TOLEDO.- El cumplimiento de los caudales ecológicos, atendiendo a las recomendaciones de la Unión Europea y en sintonía con las cinco sentencias dictadas por el Supremo; agua en cantidad y calidad suficientes para Castilla-La Mancha y el Tajo, con prioridad para la cuenca cedente, así como la apuesta por la desalación como alternativa a las derivaciones de agua son las bases de la propuesta que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la consulta pública abierta para la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
Consulta pública cuyo plazo de presentación de propuestas finalizaba este jueves, y en cuyo marco el Ejecutivo autonómico registraba el pasado martes, 30 de abril, un documento que refleja "nuestra firmeza en la defensa de los intereses hídricos de la región".
Así lo ha señalado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien tras reunirse con el presidente regional, Emiliano García-Page y la consejera portavoz, Esther Padilla, en el Palacio de Fuensalida para informarles al respecto, ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta a los medios de comunicación del detalle de la propuesta.
Desde el Ejecutivo autonómico consideran que es "el momento histórico" de ajustar las reglas de un trasvase que desde hace más de 40 años "está lastrando el desarrollo de Castilla-La Mancha", algo que "hay que revertir".
Para ello se hace preciso un cambio de las actuales reglas de explotación, las cuales ya deberían haber sido modificadas, tal y como recoge el plan hidrológico para la cuenca del Tajo aprobado en enero de 2023.
Un proceso para el que Castilla-La Mancha tiene su propuesta, realizada "con el más absoluto rigor técnico y científico", ha defendido Gómez, y en la que se expresa y refleja "el sentir mayoritario de toda la sociedad castellanomanchega que nos ha trasladado, de una manera contundente, su apoyo para cambiar una situación injusta por la que llevamos luchando muchos años desde esta tierra".
Una propuesta que, además, "cuanta por primera vez con el respaldo de una resolución conjunta" del Partido Popular y el Partido Socialista en las Cortes, ha recalcado la consejera, en relación al acuerdo alcanzado en el Parlamento por ambos grupos la semana pasada.
Así, en el documento remitido al ministerio, Castilla-La Mancha recuerda que la norma actual que regula el acueducto Tajo-Segura fue diseñada "para enviar el máximo agua posible al Levante", teniendo en cuenta únicamente las necesidades de los beneficiarios, los cuales, sin embargo, "tienen a su alcance la posibilidad de desalinizar el agua de mar como alternativa a sus supuestas necesidades hídricas". Por ello el Gobierno regional considera que la nueva normativa debe "garantizar agua en cantidad y calidad suficiente para Castilla-La Mancha y el Tajo, y recoger que la desalación debe ser la alternativa al trasvase".
Por otra parte, la propuesta castellanomanchega deja claro que las actuales reglas de explotación no están calculadas según los excedentes del Tajo, por lo que "no pueden propiciar un equilibrio entre las cuencas ni tienen una visión sostenible del río y sus ecosistemas".
GARANTIZAR EL FUTURO DEL TAJO
Por otra parte, la consejera ha explicado que con el cambio de reglas que propone la comunidad autónoma "se deben garantizar las demandas de gestión y planificación de la propia cuenca, ahora no satisfechas, entre ellas los caudales ecológicos en cumplimiento con las recomendaciones de la Unión Europea y con las cinco sentencias dictadas al respecto por el Tribunal Supremo”.
La nueva reglamentación, ha dicho Mercedes Gómez, también "debe garantizar el abastecimiento de agua para la población de los municipios ribereños colindantes y de la tubería manchega, además de un nivel de agua embalsada suficiente y estable que permita el desarrollo del potencial económico de los municipios ribereños en particular, y de los territorios bajo la influencia del Tajo en general".
En este sentido, el documento presentado por Castilla-La Mancha recoge la necesaria actualización del umbral mínimo de reservas no trasvasables, fijado actualmente en 400 hectómetros cúbicos, al considerar que se ha demostrado que no es suficiente para mantener una lámina adecuada y estable en los embalses de Entrepeñas y Buendía. "La gestión actual, está basada en mantener unos niveles de agua embalsada muy baja, reduciendo la evaporación y maximizando los trasvases, por lo que las reglas no están dotando de mayor estabilidad interanual a los suministros, ni reduciendo la presentación de situaciones hidrológicas excepcionales", ha argumentado.
Además, establece que se debe acabar con los episodios de vaciado de los embalses de cabecera del Tajo, para que no entren en 'nivel hidrológico excepcional', es decir, nivel 3, ya que "provoca impactos muy negativos para los municipios ribereños algo que ha sido ignorado sistemáticamente tanto en la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo como en la gestión del trasvase", ha reconocido, y que ha supuesto declive del sector turístico basado en las láminas de agua, con cierre de negocios, desempleo y favoreciendo el proceso de despoblación.
NECESIDADES DE TALAVERA Y APORTES A LA CUENCA DEL GUADIANA
Asimismo, se solicita que sean contempladas en las reglas de explotación la demanda de Talavera de la Reina y su comarca, las cuales no están consideradas en la regla actual. Las disponibilidades de la subcuenca del Alberche periódicamente obligan a dotar parcialmente al canal Bajo del Alberche con agua del Tajo, consumiendo más de 20 hectómetros cúbicos por temporada, por lo que se precisa un desembalse mayor.
También se considera necesario, según ha explicado Gómez, que se mantengan dentro de las prioridades de abastecimiento del trasvase los aportes a la cuenca del Guadiana teniendo en cuenta que se había realizado de manera excepcional anteriormente, pero de forma carente de amparo legislativo. "Estos recursos, no deben implicar la modificación del volumen máximo trasvasable autorizado por la normativa reguladora del acueducto Tajo-Segura", ha señalado.
Por todo ello Gómez ha asegurado que desde el Gobierno regional "solo hemos solicitado al Estado lo que es de justicia: que imperen los criterios técnicos y medioambientales, la lógica, y que prevalezca las necesidades de la cuenca cedente, lo que refrendaria el futuro del río Tajo y las necesidades de Castilla-La Mancha".
Por último, la consejera ha apuntado que "aunque llega tarde", desde el Ejecutivo regional se va a exigir al Estado que sea "diligente" en los siguientes pasos a dar para cambiar las reglas de explotación del trasvase, puesto que "se trata de la primera vez que el ministerio saca una consulta pública previa de tal calado e importancia para Castilla-La Mancha".
Así, confían en que "no se deje influir por la presión del frente ideológico que han formado en bloque las comunidades del Partido Popular: Madrid, Murcia, Valencia y Andalucía, contra Castilla-La Mancha", con el único objetivo de "defender sus intereses particulares, tan dispares como reñidos con la lógica científica y técnica" -ha apuntado-, "todos ellos muy alejados de lo que necesita el río Tajo para garantizar su ecosistema".
