viernes 15.11.2019
ELECCIONES 10N

El nuevo presidente (o no) y su papel en el futuro castellanomanchego

La región encara las elecciones del 10 de noviembre con una amplia bolsa de indecisos y perspectiva incierta a tenor de las distintas encuestas conocidas. Analizamos los principales retos a los que tendrá que hacer frente la Junta de Comunidades con el próximo jefe del Gobierno central.

Los candidatos Pablo Casado (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos), instantes antes del debate electoral para el 10N. EFE/Archivo
Los candidatos Pablo Casado (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos), instantes antes del debate electoral para el 10N. EFE/Archivo

El próximo domingo 10 de noviembre, los castellanomanchegos estamos invitados, por decimocuarta vez en la democracia, a ir a votar a nuestros colegios para decidir el futuro del país en unas elecciones generales. En Castilla-La Mancha pueden ejercer su derecho al voto 1.573.256 personas, que van a elegir, en las cinco provincias de la región, a los representantes que ocuparán los veintiún escaños que esta tierra dispone en el Congreso de los Diputados.

Cabe recordar que en las elecciones generales de abril, el PSOE consiguió nueve diputados en la Cámara Baja, el PP seis, Ciudadanos cuatro y Vox obtuvo dos parlamentarios.

Ahora, a tenor de las distintas encuestas conocidas, el resultado de cara al 10N es bastante incierto, sobre todo porque existe una amplia bolsa de indecisos. Es este un tiempo en el que la ciencia política está señalando que los electores deciden cada vez más tarde su voto y donde ahora, más que nunca, las campañas electorales, sí que cuentan.

En ese contexto, nuestra región, con el renovado Gobierno autonómico de Emiliano García‑Page, se enfrenta a distintos retos, actuaciones y cuestiones que tienen que ver con el resultado del domingo 10 de noviembre, donde una mayoría socialista en las Cortes Generales parece que facilitará su labor al frente de la Junta de Comunidades. Desde PeriódicoCLM proponemos una pequeña reflexión sobre algunos de los desafíos a los que tendrá que hacer frente el Ejecutivo regional y el nuevo (o no) presidente de España tras las elecciones generales.

LA CONVERSIÓN DE LA N-430 EN AUTOVÍA

La primera de las grandes incógnitas es la conversión en autovía de la N-430, lo que hace preciso llegar a soluciones de consenso que satisfagan a los territorios extremeños y castellanomanchegos involucrados en la definición del nuevo trazado de la A-43.

Otra parte de la población apuesta por una solución  distinta, donde  Puertollano y otros municipios de la región puedan beneficiarse de ese recorrido. La carretera es de ámbito estatal, por lo que será el Gobierno de España el que decidirá el proyecto.

ATC Y FUTURO NUCLEAR DE LA REGIÓN

El Gobierno de García-Page apuesta decididamente por la no instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad conquense de Villar de Cañas, y, en su lugar, ultima un proyecto de energías limpias.

El Ejecutivo nacional de Pedro Sánchez se comprometió recientemente a estudiar, junto a la Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha, este proyecto en varias zonas de la región, con especial interés en el entorno de Villar de Cañas.

Sin embargo, la construcción del cementerio radiactivo es, en última instancia, competencia del Estado, por lo que las próximas elecciones generales pueden dar lugar a un gobierno que decida reactivar la polémica instalación en nuestra región, teniendo en cuenta, además, que este municipio de la provincia de Cuenca ‑gobernado por el Partido Popular‑ sigue apoyando el proyecto y que la dirección regional de los conservadores se ha manifestado claramente a favor del mismo durante esta campaña.

TRASVASE TAJOSEGURA

La política de agua es uno de los problemas políticos de mayor fuerza. Sin duda, la guerra dialéctica en este ámbito entre distintas Comunidades Autónomas no es baladí.

Parece claro que la gestión del agua, las depuradoras, las tipologías de cultivo o la reserva de caudal mínimo en Tajo y los distintos embalses de cabecera del río van a variar en función de la visión política del Gobierno central, donde el bloque progresista se muestra favorable al conservacionismo medioambiental de la zona, frente a unas derechas que nunca han abandonado su postura favorable a la explotación hídrica.

García‑Page tendrá que lidiar toda la legislatura con esta piedra en el zapato, con un asunto que no tiene una solución fácil, rápida y menos que contente a todos.

FINALIZAR LA DESCENTRALIZACIÓN

La visión de Castilla-La Mancha difiere bastante de la de otras Comunidades Autónomas en relación al interés o prioridad sobre las distintas competencias que la administración regional debe gestionar.

A diferencia de otros territorios, el castellanomanchego parece lejos de demandar, por ejemplo, una policía autonómica, aunque sí tiene interés en la transferencia de los parques nacionales de las Tablas de Daimiel y Cabañeros.

La gestión ambiental de la región y la capacidad ecoturística de estos emplazamientos invitan a que estas transferencias estén lo antes posible en el discurso del Gobierno regional.

De igual manera, hay otras competencias que interesan, como la gestión de los juzgados, de la Inspección de Trabajo, prisiones y  determinadas partidas de gastos en formación continua.

NUEVO MARCO DE CONVIVENCIA

Por último, queremos referirnos a la cuestión competencial y el desarrollo del autogobierno. Nuestra región no debe dejar de avanzar en dotarse de instrumentos que mejoren su democracia y libertades.

Castilla-La Mancha necesita un nuevo Estatuto de Autonomía que adecue las competencias a una situación similar a la del resto de regiones, y que, por otro lado, modifique determinadas estructuras e instituciones.

La actual ley electoral regional recoge en su artículo 16 que las Cortes autonómicas están formadas por 33 diputados. Igual que la ley estatal que regula los procesos electorales (LOREG), establece un reparto mínimo de escaños por igual entre las cinco provincias, asignando tres escaños a cada una de las cinco circunscripciones castellanomanchegas, más la parte proporcional a su población que le corresponda de los 18 restantes. Pero para entrar en la distribución de escaños la ley electoral establece que es necesario haber obtenido al menos el 3 por ciento de los votos válidos emitidos en la circunscripción.

Castilla-La Mancha es la comunidad que tiene un menor número de diputados autonómicos frente, por ejemplo, a los 84 diputados, de Castilla y León y los 75 de Galicia y País Vasco, lo que no favorece la pluralidad en nuestra región.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abierto la puerta a acordar una reforma de la ley electoral para subir el número de parlamentarios a elegir al máximo que permite el actual Estatuto de Autonomía, que es de 35. Pero si quisiera ir más allá en la ampliación de diputados tendría que sacar adelante un nuevo Estatuto, algo que dependerá de la composición del Congreso de los Diputados tras las elecciones del 10N.

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