Lunes 12.11.2018
TRANSPARENCIA

El Gobierno investiga dónde han ido a parar los 73 millones adjudicados desde 2012 para el cementerio nuclear

  • El Ministerio de Transición Ecológica duda de las inversiones realizadas hasta la fecha argumentando opacidad y anomalías en la evaluación realizada para autorizar el emplazamiento. 
  • La Junta aplaude esta auditoría y pone en la diana el procedimiento de adjudicaciones, que benefició a la empresa vinculada al marido de Cospedal, tal y como denunciaron los ecologistas ante Anticorrupción en 2016.
Ciudadanos protestando junto a los terrenos donde estaba prevista la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. Archivo
Ciudadanos protestando junto a los terrenos donde estaba prevista la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. Archivo

TOLEDO.- El Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez estudia qué destino han tenido los 73 millones de euros que se han gastado desde 2012 en el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos previsto en la localidad conquense de Villar de Cañas, sin que aún haya allí cementerio nuclear. 

Una iniciativa del Ejecutivo central que es aplaudida por la Junta castellano-manchega, desde la que se reclama “trasparencia” en el “oscuro” procedimiento de adjudicaciones relacionadas con el proyecto, puesto que “los ciudadanos tienen derecho a conocer en qué se gastan estos recursos públicos”. 

Adjudicaciones que ya ponía en duda en 2016 la Plataforma contra el Cementerio Nuclear, desde la que se presentaba una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que se apuntaba que la expresidenta de Castilla-La Mancha y líder del PP regional, María Dolores de Cospedal, podría haber incurrido en un delito de tráfico de influencias, al haberse llevado la empresa vinculada a su marido, Ignacio López del Hierro, dos tercios de las adjudicaciones para el ATC por parte de la compañía pública responsable de la gestión de los residuos nucleares, Enresa, al frente de la cual se encontraba desde 2012 Francisco Gil-Ortega, persona de confianza de la propia Cospedal.

Una denuncia de la que se hacía eco el colectivo Ecologistas en Acción, integrado en la plataforma, desde el que recordaban entonces la apresurada dimisión de Gi-Ortega en febrero de 2015, cuando estaba a punto de adjudicar la obra civil principal con un valor de 217,7 millones. Dimisión que se producía tras la “desautorización” al entonces presidente de Enresa por parte del Ministerio de Industria, dadas las “prisas” en adjudicar la obra “sin tener ninguno de los permisos preceptivos y en especial el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear”

En este sentido, ha sido la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la que el pasado viernes en sede parlamentaria subrayaba como una prioridad del Ejecutivo “introducir la coherencia y la transparencia” sobre la viabilidad de esta polémica instalación, de ahí la decisión de estudiar “en profundidad” las inversiones realizadas hasta la fecha y su coste, “antes de tomar una decisión definitiva”. 

Así, consideraba que únicamente se ha “perdido tiempo”, puesto que dichas prioridades “no deben abordarse por la puerta de atrás, sino de forma transparente y con un análisis profundo de los escenarios financiero, económico y de seguridad”. 

Ribera hablaba así de “opacidad y aparentes anomalías” en la evaluación realizada para la autorización del emplazamiento, las cuales habrían sido “de tal magnitud” que llevaron a Transparencia Internacional a denunciarlas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

La ministra, que comparecía a petición propia para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno respecto al proyecto del basurero nuclear, subrayaba así las dudas “sobre el emplazamiento elegido, que está cuestionado técnicamente”, y las existentes sobre las inversiones realizadas por Enresa.

Para Ribera “no se pueden dar palos de ciego dilapidando dinero público”, sin diseñar realmente el futuro energético. De ahí que lo primero, y antes de tomar una decisión definitiva sobre el futuro de este proyecto, sea imprescindible arrojar luz sobre todos los pasos dados hasta la fecha. 

Una auditoría que ha agradecido al Ministerio el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, quien este miércoles ha calificado como “muy opaco” el gasto realizado en la gestión del cementerio nuclear.

 “Sabemos, intuimos, que ha podido haber un uso un tanto discutible y queremos que se sepa”, subrayaba el jefe del Ejecutivo regional, ya que se trata de “mucho dinero, al margen de que la finalidad también es bastante discutible”.  

En opinión del presidente García-Page, esta auditoría podría ser de gran valor para que “arrojen luz” y se pudieran depurar “responsabilidades” sobre las inversiones realizadas en torno a una infraestructura “que no quería nadie” y que ha tenido como principal “víctima” a “esta tierra”.   

Y es que “son muchos millones de euros y allí no hay cementerio nuclear ni nada que se le pueda parecer”, por lo que valoran la voluntad del Ejecutivo central de conocer el destino de esos fondos que, sospechan, podían haber ido en parte “destinados a informes para intentar corregir algo que no era fácil”, como era la ubicación del silo nuclear en unos terrenos que, por sus características técnicas y geológicas, no eran los más idóneos.  

Así lo ha señalado también el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, para quien en este asunto “hay más basura que la nuclear”

 En este sentido insistía en que la decisión de ubicar el cementerio radiactivo en esta localidad conquense fue “política”, “alejada de criterios técnicos”, y acordada con la anterior presidenta de la región, María Dolores de Cospedal, “que había roto su compromiso con esta tierra”. 

Cabe recordar que el pasado mes de julio el Consejo de Seguridad Nuclear atendía la petición planteada por el Gobierno y aprobaba por unanimidad un plan para paralizar la emisión de los informes de evaluación relativos a la solicitud de autorización para la construcción del silo nuclear, y proceder a documentar ordenadamente las actuaciones realizadas hasta la fecha o en curso. 

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