Domingo, 22 de Julio de 2018 Actualizado: 12:47 h.

MEDIO AMBIENTE

Sánchez autoriza su primer trasvase del Tajo con las normas del PP y choca con la Junta de Page

El Gobierno central da luz verde a una derivación de 38 hectómetros cúbicos utilizando el Memorándum firmado por el PP, una ley que la Junta castellano‑manchega exige derogar. Además, el Ejecutivo autonómico anuncia la interposición de un recurso contra el trasvase.

Emiliano García-Page en Entrepeñas, embalse de cabecera del río Tajo. JCCM/Archivo
Emiliano García-Page en Entrepeñas, embalse de cabecera del río Tajo. JCCM/Archivo

TOLEDO.- Nuevo Gobierno de España, nuevo Ministerio de Transición Ecológica, pero la misma situación para el río Tajo, de cuyos embalses de cabecera volverán a salir 38 hectómetros cúbicos de agua con destino a Levante. Una situación que ha dado lugar al primer ‘desencuentro’ entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Emiliano García‑Page en Castilla‑La Mancha, desde el que ya se ha anunciado que presentará un recurso contra este nuevo trasvase, tal y como se venía haciendo con los aprobados por el Partido Popular. 

Un trasvase que, para la consejera de Fomento, Agustina García Élez, “es la nefasta consecuencia del Memorándum que se firmó en la anterior legislatura por parte del Gobierno de la señora Cospedal y que dejó a un lado los intereses de Castilla-La Mancha, vendiendo los intereses de nuestra región a precio de agua.” 

Un primer choque que se produce después de que este miércoles la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura haya autorizado una nueva trasferencia de agua para el mes de julio para atender las necesidades de las cuentas receptoras. 

Una derivación hídrica cuya autorización se conocía, precisamente, minutos después de que García‑Page mantuviese su primer encuentro oficial en sede ministerial con un miembro del nuevo Gobierno de España, desde la investidura de Pedro Sánchez como presidente. En concreto ha sido con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, a la que además de pedir la revisión de los objetivos de déficit para las comunidades autónomas, trasladaba el posicionamiento de Castilla-La Mancha en algunos asuntos prioritarios para la región, como el trasvase Tajo‑Segura. 

Coincidencias al margen, desde el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera se reconoce que en los próximos meses es posible que desciendan las reservas en los embalses de los que se nutre el trasvase, pero se incide en que se seguirán garantizando las aportaciones previstas en la ley para abastecimientos urbanos. No obstante, la diferencia desde el punto de vista castellano‑manchego la marca el hecho de que se haya apuntado también a la importancia de adoptar medidas para aumentar la autosuficiencia de los territorios que demandan agua. 

Un punto de inflexión al que se agarra Castilla-La Mancha para rebajar las críticas contra esta nueva derivación de agua de la cabecera del Tajo recién aprobada. Así, la consejera de García Élez, tras anunciar la intención del Ejecutivo regional de “seguir haciendo lo mismo” que se venía haciendo en materia de defensa de los intereses hídricos de la región ‑recurrir el trasvase‑, recordaba también las palabras de la ministra señalando que los trasvases “solo deben ser extraordinarios”, que evidentemente debe garantizarse “el uso de boca para el abastecimiento humano”, pero que “hay otras alternativas”. Un mensaje que al Ejecutivo castellano‑manchego le parece “bien”, aunque piden a Ribera que no solo lo verbalice, sino que “también lo materialice”. 

De esta forma, la responsable de Fomento ha manifestado su buena disposición hacia “ese sentido común que, con el cambio del Gobierno, hace apenas un mes, ha llegado al Ministerio”, pero también ha asegurado que “queremos concreción en esas acciones. Que si el agua no puede llevarse a demanda, quede regulado”. 

En este sentido, García Élez ha subrayado la necesidad de modificar las reglas de explotación y derogar un Memorándum que “ataca” a Castilla‑La Mancha, un trasvase que “sigue siendo ilegal e ilegítimo”, al no haberse garantizado la prioridad de la cuenca cedente y seguir aplicando una ley “injusta” para los intereses castellano‑manchegos, al tiempo que ha recordado que es una norma del Partido Popular. Y es que, ha precisado, “es un trasvase que nos va a provocar pasar de un nivel 3 de prealerta, a un nivel 2 de alerta, por tanto, no será nunca agua excedentaria de la cuenca cedente para que pueda ir a otro sitio”. 

Por ello, se ha solicitado a la ministra de Transición Ecológica una reunión a celebrar “cuanto antes” para poder exponerle las propuestas de Castilla-La Mancha respecto al trasvase. 

Mientras tanto, el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha sigue adelante en su defensa del agua para la región, y anuncia la judicialización del nuevo trasvase. De esta forma, apuntaba García Élez, son ya 26 los trasvases recurridos por parte del Gobierno regional, “con un gobierno del PP y con unas leyes del PP”, ahora será el primero que se recurrirá “con un gobierno socialista a nivel nacional, pero con unas leyes del PP”, ha precisado. 

LOS RIBEREÑOS ESTALLAN

Quien sí ha cargado frontalmente contra la ministra ha sido la Asociación de Municipios Ribereños, que tras mostrarse "terriblemente decepcionada", ha acusado a la ministra Ribera de “traicionar” al Tajo y “mentir” en el reparto de los usos de agua, al señalar que los trasvases “no están prohibidos, pero son extraordinarios”, justificando su uso para garantizar el uso de boca. 

“La ministra tenía una oportunidad histórica de dar el primer paso para la finalización de esta terrible injusticia, que sacrifica un río, el Tajo, y sentencia de muerte una región, la nuestra, para beneficiar a unos pocos empresarios que ponen por delante el dinero a corto plazo frente a la conservación del Medio Ambiente”, ha señalado el presidente del colectivo, Francisco Pérez Torrecilla.

Aseguran que para abastecimiento se va a destinar un 24 por ciento del agua, mientras que el restante 76 por ciento será para riegos, “muchos de ellos ilegales”

En este sentido explican que en estos momentos los embalses de Entrepeñas y Buendía acumulan 700 hectómetros cúbicos, aunque para autorizar el trasvase se haya tomado como referencia el volumen de agua embalsada el pasado 1 de julio, que era de 701 hectómetros cúbicos.  

Así, según el Memorando, al superarse los 688 hectómetros cúbicos de caudal, por lo que se pasa a nivel 2, lo que implica la autorización “automática” de 38 hectómetros cúbicos, tal y como ha recordado el Ministerio en nota de prensa, de los cuales “8 serían para consumo humano y 30 para riego”, precisan por su parte desde el colectivo ribereño.  

La legislación establece que los trasvases desde el Tajo hacia la cuenca del Segura solo son posibles cuando los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía se encuentren por encima de 400 hectómetros cúbicos, una cantidad que ya se ha superado este año, lo que ha permitido realizar tres trasvases, durante los últimos tres meses. 

En la actualidad, según los últimos datos actualizados por la Confederación Hidrográfica del Tajo, los embalses de esta cuenca se encuentran al 69,56 por ciento de su capacidad, tras un leve descenso durante la última semana. 

Concretamente, los pantanos de Entrepeñas y Buendía acumulan en la actualidad 351 y 348 hectómetros cúbicos de agua, respectivamente, según los datos de la Confederación del Tajo.  

El pasado mes de abril la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura acordó trasferir 60 hectómetros cúbicos de agua en tres meses (abril, mayo y junio), después de once meses sin poderse realizar ninguna transferencia de agua debido a la precaria situación que presentaban los embalses de cabecera.