Viernes, 20 de Octubre de 2017 Actualizado: 03:28 h.

VARAPALO JUDICIAL

Una rescisión de contrato ilegal del PP obliga a Cabanillas del Campo a pagar 300.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha condena a la localidad por las irregularidades del anterior alcalde, Jaime Celada. El actual equipo de Gobierno del PSOE lamenta que las arcas públicas se vean afectadas por la sentencia.

Jaime Celada, exalcalde de Cabanillas del Campo | Foto Archivo
Jaime Celada, exalcalde de Cabanillas del Campo | Foto Archivo

GUADALAJARA.- El Ayuntamiento de la localidad guadalajareña de Cabanillas del Campo tendrá que indemnizar con casi 300.000 euros a la empresa que se ocupaba de la jardinería del municipio, por la rescisión "ilegal" del contrato llevada a cabo por el anterior equipo de Gobierno del Partido Popular que presidía Jaime Celada. 

Así lo han determinado los tribunales, que ahora obligan al Consistorio cabanillero, presidido actualmente por el socialista José García Salinas, a hacer frente a esta cantidad, que deberá ser detraída del presupuesto para este año. 

Una situación que García Salinas lamenta, al tiempo que recuerda que tal y como advirtió en su día el PSOE, entonces en la oposición, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha confirma que la rescisión unilateral del contrato estuvo "plagada de irregularidades"

El regidor cabanillero, también secretario local de los socialistas, explica que en los últimos días se ha tenido que ordenar el pago de un total de 299.353,27 euros a la Unión Temporal de Empresas 'Althenia Sando', la cual se encargaba del mantenimiento de parques y jardines en la localidad hasta que Celada y el PP "decidieron unilateralmente rescindir su contrato en el año 2012". 

A pesar de la elevada cantidad, García destaca que "afortunadamente" es "bastante inferior" a los cerca de 500.000 euros a los que fue condenado el Ayuntamiento en primera instancia en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Guadalajara. 

En un comunicado, recuerdan desde el PSOE que el pleito interpuesto por 'Althenia Sando' contra el Ayuntamiento de Cabanillas se inició a raíz de la rescisión del contrato que vinculaba a ambas partes desde el año 2008. Tanto la sentencia inicial como esta definitiva del alto tribunal castellano-manchego corroboran que aquella rescisión del contrato "se realizó sin suficientes motivaciones técnicas y jurídicas por parte de la administración local"

El alcalde lamenta que estos cerca de 300.000 euros que se podrían dedicar "a otros menesteres" se hayan tenido que gastar en esta indemnización "por una rescisión de contrato mal ejecutada por la anterior corporación". 

Recuerda que en 2012 el equipo de Gobierno conservador decidió rescindir los contratos de limpieza y jardinería del municipio, unificando ambos servicios en un nuevo contrato, "rebajando notablemente la cantidad destinada al mismo". Se planteó una nueva concesión por 10 años, contrato entonces criticado por el PSOE advirtiendo que no se podría ofrecer un buen servicio, algo que se ha confirmado. 

En este sentido García Salinas recuerda que "la limpieza y el mantenimiento de parques y jardines siguen siendo el principal quebradero de cabeza para el actual equipo de Gobierno", fuente de quejas vecinales. Desde el Ayuntamiento, asegura, "se sigue trabajando para dar una solución al problema", aunque reconoce que es "administrativamente muy complejo". 

NO ES LA ÚNICA CONDENA

Por otra parte, desde el Partido Socialista recuerdan que ésta no es la única sentencia condenatoria que ha recibido el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo en las últimas semanas. En este sentido apuntaba que en los próximos días tendrán que abonar otros 1.081 euros a una trabajadora inmigrante a las que se vulneraron sus derechos en un proceso de selección de personal para un taller de empleo, "también durante la Alcaldía de Jaime Celada".  

“Se trata de una mujer rumana que fue excluida de un proceso de selección, en teoría, por carecer de permiso de trabajo. Sin embargo, ella había concurrido al proceso de selección y había logrado una puntuación que le acreditaban para entrar al taller, por su  currículum y experiencia. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha entendido que, precisamente, su admisión hubiera permitido a la demandante obtener el permiso, y ha condenado también al Ayuntamiento por no justificar debidamente la exclusión a la que se le sometió”, ha señalado Salinas.

“Esa fue una actuación éticamente muy cuestionable por parte de Jaime Celada y del anterior Equipo de Gobierno. Cortaron el acceso al trabajo a una desempleada por el hecho de ser extranjera, a pesar de que pertenecía a un país de la UE, y el taller le hubiera permitido regularizar su situación laboral. La cuantía de la indemnización no es muy alta, pero el feo que se le hizo sí lo fue”, ha señalado el alcalde cabanillero.