jueves 12.12.2019
MANIFESTACIÓN

"Fraguas no se toca": la pena de cárcel a los jóvenes repobladores indigna a la calle

Centenares de personas se han concentrado frente a la Audiencia de Guadalajara después de conocerse su rechazo a los recursos de los activistas, algo que confirma la condena, y después trasladaron la protesta hasta la Delegación de la Junta, que actuó como acusación particular en el proceso judicial.

Varios centenares de personas concentrados en apoyo a los repobladores de Fraguas tras la sentencia de la Audiencia de Guadalajara. PeriódicoCLM
Varios centenares de personas concentrados en apoyo a los repobladores de Fraguas tras la sentencia de la Audiencia de Guadalajara. PeriódicoCLM

GUADALAJARA.- La indignación se ha trasladado a la calle. Más de doscientas personas se han manifestado este jueves en Guadalajara en apoyo de los seis condenados por repoblar la aldea abandonada de Fraguas, después de conocerse la desestimación de los recursos que habían presentado contra la sentencia que les impone una pena de año y medio de prisión a cada uno de ellos.

A las seis de la tarde se concentraban ante las puertas de la Audiencia Provincial, encargada de rechazar los recursos de apelación que presentaron los encausados contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara, que en junio del año pasado condenó a cada uno de ellos a una pena de año y medio de prisión y a pagar una multa de 2.160 euros, como autores de un delito contra la ordenación del territorio, y otra de 540 euros por el delito usurpación.

Posteriormente, se trasladaban hasta la Delegación de la Junta de Comunidades en Guadalajara, tras una pancarta en la que figuraba el lema "Fraguas no se toca, ni demolición ni desahucio" y con gritos de "Fraguas revive cueste lo que cueste".

"La sentencia ha sido un golpe ya que, ante la tardanza, pensábamos que iba a haber una rebaja”, admitía Isaac Alcázar, uno de los condenados, quien señalaba que, aunque la vía ordinaria se ha agotado, ya que la sentencia de la Audiencia Provincial es firme, queda todavía la vía extraordinaria.

Alcázar explicaba a los medios de comunicación que están estudiando con los abogados qué medidas tomar en lo jurídico entre las que se valora la presentación de un recurso de amparo al Tribunal Constitucional o incluso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ya que previamente se ha pedido una interpretación de la sentencia porque se entiende que cabe recurso extraordinario.

Además, a las sanciones económicas anteriormente mencionadas se añade una condena en materia de responsabilidad civil que les obliga a abonar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de forma conjunta y solidaria, el coste de la demolición de las construcciones e instalaciones y de la retirada de residuos y restos de la finca ocupada.

En este sentido, Alcázar apuntaba que existe una vía ejecutoria ya que tras la sentencia se tiene que concretar cómo cumplirla y, en este trámite cabría la posibilidad de negociar con el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Al respecto aclaraba: "Nosotros no nos negamos a pagar la multa, pero no el coste de la responsabilidad civil porque no estamos dispuestos a financiar la demolición de un proyecto que consideramos justo, digno y muy necesario". En este sentido, Alcázar indicaba que es con este tipo de iniciativas "por donde van a ir los tiros en un futuro para introducir población en pueblos de menos de treinta habitantes".

Asimismo, comentaba que afrontan la sentencia "con pena, por el reto al que nos enfrentamos ante una posible entrada en prisión, y por otro lado, contentos por el apoyo recibido con una oleada de comunicados en tan solo 24 horas".

Aseguraba también que volvería a repoblar Fraguas y recordaba que actualmente hay doce personas viviendo en el lugar "y que creen en el proyecto".

"Nuestra fuerza es la fuerza ética", subrayaba Alcázar, que añadía que está tranquilo porque cree que está "haciendo lo correcto" y, en este sentido, aseveraba: "Si tengo que entrar en la cárcel lo haré con la cabeza bien alta porque creo que lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer".

Por otra parte, recordaba que en protesta de esa gestión política del medio rural y en defensa de proyectos como el de Fraguas se ha organizado una gran manifestación el próximo 23 de febrero en Madrid, que partirá a las doce del mediodía de la Plaza de Tirso de Molina.

LA SENTENCIA, EN LAS CORTES

Por su parte, el diputado regional de Podemos David Llorente, llevará esta polémica resolución judicial el próximo jueves a las Cortes castellano‑manchegas, donde formulará una pregunta dirigida al Gobierno autonómico, para que de forma oral y ante el Pleno se pronuncie respecto a la condena a los seis activistas.

"¿Cómo valora el Gobierno regional la sentencia condenatoria contra las personas que han emprendido la repoblación del antiguo pueblo de Fraguas?" es la pregunta que Llorente pretende que se responda desde el Ejecutivo regional, administración que denunció a los jóvenes y actuó como acusación particular durante todo el proceso judicial.

Respecto a esto, en el Pleno del día 28 de junio del año pasado, tras conocerse la sentencia que esta semana ha sido confirmada por la Audiencia de Guadalajara, Llorente también cuestionó la postura de la Junta.

 "¿Considera el Gobierno regional coherente su política de desarrollo rural y lucha contra la despoblación con haberse personado como acusación particular en la causa penal contra las personas que han emprendido la repoblación del antiguo pueblo de Fraguas?", preguntaba entonces el parlamentario de la formación morada.

Como respuesta, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, aseguró que su Ejecutivo "sí considera coherente" las medidas adoptadas contra dichos repobladores porque llevaron a cabo sus acciones en un "monte de utilidad pública donde la posibilidad de hacer construcciones está prohibida por la legislación urbanística y por la normativa medioambiental".

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