Domingo 19.05.2019
PROTECCIÓN DEL MENOR

Castilla-La Mancha no atiende la petición del Defensor del Pueblo de elevar la edad mínima para cazar

  • La sugerencia de la institución responde a la denuncia planteada en abril por el colectivo Proanimal y a cuyo escrito de contestación ha tenido acceso en exclusiva PeriódicoCLM.
  • Fomentar el relevo generacional del sector y que la actividad es segura porque los menores van acompañados de un adulto, entre los argumentos esgrimidos por la Junta para mantener la edad mínima en 14 años.
Pantallazos del escrito del Defensor del Pueblo junto a una imagen, difundida por la Guardia Civil, de un adulto y un menor cazando. PeriódicoCLM
Pantallazos del escrito del Defensor del Pueblo junto a una imagen, difundida por la Guardia Civil, de un adulto y un menor cazando. PeriódicoCLM

CIUDAD REAL.- La asociación castellano‑manchega Proanimal insta al Gobierno regional a posicionarse "de forma rotunda" contra la práctica de la caza por parte de menores, elevando para ello la edad mínima requerida para esta actividad a los 16 años. Exigen así la protección "física y moral" a los niños, "impidiéndoles coger un arma y salir al monte a matar animales indiscriminadamente".

Una petición sobre la que se vuelve a insistir desde el colectivo animalista, tras haber recibido el respaldo del Defensor del Pueblo a su planteamiento al considerar éste que mantener la edad mínima en 14 años supone un "riesgo objetivo" para los menores, ante el que debe primar "el interés de su protección".

Planteamiento que era trasladado a la Junta, al considerar el Defensor del Pueblo que "el interés del menor aconsejaría una mayor edad para el ejercicio de la caza", aunque si bien el permitir hacerlo a partir de los 14 años no vulnera la Constitución. No obstante, en opinión del Defensor del Pueblo, "la simple posibilidad de que un menor de edad pueda usar arma ya supone en sí mismo un riesgo, incluso aunque vaya acompañado de un adulto".

Apreciaciones que hace el Defensor del Pueblo en la respuesta a la queja planteada por Proanimal, cuyo colectivo instaba a la institución encargada de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los españoles a interponer recurso de inconstitucionalidad frente a la recientemente aprobada Ley de Caza de Castilla-La Mancha, al mantenerse en ésta la edad mínima para cazar en 14 años. Una inconstitucionalidad que no vio el Defensor del Pueblo, pero sí consideró oportuno dirigirse al Gobierno regional para sugerirle la posibilidad de elevar la edad mínima exigida ante la existencia de ese riesgo objetivo y la necesaria protección de los menores.

Solicitud a la que desde el Ejecutivo autonómico ‑formado por PSOE y Podemos‑, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se respondía con argumentos que consideran "bastante peregrinos", al exponer entre otros motivos para mantener los 14 años como edad mínima exigible, el hecho de que entre el colectivo de cazadores la media de edad sea cada vez más elevada y precise por ello fomentar el relevo generacional.

Una respuesta que para Proanimal vuelve a poner de manifiesto que para el Gobierno castellano‑manchego el derecho a la caza y a la protección de los cazadores "está por encima, no solo de consideraciones animalistas y medioambientales, sino incluso de la protección de los menores".

Para el colectivo no parece sostenible que un gobierno que se presupone progresista, "se vanaglorie de fomentar el relevo generacional en una actividad cuando menos discutida, como es la caza, en perjuicio de la protección del menor, condenando a éste a asumir un riesgo objetivo en una práctica donde se utilizan armas de fuego".

Además, han advertido de que el hecho de que muchos jóvenes no disfruten cazando "quizá tenga que ver con otras sensibilidades del siglo XXI, que los llevan a preferir otras opciones de ocio que no conllevan armas, sangre y muerte".

Junto a este argumento del relevo generacional, desde Proanimal llaman también la atención sobre otro de los argumentos esgrimidos por la Junta de Comunidades ante las sugerencias realizadas por el Defensor del Pueblo. Y es que, según el escrito remitido por esta institución a la asociación animalista ‑al que ha tenido acceso en exclusiva PeriódicoCLM‑, el Gobierno regional da por segura una actividad que sin embargo es intrínsecamente peligrosa al conllevar el uso de armas, a pesar de lo cual la administración mantiene que "no lo es para los menores, al ir acompañados por un adulto".

DOCUMENTO | Respuesta del Defensor del Pueblo a Proanimal

En este sentido,el colectivo recuerda a la Junta que basta con remitirse a los accidentes que se producen cada año y que "cuestan vidas" en la comunidad. Señalan así, a modo de ejemplo, el suceso producido hace unos días en Almodóvar del Campo, en la provincia de Ciudad Real, cuando un niño de 12 años se vio involucrado en un disparo a un hombre durante una montería.

Por otra parte, y respecto a otro argumento dado por el Gobierno regional de que la mayoría de las comunidades autónomas regula la edad mínima para cazar a los 14 años -olvidando que otras como Galicia o Canarias han situado la edad mínima en 16 años- y que ésta es también la que se contempla en el reglamento de armas para obtener la licencia, desde Proanimal no han dudado en calificar esta excusa como "torpe" y "triste" para un Ejecutivo que "debería situar la protección del menor por encima del fomento de la caza o de satisfacer a su lobby".

Y es que, insisten, el menor que va a cazar "no solo está sometido a un riesgo objetivo para su integridad física, sino también para su integridad moral, puesto que se le involucra en una actividad donde la muerte y el dolor son los protagonistas".

Por ello, Proanimal considera una "hipocresía" que se prohíban escenas de violencia en televisión en horario protegido para los menores, al mismo tiempo que se les permite que participen en cacerías.

Otra de las justificaciones que se ofrecen desde la Consejería para mantener la edad mínima para la caza en los 14 años es el hecho de que "la actividad en el medio rural es totalmente necesaria para evitar problemas de superpoblación con algunas consecuencias como pueden ser accidentes de tráfico, daños a cultivos agrícolas, daños y pérdidas de hábitat de especies protegidas, tal y como se está empezando a experimentar".

Para el colectivo, el escrito que les ha remitido el Defensor del Pueblo en el que les traslada la respuesta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "deja vislumbrar la sorpresa y decepción" que le produce el posicionamiento el Ejecutivo autonómico.

Un escrito en el que el Defensor del Pueblo reconoce que desde el punto de vista formal "la actuación de la Consejería y del legislador ha sido correcta", aunque apunta que ésta "no deja de ser una opción política el regular el ejercicio de la caza como se considere más oportuno en cada momento".

Sin embargo, continúa, "no quita para que el interés del menor, que está protegido constitucionalmente" en el artículo 39, "pueda verse afectado por la misma posibilidad de llevar armas, aunque sea con todas las cautelas posibles y acompañado de un adulto".

De este modo, ante la imposibilidad de obtener una resolución de la administración regional "adecuada a la propuesta que se le dirigió", puesto que "no parece que exista intención alguna por su parte de realizar esa valoración", el Defensor del Pueblo da por finalizadas las actuaciones, tras incluir el asunto en el informe anual a las Cortes Generales.

No obstante, desde la asociación vuelven a instar al Gobierno regional a posicionarse de forma rotunda e impedir que Castilla-La Mancha siga siendo escenario de historias como la de 'Los santos inocentes' o que el turismo rural sea,  ‑indican parafraseando la película 'Bichos'‑ aquel de "vienen, matan, se van".

Finalmente exigen que se proteja a los niños física y moralmente, "impidiéndoles coger un arma y salir al monte a matar animales indiscriminadamente".

Así, desde el colectivo esperan que, a pesar de la pasividad del Gobierno regional, la práctica de la caza en esta región no conlleve en el futuro ninguna víctima menor de edad. Puesto que, de producirse, "el máximo responsable sería esta Administración que ha permitido, en contra de las sugerencias del Defensor del Pueblo, practicar esta actividad en la que se utilizan armas".

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