Lunes 10.12.2018
CASTILLA-LA MANCHA

Nueve consejeros de Podemos piden la dimisión de su secretaria de Organización por irregularidades y abusos

A través de una carta, estos miembros del máximo órgano de decisión de la formación morada castellano-manchega han hecho públicas numerosas anomalías de María Díaz en su gestión, por lo que exigen que sea relevada del cargo.

María Díaz, secretaria de Organización de Podemos en Castilla-La Mancha, junto a la carta firmada por nueve dirigentes regionales que exigen su dimisión. PeriódicoCLM
María Díaz, secretaria de Organización de Podemos en Castilla-La Mancha, junto a la carta firmada por nueve dirigentes regionales que exigen su dimisión. PeriódicoCLM

TOLEDO.- Nueve miembros del Consejo Ciudadano de Podemos en Castilla-La Mancha ‑María del Carmen Usero, Cristina Cancho, Fernando Barredo, Laura Lorrio y Ana María Ortega, entre otros‑ se han dirigido a este órgano para exigir "la inmediata dimisión" de la secretaria de Organización autonómica, María Díaz, tras haber detectado "numerosas irregularidades" en su gestión y al haber agotado, según denuncian, todas las vías internas para resolverlas.

Así lo recogen en un escrito que proponen someter a votación, siendo válido el resultado que mayor número de votos obtenga en mayoría simple, y en el que además de la dimisión de Díaz, reclaman que sea sustituida por una consejera o consejero que "pueda atender debidamente las necesidades organizativas" del partido morado castellano-manchego.

Aseguran que la "extensa" lista de anomalías detectadas en la labor de Díaz como secretaria de Organización es la que les lleva a presentar este escrito, en el que detallan algunos de los "incidentes y carencias".

De este modo, hacen referencia en primer lugar a las "irregularidades" detectadas en el funcionamiento del Consejo Ciudadano Autonómico. Manifiestan así su "profundo desacuerdo" con el "quebrantamiento de los reglamentos y los principios de Podemos" que suponen las candidaturas aprobadas para la segunda tanda de asambleas municipales de 2018, en la que se habrían vulnerado "múltiples" principios y procedimientos reglamentarios.

Entre ellas destacan la aprobación de todas las candidaturas preinscritas, a pesar de que de las veinticinco localidades en las que se abrió el proceso "solo cuatro cumplían las condiciones mínimas de cantidad de candidaturas y presencia de mujeres". Consideran que al incumplirse así el reglamento habría creado "una situación de inseguridad jurídica" para quienes podrían haber considerado presentar su candidatura y no lo hicieron por considerar que su ciudad no cumplía las condiciones.

No obstante, recuerdan que, según el reglamento, las excepciones deberían haber sido solicitadas por el Consejo Ciudadano Autonómico ("por tres quintos de sus miembros originales o por dos tercios de los miembros actuales"), acompañadas de un informe motivado, al Consejo de Coordinación Estatal, a través de la Secretaría de Organización, para que se pudiera llevar a cabo o prosiguiera la Asamblea Ciudadana Municipal. Un procedimiento que "no se ha seguido" en este caso, subrayan los consejeros firmantes del escrito.

Algo que consideran "tanto más grave" al afectar a uno de los principios fundamentales de Podemos, como es "la exigencia irrenunciable de paridad en los órganos y el fomento de la participación de las mujeres". Trabajo que no se ha realizado, llevando "a una situación de extrema debilidad en la base social del partido", sin fomentar "en modo alguno" esa participación de mujeres.

Incumplimiento del reglamento que viene precedido por otra irregularidad previa en la aprobación de la convocatoria de esta tanda de asambleas, puesto que se realizó -según denuncian- "mediante una votación en un chat de Telegram del Consejo Ciudadano Autonómico declarado 'no oficial' por el Consejo de Coordinación". Una votación en la que solo participaron 19 miembros del mismo, de la que no se facilitó su resultado ordenado ni se estableció si cumplía con el quórum necesario para su validez.

Cuestiones todas ellas que supusieron "saltarse" los protocolos establecidos y que prevén solicitar a la Secretaría de Organización Estatal la excepcionalidad en aquellos municipios que no cumplan con los criterios establecidos y a pesar de ello deseen elegir órganos internos.

Consideran que el no haber debatido este asunto en el Consejo Ciudadano, "ni de forma presencial ni virtual", junto al hecho de que no se aporten los datos de militancia, de inscritos e inscritas y los resultados electorales en base a los que tomar en consideración la propuesta, así como el hecho de que no se diera margen temporal para plantear más propuestas que la efectuada por la secretaria de Organización, "hace que todo el procedimiento sea manifiestamente nulo".

MANIPULACIÓN DE LA PREGUNTA

Irregularidades que tampoco son nuevas, puesto que es algo "habitual" en el funcionamiento del Consejo Ciudadano, en el que a lo largo de los últimos meses "se han dado situaciones semejantes en votaciones de asuntos como las memorias políticas de las municipales o la realización de consultas ciudadanas".

Respecto a estas últimas, las consejeras y consejeros que firman este escrito destacan la "manipulación" que se hizo de la votación previa a la consulta a personas inscritas realizada en julio de 2017, al someter a votación del Consejo Ciudadano, en una reunión extraordinaria celebrada el 19 de julio, la pregunta que se plantearía en la consulta. Una pregunta que, según detallan, se formuló como: "¿Estás de acuerdo con realizar una consulta abierta a los y las inscritas en Podemos CLM sobre la actual propuesta del Gobierno regional?", la cual fue aprobada por el Consejo Ciudadano y que "dista mucho" de la que realmente luego se trasladó a los inscritos: "¿Crees que Podemos Castilla-La Mancha debería votar sí a los presupuestos si con un acuerdo de gobierno se garantiza la puesta en marcha y el control de políticas propias como la Renta Garantizada o el Plan de Garantías Ciudadanas?".

Una pregunta, la aprobada, que no quedaba sin embargo registrada en el acta de la reunión publicada en la web del partido, pese a que una consejera en la siguiente reunión, celebrada el 2 de septiembre de 2017, "solicitó la inclusión de la pregunta". Una alegación a la que el Consejo Ciudadano votó favorablemente y que se ha seguido solicitando en posteriores reuniones, a pesar de la cual tanto el acta de esa reunión como de las posteriores, en las que debería quedar constancia de dichas alegaciones, no están publicadas en la web oficial del partido.

"Disfunciones" que estos consejeros aseguran llevar denunciando desde hace tiempo, aunque sin obtener "respuesta alguna" al respecto.

Pero no queda ahí la cosa, en su escrito, los consejeros detallan también otras de las "irregularidades" en asuntos que competen a la Secretaría de Organización Autonómica, al frente de la cual se encuentra María Díaz.

Entre ellas destacan la "expulsión de facto" del Consejo Ciudadano de uno de sus miembros, Fernando Barredo, "impidiendo durante meses su participación en base a un reglamento que todavía no había entrado en vigor". Una situación ante la que un grupo de consejeras solicitó a Díaz que se diese comienzo a un proceso de diálogo "con el fin de comprender y solucionar el conflicto generado", algo a lo que ella "hizo caso omiso".

Citan también como ejemplo el "desmantelamiento de hecho" del Consejo Ciudadano Autonómico. Un "supuesto" órgano de dirección política en la región, cuyas reuniones han estado "desprovistas de contenido y debate político", y que cuenta con "un número elevado de consejeros y consejeras que no ejercen como tales", los cuales, según los documentos aprobados por la Asamblea Ciudadana regional, "deberían haber sido sustituidos por los siguientes de la lista de primarias por dejación manifiesta de funciones y/o nula participación en los debates, abandono de las secretarías que les competen o falta de participación en las votaciones", precisan.

Junto a ello el reiterado incumplimiento del propio reglamento de funcionamiento del Consejo Ciudadano, ejemplo de lo cual es que la última acta que se publicó en la web es la de la reunión del 19 de julio de 2017.

Denuncian asimismo la ausencia total de documentación previa a las reuniones del Consejo, pese a las solicitudes al respecto, lo que hace que los consejeros carezcan de la información necesaria para atender sus obligaciones con garantías; o la adopción de medidas "improvisadas o poco justificadas", como por ejemplo la suspensión de forma unilateral por parte de la Secretaría de Organización de la reunión del Consejo Ciudadano prevista para el 8 de septiembre, argumentando que no habría quórum, pero sin ofrecer datos sobre las no asistencias confirmadas. Algo que ha dado lugar, apuntan, a que "se hayan sobrepasado los tres meses máximo que puede pasar el Consejo Ciudadano Autonómico sin reunirse".

A estas irregularidades en el funcionamiento del Consejo Ciudadano, suman la que consideran "deficiente labor de fortalecimiento de la organización". Consideran "desastrosa" la gestión llevada a cabo desde la Secretaría de Organización respecto a la presencia territorial de Podemos en Castilla-La Mancha.

Algo que refleja el hecho de que en la primera tanda de asambleas ciudadanas no hubiese presencia castellano-manchega, mientras que en la segunda son quince los que participan. Una situación que "contrasta vivamente" con la amplia presencia territorial que existía hace unos años, lo que demuestra el "nivel de abandono de los círculos y de la política de organización interna del partido", que ha sido "suplida absolutamente por el trabajo parlamentario".

ABUSO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL

Asimismo, denuncian el "abuso" de los mecanismos internos para tratar de controlar los resortes del partido, considerando uno de los episodios "más bochornosos" cuando "durante una sesión del Consejo, y en medio de un debate entre David Llorente, diputado de Podemos y portavoz en las Cortes regionales, y María Díaz, diputada y secretaria de Organización, esta última mostró inesperadamente una carta firmada por personal liberado (contratado sin procesos de selección previos)". Una carta cuyo contenido "no guardaba relación alguna con lo que se estaba debatiendo", precisan, y que "contenía acusaciones no justificadas ni probadas" de machismo contra Llorente.

Una carta cuyos firmantes "requerían discreción", a pesar de lo cual Díaz compartió el texto del escrito "en el chat de Telegram del Consejo Ciudadano Autonómico" -un cauce no oficial del partido- "violando de esta forma no solo la petición expresa de las personas firmantes, sino el derecho de defensa del citado diputado". Una "irresponsabilidad manifiesta" que presumiblemente está en el origen de la filtración, "al cabo de unas horas", de la carta a la prensa.

Una filtración a la que se sumarían las declaraciones realizadas tanto por el secretario general, José García Molina, como de la secretaria de Organización, manifestado "su falta de confianza en el diputado, poniéndose del lado de una de las partes de forma manifiesta y vulnerando la presunción de inocencia de su compañero de partido".

Los consejeros concluyen su escrito destacando que "el silencio sistemático" de Díaz ante cada uno de los requerimientos que se han llevado a cabo por parte de diferentes consejeros constituye, "además de una negligencia manifiesta, un maltrato constante para algunas de las personas que componemos el Consejo Ciudadano".

Por ello exigen la dimisión de María Díaz como secretaria de Organización de la formación morada a nivel regional, y su sustitución por otra consejera o consejero que disponga "del tiempo, la capacidad y las ganas de trabajar necesarias" para sacar adelante la organización del partido en la región.

Para ello, según precisan, hacen uso del artículo 9 del documento organizativo autonómico del partido relativo a las competencias del Consejo Ciudadano, al que corresponde, según el reglamento  "nombrar y sustituir a las y los responsables de las secretarías, áreas y equipos de trabajo regionales".

Escrito completo de los nueve consejeros de Podemos que exigen la dimisión de María Díaz

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