Domingo 21.10.2018
MEDIO AMBIENTE

106 millones de euros, la deuda que deja el trasvase del Tajo en Castilla-La Mancha y que nadie paga

  • El adeudo se ha generado porque las tarifas que venía aplicando el Estado desde 1986 para compensar económicamente a la Junta castellano-manchega por el agua cedida no han sido correctas.
  • Según los datos desvelados por el director de la Agencia regional del Agua, el Gobierno central ha perdonado a los regantes del Levante dos tercios de lo que tenían que haber pagado por los trasvases.
Imagen de archivo del acueducto del trasvase del Tajo al Segura. PeriódicoCLM
Imagen de archivo del acueducto del trasvase del Tajo al Segura. PeriódicoCLM

TOLEDO.- La Junta castellano-manchega ha estimado que la deuda no pagada a la Comunidad Autónoma por el aprovechamiento del acueducto del trasvase del Tajo al segura asciende a 106 millones de euros desde que en el año 1986 el Estado acordó compensaciones económicas por los caudales cedidos.

Así lo ha adelantado este martes el director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente y Agua de las Cortes regionales para informar de las tarifas no abonadas a la región en concepto de trasvase, algo que ha calificado como "deuda histórica".

Millonaria cifra que se desprende de un estudio realizado por el Ejecutivo autonómico, que refleja una situación "problemática", ya que a ello hay que sumar que la amortización del acueducto ya debería haber alcanzado el 60 por ciento, pero la realidad es que se está haciendo "mucho más lentamente de lo que debería", hasta el punto de que en la actualidad solo se ha amortizado el 37 por ciento del coste de la infraestructura.

En este punto, Luego se ha preguntado "quién va a pagar esto si el día de mañana el trasvase dejase de funcionar".

El director de la Agencia del Agua ha explicado que el trasvase, una infraestructura de 292 kilómetros que entró en funcionamiento en 1979 -aunque su construcción se aprobó en 1966-, está dividido en tramos a los que se aplican las distintas tarifas que elabora periódicamente, según lo previsto en la ley, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura.

Del dinero recaudado por estas tarifas, a Castilla-La Mancha le corresponden cuatro novenas partes, mientras que el resto pertenece a Madrid y Extremadura.  En concreto, los beneficiarios del agua procedente del trasvase deben pagar en base a tres conceptos:  por las obras del acueducto, por los gastos fijos y por los gastos variables.

Si bien, Luengo ha añadido que a los regantes del Levante -fundamentalmente al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS)- se le aplican las tarifas en función a los volúmenes realmente consumidos, lo que, según el director de la Agencia del Agua, significa que Castilla-La Mancha "está perdiendo".

Y ha agregado que, revisando la normativa, la Agencia del Agua vio que esas tarifas "se estaban aplicando mal", hasta el punto que a los regantes se les había perdonado "dos tercios de lo que tenían que haber pagado", y así se lo comunicó al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, lo que supuso una revisión con una subida a los regantes que motivó un recurso judicial por parte del SCRATS.

Pese a ello, y a que cifran que desde 1986 hasta actualidad las pérdidas para Castilla-La Mancha han ascendido a 106 millones de euros, Luengo ha hecho hincapié en que el objetivo principal del Gobierno autonómico no es que se paguen las tarifas, "sino que no se lleven el agua y que ésta sirva para el desarrollo de la región".

EL PP SE OPONE A PAGE, LOS DEMÁS AL TRASVASE

Por su parte, la diputada regional del PP Ana Guarinos ha acusado al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, de ser "el presidente más trasvasista de la historia de Castilla-La Mancha", así como de no haber garantizado "un solo hectómetro cúbico de agua para esta región" y se ha preguntado "a qué está esperando para presentar su dimisión".

Guarinos ha pedido a García-Page "que se ponga a trabajar" junto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en un pacto nacional del agua "que evite las polémicas interesadas y ponga fin al conflicto", y ha evitando posicionar a su partido contra el trasvase durante su intervención.

Mientras tanto, la parlamentaria socialista Carmen Torralba, ha mostrado su "rotunda oposición" al trasvase y ha asegurado que el PSOE defiende la misma postura "gobierne quien gobierne" en el Ejecutivo central, al tiempo que ha pedido al PP "que sea valiente" y que se adhiera al pacto regional del agua que ha elaborado el Ejecutivo autonómico.

Ha destacado que el 45 por ciento del agua que reciben los embalses de cabecera se va a Levante y que "no se puede generar riqueza en un territorio a costa de los intereses legítimos y derechos de otro", por lo que ha reclamado el fin del trasvase y la derogación del Memorándum aprobado por los gobiernos del PP, así como la puesta en marcha de infraestructuras de desalación.

También el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, ha subrayado que el trasvase "no compensa ni de lejos a Castilla-La Mancha y arroja una deuda histórica del todo inasumible para nuestra región".

Y ha opinado igualmente que la mejor manera de saldarla es derogar el Memorándum, aplicar con rigor la directiva marco del agua, poner fecha al cierre del trasvase Tajo-Segura y que las compensaciones que se vienen pagando a Castilla-La Mancha se destinen a poner desaladoras en el Levante.

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