martes 12.11.2019
MEDIO AMBIENTE

La rotura del trasvase por la gota fría, clave del recurso de la Junta contra la nueva derivación al Segura

  • Castilla-La Mancha lleva a los tribunales la transferencia de agua al Levante anunciada para este mes de octubre con la cabecera del Tajo, cuenca cedente, a punto de caer por debajo del 18 por ciento de su capacidad.
  • La portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, desvela que este recurso judicial recoge entre sus argumentos la avería que el temporal provocó sobre la infraestructura.
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernandez, anuncia en rueda de prensa el recurso judicial contra el trasvase de octubre. Foto: José Márquez
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernandez, anuncia en rueda de prensa el recurso judicial contra el trasvase de octubre. Foto: José Márquez

TOLEDO.- El nuevo trasvase del Tajo al Segura para octubre anunciado este martes por la Comisión de Explotación del Acueducto, órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica que decide estas derivaciones hídricas, ya tiene asignado el habitual recurso que presenta en los tribunales la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Así lo anuncia hoy en su comparecencia para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno la portavoz del Ejecutivo regional que preside Emiliano García-Page y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, quien ha adelantado que el trasvase de 19,2 hectómetros cúbicos propuesto para este mes va a volver a judicializarse porque "está fuera de lugar" y es una decisión "injusta", aunque el recurso recogerá en esta ocasión una novedad entre sus argumentos.

Se trata de la rotura de una parte del canal del trasvase, causada durante la 'gota fría' que sufrió el Levante hace unas semanas. Un temporal cargado de fuertes lluvias de cuyos estragos todavía se está recuperando la zona.

Según Fernández, esta avería en la infraestructura "hace más incomprensible esa decisión de trasvasar casi 20 hectómetros cúbicos", que es la máxima derivación de agua que se puede realizar para una situación hidrológica excepcional como la que se registra desde el pasado mes de mayo en la cabecera del Tajo, cuyo almacenamiento total apenas alcanza en este momento el 18 por ciento.

La portavoz del Gobierno castellano‑manchego ha dicho que aceptarían el trasvase si fuera destinado al abastecimiento humano, pero para ese fin solo son los primeros 7,5 hectómetros cúbicos del trasvase ‑el resto es para regadío‑, por lo tanto, ha continuado, la aprobación de la derivación hídrica para octubre es una decisión contra la que se va a "batallar", tanto en el marco político como el jurídico, con el fin de defender "los intereses hídricos de Castilla-La Mancha".

"EL PRINCIPIO DEL FIN"

Un tono algo diferente al manifestado hoy también por el consejero de Agricultura,  Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien se ha mostrado más optimista tras esta nueva derivación al Segura, opinando sobre ella que es ejemplo de que "estamos ante el principio del fin del trasvase para regadío", y que para ello la Junta cuenta con la "complicidad del Gobierno central".

A preguntas de los medios, durante su visita a una bodega en la localidad albaceteña de Alpera, Martínez Arroyo ha sostenido que desde Castilla-La Mancha siempre se dará "garantía" al consumo humano, pero para el caso del regadío, el Levante "debe buscar alternativas" como son las desaladoras.

Se ha mostrado convencido de que el caudal ecológico del Tajo en la planificación hidrológica futura en la que ya se está trabajando "va a ser mayor" que el actual y eso "va traer un cambio radical en el río y va poner sobre la mesa la necesidad de priorizar la cuenca cedente frente a la receptora y las cuestiones medioambientales frente a otros usos".

Al menos de esta forma lo establecen las numerosas sentencias del Tribunal Supremo que anulan parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2016 al no fijar esta normativa caudales ecológicos en Toledo, Talavera de la Reina y Aranjuez. Unas resoluciones judiciales que respaldan la postura de Castilla-La Mancha respecto al río, pero que hasta el momento no han sido aplicadas por el Gobierno central.

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