de las redes sociales, entre ellas la del portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, quien considera que "el delirio del Gobierno de Page no tiene límites" al comparar la ley de minería de tierras raras con la independencia de Cataluña. Así, se ha preguntado si "pedirán también que nos encarcelen por defender nuestra tierra frente a la minería especulativa".

Por su parte Hernando, considera que "lo normal" es que los miembros de la Mesa "rectifiquen en los próximos días". Un cambio para el que ha evitado poner fecha, porque "no es cuestión de fechas ni de ultimátums" ha precisado, sino "de sentido común, de responsabilidad". Y es que a su juicio dos son las opciones que tienen: "tomar la vía Puigdemont o la vía constitucional", siendo esta última la que "en cualquiera de los casos da la razón al Gobierno de Castilla-La Mancha".

En este sentido, ha recomendado a los miembros de la Mesa que "por su bien" reconsideren su decisión sobre algo que hicieron "de manera torticera y en contra de la opinión legal".

LOS "ESCUDOS HUMANOS" DE PODEMOS

Por otra parte, y respecto al futuro de la ley estrella de Podemos ‑la de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas‑, el portavoz del Ejecutivo ha señalado que la única diferencia para el usuario entre su aprobación o no únicamente será "que puedan imprimirse la ley del Diario Oficial de Castilla-La Mancha o no". Y es que según Hernando "lo único que vendría a blindar es lo que ya hemos puesto en marcha", de modo que si alguien llegara al Gobierno "con la idea de volver a recortar" encontrara al menos la dificultad de tener que derogar una ley.

Es por ello que insiste en que el Gobierno está siendo "responsable" en su actitud respecto a la tramitación parlamentaria de esta ley, ya que "no cede al chantaje" sabiendo que "no se perjudica a ninguna persona, porque ya están protegidas por aquellas medidas que el Gobierno ha puesto en marcha a través de resoluciones, decretos y otro tipo de programas". Medidas todas ellas que -reconoce- se podrían "maquetar" en una ley, lo cual no lleva implícita ninguna prestación, ayuda o subvención más que las ya establecidas.

Un blindaje al que están dispuestos, "pero no de cualquier manera", al tener claro que debe hacerse "sin chantajes ni poner escudos de por medio".

Y es que en su opinión esto es lo que se está haciendo precisamente desde Podemos con sus últimas iniciativas. Entre ellas señalaba a modo de ejemplo la proposición de ley en defensa de los derechos de las personas LGTBI, registrada hace unos días en las Cortes por la presidenta del grupo parlamentario Podemos, María Díaz, acompañada de diversos miembros de colectivos y asociaciones, o la que tienen previsto presentar desde la formación morada "en clave de Memoria Histórica".

Iniciativas ante las que desde el Gobierno dejan claro a Podemos que "no puede poner a esas personas como rehén, ni como escudo ni como chantaje". Para Hernando lo que hace la formación morada "no es apoyar los derechos de esas personas", sino "apoyarse en esas personas para intentar ejercer presión".

Chantajes a los que no se presta "ningún gobierno digno", como tampoco "a ese tipo de negociaciones en las que se intenta poner escudos humanos". Algo que el Ejecutivo de García-Page no acepta por cuestión de principios: "No se puede negociar con aquellos que en lugar de apoyar a las personas se apoyan en ellas", ha sentenciado.

También hacía referencia a las mociones que a nivel local se están planteando desde la formación morada en los ayuntamientos de la región, instando a apoyar la aprobación de la ley de garantías por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Algo que "no tiene ningún valor real ni político ni jurídico", ha precisado. Su resultado "tendrá mucho más que ver con las dinámicas locales que con cualquier debate que se produzca a nivel regional en las Cortes", subrayaba Hernando, para quien "el único buen resultado" puede ser "que Podemos asuma toda la agenda legislativa".

Recordaba así a los responsables de la formación morada que en un gobierno en el que están dos sensibilidades distintas, las leyes "no pueden ser a la carta" y por ello "tienen que asumir toda la agenda legislativa o no asumir ninguna".

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