TOLEDO.- "Nunca los hicimos". Así de tajante se mostraba hace pocos días la presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, al asegurar que durante su etapa al frente del Gobierno regional no se realizaron recortes. Afirmaciones con las que la hoy ministra de Defensa y secretaria general del PP parece olvidar buena parte de la que fue su gestión desde el Ejecutivo autonómico. 

Una etapa marcada por los despidos, las supresiones y eliminaciones, los cierres, las no convocatorias y las paralizaciones, en la que, si bien no se empleó el término 'recortes' desde el Gobierno, lo cierto es que la tijera del Ejecutivo del PP estuvo muy presente durante los cuatro años de la legislatura

Más allá del significado que cada uno quiera dar a los 'recortes', en Castilla-La Mancha lo hecho ‑o lo que se dejó de hacer‑ permite ofrecer una panorámica más clara de lo sucedido, a pesar de que ante un centenar de alcaldes y concejales de su partido de la provincia de Toledo ‑evento en el que realizó las polémicas declaraciones‑ Cospedal tratara de dulcificar su labor en la Junta, negando lo que para muchos fue innegable. 

Un discurso en el que María Dolores de Cospedal se olvidó de los despidos masivos en la Sanidad pública y los miles de interinos de Educación que expulsó del sistema en algo menos de dos cursos escolares; de la supresión de ayudas a los colectivos más desfavorecidos, de la ausencia de inversión pública o los cierres de escuelas rurales y de urgencias sanitarias. 

Durísimas medidas de 'ajuste' económico que tuvieron repercusión directa en la vida de miles de ciudadanos de Castilla-La Mancha, siendo uno de los primeros afectados su bolsillo, con la creación de 300 nuevas tasas con especial repercusión en los colectivos más vulnerables

La Sanidad fue uno de los servicios públicos que más notó los recortes de Cospedal y su Gobierno. En el primero de ellos, además del despido de 3.000 profesionales ‑de los cuales 1.500 formaban parte de la plantilla orgánica y los otros 1.500 eran eventuales‑, se elaboró el polémico documento denominado como 'plantillas horizonte', con el que se planeaba volver a situar al servicio público de salud en niveles del año 2005, con 5.752 plazas menos que cuando los conservadores llegaron al Palacio de Fuensalida. 

Un sector para el que no hubo oferta de empleo público alguna, ni siquiera la de 48 plazas que se anunciaron para 2014 y que nunca se llegó a convocar

Como tampoco se convocaron concursos de traslados en Atención Primaria, y en el último año y medio de legislatura tampoco se autorizó ninguna sustitución de larga duración, ofertándose únicamente contratos precarios con los que se venían a cubrir necesidades estructurales. Y los profesionales que siguieron trabajando, vieron recortadas sus retribuciones un 3,8 por ciento, y las plazas de especialistas en formación también se reducían. 

Cuatro años de legislatura en los que se paralizó la construcción de cuatro hospitales cuyas obras ya estaban en marcha, así como de varios centros de salud, y para las infraestructuras existentes, no se realizó ninguna adquisición de alta tecnología. 

Se dejaron bajo mínimos los centros de especialidades, diagnóstico y tratamiento, y se cerraron 668 camas, al tiempo que se ultimaban los detalles de un controvertido plan para privatizar los hospitales de Villarrobledo, Tomelloso, Almansa y Manzanares

De los colectivos más vulnerables, como los pensionistas, también se acordó Cospedal con sus políticas de ajuste, estableciendo un copago sanitario

REBAJAS EN LA DEPENDENCIA

Además se rebajaron en más de 10.000 casos las ayudas económicas de cuidados en el entorno familiar y se revisaron de oficio a más de 5.000 personas con el objetivo de eliminarles la prestación, disminuírsela o, simplemente, dejarles sin grado de dependencia

Menos dinero para el servicio de teleasistencia, 100 millones menos para la red asistencial de mayores y la supresión de programas como el termalismo y el turismo social, fueron otras de las medidas del anterior Ejecutivo 'pensadas' para los mayores. 

Por su parte, el programa de discapacidad se reducía un 28 por ciento, y a la mitad se dejaba la ayuda a domicilio a los mayores dependientes. Asimismo, cuarenta profesionales de los equipos de Dependencia de las direcciones provinciales se iban a la calle, y se recortaba hasta el 60 por ciento de la aportación que se venía realizando a los ayuntamientos de la región para los servicios sociales. 

Ni ludotecas, ni programas de terapia familiar en los ayuntamientos ni la promoción de la participación infantil tuvieron dinero del Ejecutivo de Cospedal, suprimiéndose además diversos convenios de colaboración con federaciones y asociaciones locales que con esta ayuda desarrollaban diversos programas. 

DESPIDO DE INTERINOS Y CIERRE DE ESCUELAS

Junto a la Sanidad y los Servicios Sociales, la Educación fue otra de los grandes perjudicados por los recortes que ahora Cospedal niega haber llevado a cabo. Una tijera que además de llevarse por delante a más de 5.000 interinos en apenas dos cursos, les dejaba sin cobrar durante los meses de julio y agosto; aumentaba las horas lectivas en Secundaria una hora más de lo marcado por la legislación estatal, y se eliminaban para los más pequeños los apoyos en Infantil y Primaria. También se acababa con todas las ayudas de comedor para el alumnado con necesidades económicas. 

Todo ello aderezado con el polémico cierre de más de 70 escuelas rurales, que afectó a cerca de 600 alumnos y a más de 70 municipios. 

Al igual que los 'populares' hicieron con las infraestructuras sanitarias, las educativas también se paralizaron. El plan de inversiones de 2011 quedó en el aire, y la resolución de contratos ha terminado costando a los castellano-manchegos más de 9 millones. 

Las bibliotecas públicas perdieron su personal interino, así como las líneas de ayudas y el servicio de publicaciones redujo un 95 por ciento su presupuesto, respecto al de 2011. 

Por su parte la financiación de la enseñanza universitaria también se vio afectada por los recortes, pasando de 165 a 98 millones la subvención nominativa para la Universidad castellano‑manchega y la de Alcalá en Guadalajara, de 9,1 a 5,8 millones. Ni hubo dinero para el personal investigador, que perdió más de 750 personas dedicadas a la I+D. 

Y es que la cultura tampoco fue ajena a la insaciable tijera del anterior Gobierno, que no dudó en suprimir ayudas como las que apoyaban la actividad teatral y la danza, la actividad musical, e incluso dejando en la estacada a la Fundación Antonio Saura. 

'TASA COSPEDAL'

Pero para el conjunto del sector público la cosa no fue muy distinta. Junto al despido de cientos de interinos de manera ilegal, se reducía un 3 por ciento la nómina de los empleados públicos. Una 'tasa Cospedal' que supuso un agravio comparativo respecto al resto de empleados públicos de cualquier otra Administración regional. 

Pero no solo se aplicó la tijera a los salarios de los empleados públicos, sino que también se suprimió la prestación de la incapacidad temporal, y se redujeron los días por asuntos particulares, al tiempo que la jornada laboral se incrementaba de 35 a 37,5 horas semanales. 

Las ofertas públicas de empleo fueron eliminadas por completo, convocándose únicamente para Administración General siete plazas de letrados en los cuatro años de Gobierno del PP. 

Junto a ello se aprobaba un plan para reducir a la mitad los trabajadores del parque móvil de la Junta, decisión que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 

ADIÓS AL SEPECAM Y LAS AYUDAS A EMPRESAS

En materia de Empleo, por ejemplo, se suprimía en diciembre de 2012 el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM), y con ello se decía adiós a las políticas activas de empleo construidas hasta entonces; se despedía a cerca de 200 orientadores, y no se convocó un plan de empleo en cuatro años, ni siquiera cuando las cifras del desempleo en la región batían todos los récords, alcanzando los 317.800 parados en el primer trimestre de 2013. 

Pero no solo se aplicaba la tijera en materia de empleo, sino que tampoco a las empresas de la región se les allanó el camino. Así, durante los cuatro años de gobierno de Cospedal, se redujo el apoyo a la inversión empresarial a 22,7 millones ‑la mitad de lo que se lleva invertido en lo que va de legislatura‑; se redujo el presupuesto del IPEX a la mitad, mientras que el destinado a la prevención de riesgos laborales pasó de 12 millones a tan solo 1 millón

Y si el sector empresarial en general se vio afectado por estas políticas, de forma muy concreta también lo hacía el turístico, al suprimirse en 2012 el Instituto de Promoción Turística de Castilla-La Mancha, lo cual tuvo una repercusión en el número de pernoctaciones. 

Por su parte los artesanos también se vieron afectados con las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Cospedal, que en ese mismo año también decidía cerrar el Centro Regional de Promoción de la Artesanía y dejó de convocar durante toda la legislatura las ayudas a la promoción que se habían venido ofreciendo al sector, que las siguió demandando y al que no se atendió. 

ABANDONO A FENAVIN

En materia de Agricultura, el Gobierno de Cospedal se decantó por echar el cierre a diversos organismos. Así, se cerró la estación de viticultura y enología de Alcázar de San Juan, en la que se analizaban vino, mosto y alcohol; pero también las unidades técnicas de apoyo. Las oficinas comarcales agrarias provinciales también se resintieron, al ser cerradas algunas tras el despido y traslado de su personal, o reducido al mínimo su horario de apertura. 

Los trabajadores de Geacam vieron recortados sus contratos a solo ocho meses al año y se cerraron los centros de interpretación de los parques naturales de la región. 

Asimismo, se decidió abandonar el apoyo a FENAVIN, en lugar de lo cual se apostó por una dudosa y polémica iniciativa como fue la Cumbre del Vino, con la que se pretendía hacer sombra a la cita ciudadrealeña. 

SIN CARRETERAS NI DESCUENTOS PARA TRANSPORTE

Otra decisión del anterior Ejecutivo fue la derogación de los descuentos para jóvenes y para mayores en el transporte, al tiempo que se dejaban de invertir más de 8 millones al disminuir frecuencias y servicios en el Ciudad Directo o el Astra. 

Un supuesto ahorro para las cuentas regionales que tampoco se trasladaba a las infraestructuras viarias, puesto que fueron numerosas las obras en carreteras paralizadas, pasando el presupuesto para ello de 189 a 83,5 millones. 

Pero tampoco se invirtió en materia de agua, al paralizarse 157 depuradoras ‑lo que ha supuesto una pérdida para las arcas públicas de 68 millones‑, y se dejó el presupuesto de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha con menos de la mitad de su presupuesto. 

Otros recortes de los que la presidenta del PP de Castilla-La Mancha 'olvida' de su etapa en Fuensalida fueron los aplicados a los centros de la mujer y casas de acogida de la región, o la eliminación de la figura del Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo Económico y Social. 

Un largo elenco de ejemplos de lo que para miles de ciudadanos fueron recortes en toda regla, pero que para Cospedal no fueron tales, al asegurar que "recortar es quitar de donde hay" y que como en Castilla-La Mancha "no había dinero", no es por tanto aplicable esa relación.  

Por ello aseguraba la expresidenta seguir "sorprendida" por el fácil calado que tuvo en la sociedad castellano-manchega ese mensaje "de algunos" sobre que "nosotros hacíamos recortes". Cospedal ofrecía así una nueva y desdibujada versión de la pasada legislatura, quizá porque ya se acerca la cuenta atrás para las autonómicas de 2019