El jefe del Ejecutivo central traslada al presidente castellano-manchego su voluntad de poner fin al proyecto para instalar en la provincia de Cuenca la polémica infraestructura que iba a albergar los residuos radiactivos. El Gobierno tiene claro que la elección de la ubicación fue una decisión "mal tomada" y "contraria a la sostenibilidad ambiental". Todo apunta a que el anuncio se formalizará en breve, después de que el Estado lo acuerde con las eléctricas.

El adeudo se ha generado porque las tarifas que venía aplicando el Estado desde 1986 para compensar económicamente a la Junta castellano-manchega por el agua cedida no han sido correctas. Según los datos desvelados por el director de la Agencia regional del Agua, el Gobierno central ha perdonado a los regantes del Levante dos tercios de lo que tenían que haber pagado por los trasvases.