sábado 17.08.2019
LA NORMATIVA REGIONAL será MáS EXIGENTE QUE LA ESTATAL

Los altos cargos de Castilla-La Mancha, obligados por ley a publicar sus gastos

Además de poder ser cesados si incumplen esta legislación, el Ejecutivo que lidera Emiliano García-Page ha establecido sanciones que alcanzan los 1.200 euros.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha | Foto Archivo
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha | Foto Archivo

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al anteproyecto de la ley de Transparencia y Buen Gobierno que regula la actividad de los lobbies, amplía la condición de alto cargo a los asesores, que tendrán un control mayor, y fija sanciones que incluyen la posibilidad de cesar a altos cargos si incumplen la ley.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, ha explicado en rueda de prensa que, una vez aprobado el anteproyecto de la ley, ésta se enviará al Consejo Consultivo, que cuenta con un mes para pronunciarse, tras lo cual se aprobará el proyecto de ley y comenzará el trámite parlamentario.

La nueva normativa, ha señalado el portavoz, es "muy ambiciosa y exigente" e incorpora "numerosas novedades" que hacen que Castilla-La Mancha se sitúe "a la cabeza en cuanto al resto de comunidades autónomas".

En el bloque de transparencia, la ley incorpora aspectos no incluidos a nivel estatal, entre ellos, la obligatoriedad de publicar las relaciones de puestos de trabajo, los gastos de representación de los altos cargos, los gastos en publicidad o la relación de vehículos oficiales.

En el apartado de acceso a la información pública, la legislación permitirá que "los ciudadanos puedan solicitar cualquier documento que obre en la Administración regional", aunque con algunas limitaciones, y fijará el silencio administrativo positivo "a diferencia de lo que sucede a nivel estatal", ha destacado Hernando.

También amplía la condición de alto cargo a "todas aquellas personas con funciones efectivas de dirección en el ámbito del sector público regional, sea cual sea su situación o relación laboral con la Administración".

Todos ellos estarán obligados a cumplir un código ético que deberá redactarse antes de que se cumplan seis meses de la publicación de la ley y realizar una declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de buen gobierno.

Además, Hernando ha señalado que la ley regulará aspectos básicos relacionados con la publicidad activa, la información pública o el gobierno abierto, establecido además un régimen sancionador por incumplimiento de los deberes y obligaciones que se recogen en ella.

El texto establece sanciones desde los 600 euros a los 1.200 euros, según la gravedad de la infracción, y la posibilidad de cesar "durante un periodo de tiempo" a los altos cargos si no cumplen la normativa.

Castilla-La Mancha se blinda contra los ‘lobbies’

El portavoz de la Junta ha destacado que, gracias a esta ley, Castilla-La Mancha se convertirá en la segunda comunidad autónoma que regule los llamados 'lobbies' o grupos de interés, obligándoles a inscribirse en un registro e informar de cuáles son sus objetivos, las actividades que desempeñan o los encuentros que celebran para tal fin.

También se incluye la creación de varios órganos de control, que tendrán su base en las llamadas 'unidades de transparencia', que serán también las que conformen la Comisión Interdepartamental para la Transparencia, entre cuyas funciones está impulsar y coordinar la implementación de las medidas que se deriven de esta norma, planificar las que se han de seguir y realizar un seguimiento de su implantación.

Además, habrá una Oficina de Transparencia adscrita a la Vicepresidencia y un Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente vinculado a las Cortes de Castilla-La Mancha, que contará con dos órganos colegiados. En concreto, serán una comisión ejecutiva, cuya presidencia será elegida por las Cortes por mayoría de tres quintos, y una comisión consultiva, en la que estarán representadas las Cortes regionales, la Federación de Municipios y Provincias, la Universidad de Castilla-La Mancha y entidades representativas de diversos intereses colectivos.

"Una novedosa ley que se establece como el complemento necesario para garantizar la participación ciudadana a que anima nuestra norma estatutaria y su legislación de desarrollo, y al mismo tiempo, adaptar la norma básica estatal a nuestro ámbito territorial", ha aseverado Hernando.

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