TOLEDO.- Más de 25 organizaciones de Castilla-La Mancha reclaman al Gobierno regional que garantice el derecho al aborto en la sanidad pública y que adopte medidas para poner fin al acoso al que mujeres y profesionales están sometidos.
Organizaciones feministas, sindicales y sociales de la región se han adheridos a la carta que Ágora Feminista de Albacete y Amnistía Internacional de Castilla-La Mancha han dirigido a la consejera de Igualdad, Sara Simón, y al consejero de Sanidad, Jesús Fernández, trasladándoles una serie de preocupaciones y solicitud de información sobre el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la región.
Un escrito en el que recuerdan al Ejecutivo autonómico que, según los datos estadísticos publicados por el Ministerio de Sanidad sobre interrupciones voluntarias del embarazo, en 2022 en Castilla-La Mancha tan solo hubo dos centros sanitarios, ambos privados, en los que las mujeres de la región pudieron ejercer este derecho.
Y es que, si bien la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reconoce el derecho a la objeción de conciencia, este es individual y debe ser comunicado por escrito y de forma anticipada. Subrayan así la importancia del carácter "individual", puesto que esto supone que no se puede objetar "por servicios", tal y como se apuntaba desde el Gobierno regional en el caso de una mujer que solicitó a la sanidad pública la interrupción de su embarazo en Talavera de la Reina por tratarse de un caso de riesgo, debido a múltiples complicaciones de salud, y fue derivada a una clínica madrileña a más de 170 kilómetros de su casa, ya que -explican en un comunicado- "según la Consejería de Igualdad, actualmente existe objeción de conciencia en la totalidad de los servicios implicados del sistema sanitario público de Castilla-La Mancha".
Una situación ante la que los colectivos firmantes, solicitan información sobre las medidas que se están llevando a cabo en la Junta de Comunidades para garantizar este procedimiento en el ámbito geográfico de las usuarias del Sistema Nacional de Salud "en las mejores condiciones de proximidad a su domicilio".
REGISTRO DE OBJETORES PENDIENTE
Por otra parte, recuerdan que la reforma de la ley del aborto de 2023 contemplaba, en su artículo 19, que "a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación", las comunidades autónomas debían crear un registro de profesionales sanitarios que decidan objetar por motivos de conciencia y que quienes se declaren objetores al aborto lo serán tanto en la sanidad pública como en la privada.
Un registro que, a día de hoy, sigue sin implantarse en Castilla-La Mancha, algo que reclaman Amnistía Internacional y Ágora Feminista de Albacete en su carta. Asimismo, los firmantes recuerdan que, sin menoscabo del derecho individual de cada profesional sanitario a declararse objetor, la ley establece "claramente" que el acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia. Para ello, los servicios públicos se organizarán, señala la ley, de forma que "se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo". Asimismo, "todo el personal sanitario dispensará siempre tratamiento y atención médica adecuados a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una interrupción del embarazo".
En este sentido, explican que a este respecto la Consejería de Sanidad ha señalado que en este momento se encuentra en fase de consulta pública previa el proyecto de Decreto del Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia a realizar la interrupción voluntaria del embarazo en Castilla-La Mancha.
INTIMIDACIÓN Y HOSTIGAMIENTO
Asimismo, en esta carta, los colectivos instan al Ejecutivo regional a adoptar medidas frente al acoso que sufren las mujeres que acuden a las clínicas autorizadas a practicar interrupciones voluntarias del embarazo, donde grupos organizados antielección coaccionan a las mujeres con fotografías de fetos y proclamas contra el aborto a las puertas de los centros, con el objetivo de que cambien su decisión.
Recuerdan que, según un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, a partir de una encuesta realizada a 300 mujeres que acudieron para abortar en clínicas de toda España, el 89 por ciento se habían sentido acosadas y un 66 por ciento amenazadas.
En Castilla-La Mancha, como ocurre en otras zonas de España desde hace décadas, el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas autorizadas a practicar interrupciones voluntarias del embarazo ha sido una constante. Grupos organizados antielección coaccionan a las mujeres con fotografías de fetos y proclamas contra el aborto a las puertas de los centros, con el objetivo de que las mujeres cambien su decisión mediante la intimidación y el hostigamiento.
En este punto, recuerdan que en Castilla-La Mancha, desde hace más de siete años, grupos antielección se concentran semanalmente frente a la Clínica Iris de Albacete coincidiendo con las intervenciones en quirófano, abordando a pacientes y profesionales. Sus acciones consisten en rezos e intentos de interlocución en la misma puerta de la clínica, utilizando muñecos que representan fetos, además de rosarios, biblias o tarjetas con imágenes de bebés que intentan que sean recogidos por las mujeres que acceden al centro médico. Organizaciones feministas de la provincia de Ciudad Real denuncian situaciones similares ante la Clínica Cire de Miguelturra.
Asociaciones de derechos de las mujeres, como Ágora Feminista de Albacete, han informado de esta situación durante estos años al ayuntamiento de la ciudad, al Gobierno de la Junta de Comunidades, al Instituto de la Mujer, al Comisario de la Policía Nacional en Albacete y a la Subdelegación de Gobierno, sin que, hasta el momento, se hayan tomado medidas que garanticen la privacidad de las mujeres y su ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo libre de coacciones.
Amnistía Internacional y Ágora Feminista recuerdan que, cuando la Organización Mundial de la Salud promueve la práctica de abortos seguros, está hablando, no solo de la disponibilidad de los servicios para practicarlos, sino también de la forma en que se ofrecen esos servicios, de la confidencialidad y la privacidad en la toma de decisiones de las mujeres.
Asimismo, la Ley Orgánica 1/2023 señala que las administraciones públicas "velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente".
Por otra parte, el preámbulo de la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, indica que "se considera imprescindible garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del embarazo de forma que quede garantizada la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación y de este modo garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". Además, precisan, con la incorporación del artículo 172 en el Código Penal se sanciona el acoso a las mujeres que acuden libremente a las clínicas de aborto.
Junto a todo ello, las organizaciones firmantes de la carta piden también información al Gobierno regional sobre el funcionamiento del Comité Clínico que ha de ratificar que se da un motivo médico para la interrupción del embarazo cuando este se solicita después de la semana 22, así como datos de cuántas peticiones fueron resueltas favorablemente y denegadas desde julio de 2010 hasta la fecha.
PROTOCOLO DE INFORMACIÓN
Asimismo, además de las preocupaciones expuestas en la carta, Ágora Feminista y Amnistía Internacional solicitarán a la Consejería de Sanidad la elaboración y publicación de un protocolo accesible, que facilite información sobre la interrupción voluntaria del embarazo, las diferentes formas de realizarla y el acceso a los centros.
Señalan que en los centros de atención primaria hay una persona designada para informar al respecto, pero, a fecha de hoy, el Sescam carece de información clara y precisa, publicitada y accesible para una mujer que quiera interrumpir el embarazo. No hay ningún apartado al respecto en la página web ni un número para información telefónica, denuncian.
En este sentido, recuerdan que según recoge el artículo 18 bis de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero señala que "los poderes públicos ofrecerán información pública sobre el proceso, normativa y condiciones para interrumpir voluntariamente un embarazo, garantizando la accesibilidad a un itinerario sencillo y comprensible que tenga en cuenta las diferentes edades, condiciones socioeconómicas, de idioma y de discapacidad de las usuarias; el posicionamiento en internet de la información sobre centros públicos que prestan el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, con particular atención a la función del Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios (REGCESS); y la creación de una línea telefónica especializada en información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, que preste información sobre el derecho a la interrupción del embarazo y el itinerario de la prestación en los servicios públicos".
Cuestiones todas ellas a las que no se ha dado respuesta aún desde la Consejería de Igualdad, apuntan. Por su parte desde Sanidad, sí se ha dado respuesta aunque consideran que es "insuficiente", puesto que se informa de la consulta abierta en torno al decreto del registro de objetores, pero no atiende a la mayoría de peticiones de información realizadas, como son los datos actualizados de interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos y privados de Castila-La Mancha y derivaciones a otras comunidades autónomas, las medidas que se están llevando a cabo para garantizar este procedimiento en el ámbito geográfico de las usuarias del Sistema Nacional de Salud en las mejores condiciones de proximidad de su domicilio, el funcionamiento del Comité Clínico y datos de las solicitudes resueltas favorablemente y denegadas por este órgano, o las medidas adoptadas por parte del Gobierno autonómico para evitar que las solicitantes de IVE sean destinatarias de prácticas que pretendan alterar la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma.
Junto a Amnistía Internacional Castilla-La Mancha y Ágora Feminista de Albacete, firman esta carta Almansa Feminista, Asexórate, Asociación Feminista 13 Rosas de Chinchilla, Asociación de Promoción de Igualdad de Género (ASPIGA), CCOO Castilla-La Mancha, CGT Albacete, CGT Cuenca, Colectivo Sin fronteras Albacete, Comisión Proderechos de la Mujer de Albacete, Coordinadora 8M Albacete, Feministas de Pueblo, In Género, MAC, Mujeres de la Plaza del Pilar de Ciudad Real, Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical, PETRA Maternidades Feministas, Plataforma 8M Toledo, Plataforma Feminista de Guadalajara, Red Feminista de Albacete, Sincronizadas, SOV de CGT de Alcázar de San Juan, STAS-CLM, STE-CLM, Torre Púrpura y UGT Albacete.
