Viernes, 22 de Junio de 2018 Actualizado: 12:46 h.

Agricultura puso en riesgo la salud de una agente medioambiental embarazada

La Junta castellano‑manchega cometió una infracción grave de seguridad laboral al asignar a la agente servicios constitutivos de riesgo para su estado e incumplir lo establecido en el protocolo de prevención, según ha constatado la Inspección de Trabajo.

Imagen de archivo de una agente medioambiental de Castilla‑La Mancha
Imagen de archivo de una agente medioambiental de Castilla‑La Mancha

TOLEDO.- La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla‑La Mancha puso en riesgo la salud de una agente medioambiental embarazada, al haberla expuesto a servicios de los que debería haber quedado excluida debido a su estado atendiendo al protocolo de prevención. Pautas que no se siguieron, a pesar de haber solicitado la trabajadora la adaptación o el cambio de puesto de trabajo, quedando así expuesta durante varios meses a riesgos innecesarios.  

Actuación que desde la Inspección de Trabajo se ha calificado como una infracción "grave" en materia de seguridad y salud laboral, a pesar de lo cual no conllevará sanción para la Consejería, al estar exenta de las mismas las administraciones. Sin embargo, de lo que no escapa el departamento que dirige Francisco Martínez Arroyo, es del tirón de orejas que le da el organismo responsable del control y vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social, instando a la Consejería a "agilizar" los trámites formales mediante los cuales se declara a las trabajadoras embarazadas en situación de necesidad de adaptación de sus puestos de trabajo, específicamente en aquellos casos como el de las funcionarias del cuerpo de agentes medioambientales, en el que los riesgos a los que se hayan expuestas son "claros y evidentes".   

Señala así la Inspección que, la Administración, considerando las especialidades de las funciones llevadas a cabo por este tipo de funcionarios, debería establecer un protocolo específico de atención a la funcionaria embarazada, con el objeto de adoptar medidas cautelares o precautorias durante la tramitación del expediente. 

En su requerimiento, al que ha tenido acceso PeriódicoCLM, la Inspección de Trabajo subraya que el embarazo "supone cambios fisiológicos y psicológicos que pueden no ser compatibles con el trabajo habitual, más aún cuando el trabajo que se desarrolla habitualmente se realiza en zonas aisladas, de difícil comunicación, donde hay que desplazarse con vehículos por el campo y se puede estar expuesto a riesgos muy variados". Condiciones que considera, por tanto, no equiparables al trabajo que se pueda desarrollar en una oficina. 

En este caso concreto, la agente encinta solicitaba con fecha 26 de abril de 2016 la adaptación o cambio de puesto de trabajo, una petición que no fue atendida hasta un mes después. Un periodo en el que a la agente se le continuaron asignando servicios de los que debía haber quedado excluida por su situación, tal y como establece el protocolo el Servicio de Prevención, pero no se hizo. 

De este modo, la agente mantuvo entre sus funciones la vigilancia de quemas, así como la recogida y traslado de animales al Centro de Recuperación de fauna. Animales heridos, afectados por venenos o por enfermedades como el botulismo o la gripe aviar, sin ningún tipo de control sanitario y que portan parásitos como pulgas o garrapatas. 

Pero no quedó ahí, puesto que una vez emitida la resolución ‑con fecha 27 de mayo‑ tampoco se produjo un cumplimiento "estricto" de la misma, o bien "no se transmitió a los mandos intermedios" para que la aplicaran íntegramente. Así, la agente medioambiental siguió sometida a turnicidad y se le continuaron asignando trabajos en solitario, circunstancias ambas que el Servicio de Prevención indica que deben ser evitadas durante la gestación. 

Requerimiento de la Inspección de Trabajo a la Consejería de Agricultura

EXIGEN UN "ESCRUPULOSO" CUMPLIMIENTO  

Sin embargo, este caso denunciado ante la Inspección de Trabajo por Comisiones Obreras no ha sido el único caso en el que una trabajadora encinta se ha visto expuesta a estos riesgos. Aseguran que desde la Consejería se ha tratado "del mismo modo" a todas las agentes medioambientales que se han quedado embarazadas, incumpliendo así las recomendaciones del Servicio de Prevención. 

Una situación ante la que el sindicato ha exigido al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que cumpla "escrupulosamente" y "con la máxima diligencia" los requerimientos de la Inspección de Trabajo, para de esta forma no seguir poniendo en riesgo a las agentes medioambientales, ni de ninguna otra trabajadora de su departamento ‑añaden‑, en especial las de aquellos colectivos en los que sus tareas habituales las exponen a "riesgos físicos, biológicos o químicos", o a situaciones "físicas o mentales" que pueden afectar a su salud durante el embarazo o a su capacidad de tener hijos sanos. 

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en la región, instan a Martínez Arroyo a atender "de una vez" sus obligaciones y cumplir "estrictamente" con las resoluciones de la Inspección. Y aunque su departamento se libre de la sanción económica ‑"eso que nos ahorramos los castellano‑manchegos", precisan‑ no puede eludir su responsabilidad ni hacer caso omiso al requerimiento de la Inspección y seguir poniendo en riesgo la salud de las trabajadoras. 

Por otra parte, desde el sindicato critican también que la agente embarazada tuviera que llevar a cabo los servicios encomendados sin la uniformidad que la identifica ante los ciudadanos como agente de la ley y sin su equipo de protección individual, puesto que al solicitar el suministro de un uniforme adaptado a su estado de gestación lo que recibió fue una dispensa para el uso del uniforme obligatorio. 

Sin embargo, sobre este particular, la Inspección de Trabajo recuerda al denunciante que dicha exención quedó establecida por una resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de fecha 12 de mayo de 2016, contra la cual se podría interponer recurso de alzada ante el consejero en el plazo de un mes. Una situación cuya legalidad o no, considera que no le corresponde determinar a la Inspección de Trabajo al ser sus funciones la vigilancia y cumplimiento de las normas dentro de sus competencias.