lunes 18.11.2019
CASTILLA-LA MANCHA

El veto del Gobierno regional pone fin a la ley de Podemos contra la minería de tierras raras

El aumento de crédito presupuestario que supondría la implementación de esta norma medioambiental no tiene cabida en los presupuestos prorrogados para este 2019, según el informe en el que la Junta castellano‑manchega sostiene su negativa.

Manifestación de 2017 en la que participaron cientos de personas, junto a tractores, para rechazar la minería de tierras raras en el Campo de Montiel. Archivo
Manifestación de 2017 en la que participaron cientos de personas, junto a tractores, para rechazar la minería de tierras raras en el Campo de Montiel. Archivo

TOLEDO.- La "no conformidad" del Consejo de Gobierno pone fin a la tramitación de la proposición de ley de minería de tierras raras en Castilla-La Mancha impulsada desde el Grupo Parlamentario Podemos, y a través de la cual se pretendía limitar esta práctica en la región, como ya se hiciera con el 'fracking'.

Una iniciativa que registraba a mediados de diciembre el portavoz de esta formación en las Cortes, David Llorente, junto a miembros de la Plataforma 'Sí a la Tierra Viva', y que se ha encontrado con el veto del Ejecutivo regional que preside Emiliano García-Page ‑en coalición con el propio partido morado desde agosto de 2017‑, desde el que se considera que supondría "un aumento de crédito presupuestario" en el ejercicio 2019 para la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Así lo recoge el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha en su edición de este lunes, 28 de enero, en la que se especifica que esa "no conformidad" supondría un incremento presupuestario no contemplado en unos presupuestos prorrogados, no teniendo cabida la implementación del plan estratégico planteado en la proposición de ley presentada por Podemos.

Negativa del Gobierno autonómico que se sustenta en un informe firmado por el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo,  fechado el pasado 9 de enero, en el que se analiza el "esfuerzo presupuestario" que supondría implementar el plan estratégico sectorial por parte de la Consejería en un plazo máximo de dieciocho meses -tal y como establecía la proposición-, y que sería "similar" al que supuso el de elaboración del plan estratégico de la utilización de la fractura hidráulica.

Un plan éste, precisa el informe, que hasta el momento ha supuesto un desembolso de casi 120.000 euros destinados al análisis documental previo y a la elaboración de la propia planificación estratégica. A ello deberá sumarse posteriormente una evaluación estratégica que supondrá otros 18.150 euros.

Gastos que los presupuestos de 2019 de la Viceconsejería, una vez prorrogados los aprobados para el ejercicio 2018, no se contemplan, como tampoco los que supondría la aplicación de un nuevo trámite por parte del órgano ambiental para la revisión de riesgos ante cada solicitud de actividad de extracción de tierras raras, ni la "revisión por tercero independiente" que planteaba la proposición de ley sobre la suficiencia de las solvencias financiera, técnica y científica de la empresa y su proyecto.

En este sentido, cabe recordar que la proposición de ley de Podemos planteaba el establecimiento como requisito que las empresas extractivas deberían acreditar esa solvencia, "debiendo contar con suficientes recursos como atender las eventualidades y daños que pudieran surgir, debiendo establecerse en un 65% del presupuesto de actividad que pretenda acometer".

Pero, además de la falta de presupuesto, también se justifica la negativa a seguir con la tramitación de la proposición de ley al considerar que esta actividad ya cuenta con un amplio repertorio de normativa sectorial que la regula.

Consideraciones que se encuentran planteadas en el informe emitido por la Dirección General de Industria, Energía y Minería, el pasado 9 de enero, en el que se subraya que la minería de tierras raras "es una actividad muy regulada", al existir "un amplio elenco de normativa sectorial tanto básica estatal como autonómica que le es aplicable". Normativa en materia minera, de seguridad y salud, ambiental y de protección de la naturaleza "e incluso de protección del patrimonio", apuntan, de ahí que la consideren "una actividad controlada".

Respecto a la propia técnica minera utilizada para la explotación de tierras raras, precisa el informe que "no difiere de la utilizada en la explotación de otros recursos minerales".

Asimismo, se alude a la vigencia del Plan Estratégico de Recursos Minerales no Energéticos de Castilla-La Mancha Horizonte 2020, entre cuyos objetivos se encontraba garantizar el acceso a las materias primas y establecer las condiciones adecuadas en la región para potenciar un suministro sostenible de materias primas.

Un plan que, a pesar de que en el momento de su aprobación -en 2014- no habían aparecido posibilidades de explotación de ciertos recursos, como pueden ser las denominadas tierras raras, sigue afectando a cualquier recurso mineral con posibilidades de explotación en Castilla-La Mancha.

Un plan cuya vigencia temporal se extendía hasta 2020, recuerdan desde la Dirección General, y cuya próxima finalización ha llevado a iniciar los trabajos para la elaboración de una nueva planificación estratégica regional en el ámbito de la minería de recursos minerales no energéticos, para abordar y evaluar "de forma integral" todos los recursos susceptibles de explotación en Castilla-la Mancha en el horizonte 2030.

Informes que han llevado al Consejo de Gobierno a expresar su "no conformidad" con la iniciativa parlamentaria a través de un escrito que llegaba a la Mesa de las Cortes el pasado 24 de enero.

De este modo, y tras la negativa del Gobierno, la Mesa del Parlamento autonómico declaraba por concluida la tramitación de esta proposición de ley.

Legislación con la que se pretendía establecer medidas complementarias en el régimen jurídico de la actividad minera aplicándola a las especificaciones de la minería de tierras raras. Una norma que incidía en la necesidad de diseñar la actividad minera de tierras raras con mentalidad 3R (reducir, reciclar y reutilizar), contribuyendo así a reducir los costes, conseguir una mayor eficiencia en el consumo de materiales y energía, así como una menor generación de residuos.

Asimismo, pretendía asegurar la participación activa de colectivos interesados, así como la colaboración e implicación de otras administraciones a través del plan estratégico sectorial que debería ser aprobado con posterioridad.

La norma contemplaba también el establecimiento de zonas con restricción total para la minería de tierras raras y otras con restricciones medioambientales compatibles con la actividad minera.

Una proposición de ley que se planteaba en coherencia con la línea mantenida por las Cortes regionales, cuyo Pleno ha aprobado por mayoría tres resoluciones en contra de esta práctica, así como instar al Ejecutivo castellano-manchego a iniciar los trámites para elaborar una ley específica sobre minería de tierras raras.

Sin embargo la iniciativa se ha topado con la falta de presupuesto en su camino, terminando así su tramitación parlamentaria.

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