Domingo, 22 de Julio de 2018 Actualizado: 12:48 h.

NUEVA LEY

Castilla-La Mancha implantará una asignatura obligatoria sobre prevención de violencia machista

El Gobierno de Emiliano García‑Page da luz verde al proyecto de Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, en el que la Educación juega un papel destacado en la lucha por la igualdad. El texto se remitirá ahora a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

Rueda de prensa de Araceli Martínez, directora del Instituto de la Mujer. Foto: J.R.M.
Rueda de prensa de Araceli Martínez, directora del Instituto de la Mujer. Foto: J.R.M.

TOLEDO.- El proyecto de Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género de Castilla-La Mancha ha recibido este martes el visto bueno del Consejo de Gobierno. Una norma que pone el foco en la prevención y que, entre otras medidas que la sitúan como la más avanzada en Europa en la materia, contempla la implantación de una asignatura obligatoria sobre igualdad y prevención de violencia machista

Materia que ya se ha impartido de forma experimental en cuarenta centros de la región con una valoración "muy positiva", y que en el plazo de dos años a contar desde la aprobación en las Cortes regionales de la nueva ley, se extenderá a todos los centros castellano-manchegos. 

Así lo ha señalado la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, quien ha subrayado la relevancia que debe tener la Educación en este ámbito, implicando a través de ella a toda la sociedad. 

Y es que, ha recordado, los avances hacia la igualdad corresponden al conjunto de la sociedad, también a los hombres, por lo que se aboga por "modelos de masculinidad que rompan con la masculinidad hegemónica y machista con la que nos hemos socializado". 

En este sentido, la viceconsejera ha recordado que organizaciones como Amnistía Internacional y Save the Children son favorables a la implantación de asignaturas con contenidos curriculares "contundentes" sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género, así como una educación afectivo sexual basada "en la igualdad y la responsabilidad". 

Este nuevo proyecto de ley recoge "la esencia" de las demandas de la sociedad para dar una respuesta "articulada" y "contundente" al problema, para lo cual además de acompasarse con la legislación internacional, ampliando el concepto de violencia de género desde el ámbito de la pareja y la expareja al que hasta ahora se había circunscrito, a la violencia sexual, la trata, el comercio sexual y la mutilación genital femenina. 

Una nueva ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género con la que Castilla‑La Mancha vuelve a marcar el camino contra la violencia machista, en la que se extiende el radio de acción de la normativa ya existente, incrementando las ayudas para hijos, huérfanos y mujeres víctimas de maltrato, pero además reconociendo por primera vez el carácter de víctimas de violencia de género a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas. 

Una atención a las víctimas que también se amplía a otros familiares, puesto que en el marco de esta nueva ley se contempla que, en caso de homicidio o asesinato de mujeres cometidos por razón de género, se prestará asistencia psicológica y jurídica a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad de la víctima. 

Asimismo, en el marco de esta nueva ley se establece que la Junta castellano‑manchega ejercerá la acción popular y solicitará la privación de la patria potestad al acusado cuando existieran menores en común con la víctima. 

A todas estas medidas, se unen las becas 'Leonor Serrano Pablo' dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género, destinadas a la realización de estudios superiores y que, también desde este año, son extensibles a sus hijas e hijos. 

Medidas que buena parte de ellas ya se encuentran en marcha y están aseguradas desde el punto de vista presupuestario, tal y como ha subrayado la directora del Instituto de la Mujer, quien ha concretado que una vez que se apruebe la ley por las Cortes también lo estarán las ayudas a los huérfanos por violencia de género, así como la creación de un órgano de vigilancia para garantizar el cumplimiento de esta ley. 

El paso previo deberá ser la aprobación del texto normativo en el Parlamento regional, trámite en el que desde el Gobierno se confía en contar con la unanimidad de los grupos políticos. En este sentido, Araceli Martínez ha recordado que "tras los acontecimientos de las últimas semanas, los poderes públicos estamos en la obligación de actuar con contundencia", y por ello confía que "en coherencia" con lo ocurrido en el Consejo Regional de la Mujer, la ley se apruebe por unanimidad. 

Y es que, incide la directora del Instituto de la Mujer, se trata de una norma "muy participada", a la que se han realizado numerosas aportaciones que han sido recogidas en el texto, tratando así de ofrecer respuesta a las demandas de la sociedad en esta materia. 

Cabe recordar que Castilla-La Mancha ya fue pionera en el año 2001 con la aprobación de la primera ley contra la violencia de género en España y en Europa. Una ley que el entonces presidente regional, José Bono, definió como "comprometida, urgente y valiente", necesaria para combatir "una forma de terrorismo" que además suponía "una flagrante violación de los derechos humanos".

Una norma con la que entonces el PP discrepó al mantenerse entre sus medidas la publicidad de los nombres de los agresores. Algo que para el entonces presidente del Partido Popular a nivel regional, Agustín Conde, ponía de manifiesto la "soberbia" del jefe del Ejecutivo autonómico. Al margen de esta medida, los populares también criticaron que en la pionera norma no se profundizara en las medidas educativas necesarias para impulsar la transformación cultural que evitase la violencia de género. 

Una ley de Prevención de Malos Tratos y de Protección a Mujeres Maltratadas de Castilla-La Mancha que contemplaba medidas inéditas hasta entonces, como la asistencia jurídica gratuita a mujeres maltratadas, la facultad de la Junta de Comunidades de ejercer la acción popular en los procedimientos por violencia doméstica y la creación de una red regional de casas de acogida y centros de la mujer. Asimismo se establecía el acceso prioritario a la adjudicación de viviendas de promoción pública y subvenciones especiales para los empresarios que contratasen de forma indefinida a las víctimas de malos tratos. 

Medidas todas ellas que sirvieron de pauta para otras muchas legislaciones en el ámbito nacional y europeo, sobre las que ahora se da un paso más y ampliando conceptos y alcance normativo, contra un problema que casi 20 años después, sigue siendo una lacra social.