Viernes, 22 de Septiembre de 2017 Actualizado: 08:27 h.

Listas de espera sanitarias, escolaridad y sequía propician un aparente deshielo entre Page y Podemos

Tumban dos propuestas del PP para reimplantar la zona única de escolarización de Cospedal y aprobar un plan de 30 millones contra las listas de espera, sin especificar a qué se invertiría el dinero. A favor han votado la petición de medidas a Rajoy para combatir la sequía que sufren Tajo y Guadiana.

Emiliano García-Page conversa con el líder regional de Podemos, José García Molina
Emiliano García-Page conversa con el líder regional de Podemos, José García Molina

TOLEDO.- El rechazo a la zona única de escolarización, a un plan de choque para las listas de espera sanitarias propuesto por el PP y la petición de medidas al Gobierno de Mariano Rajoy para la situación de sequía en la que se encuentran las cuencas del Guadiana y el Tajo han vuelto a unir a PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha, al menos en lo que al sentido de sus votos se refiere.  

Hacía tiempo que ambos grupos parlamentarios no coincidían en el pleno de las Cortes en sus votaciones, pero esta semana, aunque no han faltado las críticas y discordancias entre los planteamientos de unos y otros, tanto la bancada socialista como los dos diputados de la formación morada han votado en los tres debates generales en el mismo sentido. Una simple coincidencia o quizás una muestra de acercamiento de posiciones, tras la abrupta ruptura que supuso el pasado 7 de abril el rechazo de Podemos a los presupuestos acordados previamente con el Gobierno de Emiliano García-Page. 

Sea lo uno o lo otro lo sucedido, lo cierto es que las votaciones han vuelto al 17 contra 16 ‑quince parlamentarios del PSOE, dos de Podemos y dieciséis del PP‑, en lugar de las variantes vistas en los últimos dos meses, en los que ha sido frecuente encontrar en el mismo lado de la balanza a los ‘populares’ y a los diputados de Podemos. 

En el último pleno, PSOE y Podemos se asociaron para rechazar la propuesta de resolución planteada por el PP, que solicitaba la protección del derecho a la libertad de elección de centro educativo no universitario para el próximo curso tomando como zona de escolarización el municipio y procurar la financiación de los centros concertados necesaria para su continuidad; pero también la inclusión de una partida presupuestaria que impida el despido de interinos en verano y la prohibición de realizar este tipo de contratos "de menos de la mitad de la jornada", salvo en casos "absolutamente imprescindibles". 

Peticiones para las que el PP no ha encontrado el respaldo de PSOE y Podemos, a los que ha acusado de "mantener vivos los acuerdos a los que ambas formaciones llegaron en materia educativa", lo cual ‑ha subrayado la diputada conservadora Claudia Alonso‑ "haría inviable un posible acuerdo presupuestario con el Partido Popular".  Ha criticado el modelo "chapucero y sin consenso" de escolarización implantado por el Gobierno, y que ha llevado, según la ‘popular’, a que "el 40% de los padres no puedan llevar a sus hijos al centro que tenía como preferente". 

Un dato que el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ángel Felpeto, ha rechazado por completo, asegurando que el 93,9% del alumnado ha obtenido plaza en el centro que en su solicitud había pedido en primera opción. Frente a los planteamientos de los ‘populares’, el consejero ha considerado que la zona única que defiende el PP provoca que haya "centros despoblados" y "otros sobredimensionados". No obstante, ha reconocido que el actual modelo es "mejorable" y se ha mostrado dispuesto a "mejorar la situación de la zonificación". 

Por su parte desde Podemos, José García Molina ha calificado como "inaceptable" e "incomprensible" que se defienda "la libertad de quien se la puede costear". En su opinión, la zona única termina generando que "quien tiene medios se puede ir lejos y quien no, se queda en su casa", de modo que cuando se generan "centros de excelencia con cuotas voluntarias o no, las paga quien puede pagarlas". 

Precisamente en este punto el diputado de la formación morada es en el que ha reprochado al Gobierno regional su "ejercicio de gatopardismo lampedusiano" [en referencia a la novela Il gattopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa], aplicando la máxima de que "si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie". De este modo ha criticado que el nuevo decreto de admisión haya tenido "un especial cariño" al tratamiento de centros concertados, de forma que "a efectos prácticos" la función de distrito único sigue manteniéndose. Reviviendo así "la era Cospedal", ha criticado García Molina. 

No obstante, y a pesar de las críticas, los dos diputados de Podemos votaban en el mismo sentido que lo hacía el Grupo Parlamentario Socialista, en contra de la propuesta de los conservadores.  

EL PLAN SANITARIO DEL PP NO CONVENCE

Lo mismo ha ocurrido en el siguiente debate, a propuesta también del Partido Popular, en el que se pedía la implementación de un plan de choque contras las listas de espera, al cual destinar 30 millones de euros. Una cantidad que el diputado de Podemos García Molina ha preguntado a los ‘populares’ en qué pensaban invertir, al no haberlo detallado en su propuesta de plan de choque. Planes que "cada vez que los hacen, hay que ponerse en alerta, porque no salen bien para los ciudadanos", ha sentenciado. 

Por su parte el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, recordaba antes del debate que el Gobierno regional lleva dos años con el plan de choque que ahora solicitaba el PP. Dos años en los que "se han creado los pilares para hacer el sistema sostenible y capaz de responder con más profesionales, más tecnologías y más infraestructuras", ha subrayado el consejero.  Asimismo ha criticado al PP que, a pesar del debate general, se marche de las Cortes "sin conocer el plan de choque", por lo que "no sé si lo hubiera criticado o me hubiera gustado. No lo hay como nunca lo hubo".  

Desde el PP, el diputado Antonio Lucas-Torres, quien no aguanta lecciones "de quien no las puede dar", ha denunciado que "las listas de espera que publica el Gobierno regional no tienen nada que ver con la realidad", al faltar "los pacientes que esperan para cirugía menor", así como aquellos que se han incorporado al sistema en red. Ha insistido así en que las listas de espera deben ser "rigurosas y fiables", como instrumento de medida de la calidad del sistema sanitario que son, al "contrario" de lo que ocurre en Castilla-La Mancha, al estar "hechas para dar los números que interesan". 

Desde el PSOE, por su parte, la diputada regional Ana Isabel Abengózar ha subrayado que "desde el minuto uno" el Gobierno de Page tiene un plan de choque, "también para mejorar las listas de espera en la región". Un debate que concluía como lo había hecho el anterior, con 16 votos a favor, los de la bancada popular, y 17 en contra, los del Partido Socialista y Podemos. 

UNIDOS POR LOS RÍOS TAJO Y GUADIANA

Mismos votos, en este caso a favor, los que recibía la resolución presentada por el PSOE sobre la situación de sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana y Tajo. Los diputados socialistas y los de la formación morada han aprobado pedir al Gobierno de España la puesta en marcha de "una verdadera política de Estado en materia de agua que tenga en cuenta a todas las comunidades", votación en la que el PP se ha abstenido.

La resolución ha sido votada tras el debate general celebrado a petición del Grupo Socialista sobre la situación de sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana y Tajo, en el que también ha sido rechazada con los votos en contra del PSOE y Podemos la propuesta del PP que, entre otros asuntos, pedía al Gobierno regional ejecutar el presupuesto de regadíos. También solicitaba una partida de 50 millones para hacer frente a la situación de sequía en estas cuencas y "un pacto nacional del agua" que garantice "agua en cantidad y calidad, bajo el principio de prioridad de cuenca". 

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha propuesto al PP eliminar los puntos referidos al Gobierno castellano-manchego para aprobar la resolución de forma unánime, ya que ha argumentado que se salían del debate, sin embargo, el Grupo Popular ha rechazado esta interpretación y ha pedido el apoyo a su texto, lo que finalmente no ha conseguido. 

Durante su intervención, Martínez Arroyo ha defendido que Castilla-La Mancha es una "comunidad muy solidaria" al ceder sus recursos de agua a otras comunidades, si bien ha alertado de que, como consecuencia de la actual situación de sequía, no se garantiza el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera en Castilla-La Mancha ni la incorporación de jóvenes a este sector. 

Además, ha denunciado los problemas medioambientales que se están generando y, como ejemplo, ha señalado que el río Tajo ha perdido el 61% de su biodiversidad avícola. "Si no hay agua, no hay peces; si no hay peces, no hay alimento para las aves y se abandona al río a la muerte", ha advertido Martínez Arroyo, quien ha denunciado los 22 trasvases de agua del Tajo al Segura realizados esta legislatura, que han cesado al alcanzarse el umbral mínimo no trasvasable. 

Para combatir la falta de agua, la cabecera del Tajo se encuentra al 13% de su capacidad, ha propuesto "buscar alternativas", entre ellas, el uso en el Levante de las desaladoras para conseguir que el agua vaya a Lisboa y no al Mediterráneo, siguiendo "su curso normal". Por otra parte, el consejero ha recalcado la necesidad de incluir la cuenca alta del Guadiana en el decreto de sequía dirigido a las cuencas del Júcar, el Segura y el Duero. 

Por su parte, el portavoz del PP en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, ha considerado que "este debate nunca es coyuntural" sino un asunto con el que Castilla-La Mancha tiene que "lidiar" por "su situación climática y geográfica".

Por su parte, el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, ha manifestado que su partido está en desacuerdo con el decreto de sequía porque prefiere "abrir un debate más amplio", pero "una vez aprobado", ha advertido de que no pueden "aceptar que se prive a agricultores de Castilla-La Mancha de las ayudas" previstas en cuencas en situaciones similares a las del Tajo y Guadiana. 

Con ello, ha defendido "la necesidad de un pacto de Estado basado en el diálogo y el acuerdo interterritorial", orientado a la gestión del agua como "bien público y derecho social", y que se promuevan alternativas a los trasvases. Llorente también ha considerado que "la sequía de nuestros ríos es políticamente inducida" y, por ello, ha instado a "exigir responsabilidades políticas".