Miércoles, 22 de Noviembre de 2017 Actualizado: 13:36 h.

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Un 'pelotazo' urbanístico no autorizado arrasa un monte reforestado con dinero público en Guadalajara

Fiscalía investiga la construcción de cientos de viviendas, una plaza de toros y kilómetros de viales por no tener evaluación de impacto ambiental ni permiso previo para talar las zonas boscosas recuperadas por la Junta en el monte consorciado 'Los Cerros', de la localidad alcarreña de Almoguera, gobernada por el 'popular' Luis Padrino.

Para edificar la plaza de toros se tuvieron que explanar unos 17.000 m2 | GoogleMaps
Para edificar la plaza de toros se tuvieron que explanar unos 17.000 m2 | GoogleMaps

GUADALAJARA.- Más de doscientas viviendas, kilómetros de viales y una plaza de toros pueblan hoy el monte 'Los Cerros', en el término municipal de Almoguera (Guadalajara). Terrenos que fueron reforestados en el año 1988 bajo la forma jurídica de consorcio, aportando su Ayuntamiento el suelo y la Junta de Comunidades inversión para su repoblación forestal, y en los que sin embargo se ha construido sin evaluación de impacto ambiental, ni autorización previa para 'arrasar' las zonas recuperadas. 

Un cúmulo de presuntas irregularidades ahora investigadas por la Fiscalía General del Estado, que se producen en un municipio gobernado desde el año 1991 por Luis Padrino, alcalde durante cinco legislaturas con el PSOE, otra más como independiente y desde 2015 por el Partido Popular. Regidor que dejó las filas socialistas después de que se le abriera en 2007 un expediente por un caso de corrupción urbanística, denunciado entonces por su hoy compañera de partido y presidenta del PP en Guadalajara, Ana Guarinos. 

Un Ayuntamiento que, según recoge la denuncia, aun siendo consciente de la vigencia del consorcio, desarrolló en los terrenos del monte cuatro programas de actuación urbanizadora (PAUs), con la consiguiente construcción de chalets y viales, así como una plaza de toros, para lo cual fue necesario "desmontar" varias hectáreas repobladas de árboles tan solo unos años antes. Se levantaban así los PAUs 'Mirador del Tajo', 'Mirador Alto', 'Mirador' y 'Carramonte'. 

La denuncia de un particular ha hecho que se abran diligencias para esclarecer lo que ha sucedido en este monte consorciado, cuyo suelo es propiedad del Consistorio de Almoguera, pero el vuelo y su aprovechamiento ‑es decir, lo que crece por encima de la tierra‑ corresponde a la Junta de Comunidades hasta el año 2068, según lo acordado al firmar el consorcio. 

Un acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno en febrero de 1988, con objeto de repoblar forestalmente 2.621 hectáreas de terreno en 'Los Cerros', su conservación y mejora de las masas creadas, así como el aprovechamiento de las mismas. Se pretendía con él paliar los daños causados por las inundaciones de 1987 que asolaron el término municipal, compaginando la recuperación de la zona con la creación de puestos de trabajo mediante la repoblación forestal. 

Los daños ocasionados por las inundaciones se estimaron en 1.000 millones de pesetas en aquella época, a los que se sumaron otros 6,3 millones años después para acometer una segunda repoblación con encinas y pino carrasco, ya que "por diversos factores", entre los que se señalaban los climáticos, la presencia de mucho ganado en la zona y la abundancia de conejos, los terrenos repoblados en 1988 sufrieron daños que impidieron que los plantones cuajaran. Dinero todo él procedente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en función del consorcio suscrito, y que obligaba a la Administración regional a anticipar las cantidades necesarias para cubrir tanto los gastos de repoblación, conservación y mejora, como los derivados de la dirección técnica y administrativos, así como los gastos de guardería forestal. 

Consorcio entre la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Almoguera

Un consorcio con una vigencia de 80 años ‑del que aún restan 50‑, y en el que también se dejaba claro que mientras que el suelo aportado por el Ayuntamiento de Almoguera seguiría siendo de su propiedad ‑"salvo venta del mismo que pudiera hacerse a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o a terceros, previa autorización de ésta"‑, el vuelo que se creara a consecuencia del consorcio constituiría "un derecho real" de la Junta. 

Derechos que ya no pueden revertir en las arcas públicas, puesto que el aprovechamiento del vuelo es imposible, al haberse arrasado mediante la urbanización. 

¿SUELO MUNICIPAL O PRIVADO? 

Pero no solo sobre la falta de autorización del Gobierno regional para hacer desmontes y aplanar Los Cerros está sembrada la sospecha, sino también sobre la titularidad del suelo.  

Y es que, según recoge el consorcio, el Ayuntamiento de Almoguera habría certificado ser propietario de todo el suelo aportado el mismo, a pesar de lo cual con posterioridad a la constitución del consorcio se celebraron diversos actos notariales y registrales ‑todos anteriores a 1997‑, de los que podría deducirse que corresponden a varias de las fincas repobladas, "inexplicablemente y vulnerando la alegada propiedad municipal sobre la totalidad del suelo repoblado, con categoría de forestal". 

De este modo un particular logra registrar, tras su publicación entre otros lugares en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Almoguera, varias de las parcelas que el Ayuntamiento "dijo de su propiedad a la firma del consorcio". Actos registrales y notariales sobre la superficie forestal que albergan dichas fincas no constan, como tampoco la preceptiva comunicación al Gobierno regional sobre un posible cambio de titularidad. 

Parcelas segregadas del monte consorciado sobre las que se han construido más de 200 viviendas de protección oficial (VPO), que han sido vendidas a particulares. Sobre ello nada autorizó el Gobierno regional, propietario del vuelo forestal de todo el monte, pero tampoco se comunicó a los nuevos propietarios de estas viviendas, que es ahora cuando comienzan a saber la situación en que se encuentran sus hogares.


Explanación, desmonte y viviendas construidas en el monte 'Los Cerros' | GoogleMaps

Inmuebles hipotecados ‑la entidad que otorgó las escrituras tampoco estaba al tanto de la situación‑ por cuyo futuro ahora temen sus propietarios, visto lo ocurrido en otros lugares de España, como en la localidad cántabra de Piélagos, donde en 2004 al amparo de la burbuja inmobiliaria se construyeron 214 apartamentos ilegales 'comiéndose' media montaña. Su derribo comenzó en agosto del año pasado

SIN INFORMES Y CON DOS DENUNCIAS MEDIOAMBIENTALES 

Desde el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), a instancias de la Fiscalía, se investiga las presuntas irregularidades cometidas con la construcción de estos cuatro PAUs, debido a la deforestación acometida en los terrenos del monte consorciado.

Documento que demuestra la investigación del Seprona a instancias de la Fiscalía

Diligencias en cuyo marco se ha solicitado información a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, desde la cual confirman que "no consta documentación alguna" relativa al procedimiento de autorización de eliminación de la cubierta forestal del monte para la ejecución de obras de urbanización, lo cual era preceptivo según la normativa vigente en su momento ‑precisan‑. 

Asimismo, en dicha comunicación, a la que ha tenido acceso PeriódicoCLM, se constata que "ninguno" de los programas de actuación urbanizadora referidos se haya sometido a un procedimiento reglado de evaluación ambiental "ni en fase de planeamiento urbanístico (evaluación ambiental de planes y programas) ni en fase de proyecto de urbanización". 

Sobre este asunto precisamente existe una denuncia de los Agentes Medioambientales, registrada en julio de 2006, por una presunta infracción de la ley 5/99 de Evaluación de Impacto Ambiental, en la que se ponía de manifiesto la construcción de la urbanización 'Mirador Alto' sobre terrenos del monte consorciado "sin haberse sometido a evaluación ambiental". 

Sí constan dos informes ambientales, que formaron parte de los expedientes urbanísticos del PAU 'El Mirador', remitido el 8 de marzo de 2001 al Ayuntamiento de Almoguera y firmado por el entonces delegado provincial, Mariano Teruel, en el que se comunica que el informe ambiental de la Delegación Provincial "es positivo". 

Como también se informó de forma favorable al proyecto de modificación número 4 de las Normas Subsidiarias de Almoguera, correspondiente en parte a lo que posteriormente fue el PAU 'Carramonte', al considerar que, en la zona a modificar según proyecto, no existía vegetación arbustiva ni arbórea y no tener valor ecológico "digno de mención" por su cercana ubicación al casco urbano. Aspectos que les llevaron a estimar que la modificación no tendría repercusión sobre el medio natural. Informe que fue remitido al Consistorio en diciembre de 1999. 

Respecto a los PAUs de 'Mirador Alto' y 'Mirador del Tajo' señalan no tener constancia de que se hayan emitido informes ambientales por parte de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Pero este departamento no se limita a confirmar la inexistencia de informes de evaluación ambiental, sino que apuntan también a la actuación urbanística llevada a cabo en el sector 'Carramonte Alto', en el que se ubica la plaza de toros.


La caída del desmonte en la plaza de toros supera los nueve metros de altura | GoogleMaps

Señalan que para el desarrollo urbanístico de esta zona se inició la tramitación de la modificación número 5 de las normas subsidiarias, la cual sí fue sometida a evaluación ambiental, emitiéndose el informe preliminar con fecha 22 de septiembre de 2004, siendo este remitido a la Comisión Provincial de Urbanismo de Guadalajara. Una modificación tras la que se encontraba un proyecto de Prodecur Promociones Urbanas S.A., en aquellos años impulsora de diversas promociones de viviendas unifamiliares en otros municipios guadalajareños como Fontanar. Sin embargo, 13 años después, esta modificación "no ha sido aún aprobada por Urbanismo". Será únicamente salvado este trámite cuando deba someterse el proyecto de urbanización a evaluación de impacto ambiental. 

Terrenos en los que, no obstante, se ha continuado actuando y hoy albergan la plaza de toros. Sobre este particular, recuerdan desde la Dirección Provincial, existe también denuncia de los agentes medioambientales registrada en julio de 2006, "por tala y descuaje del arbolado en terrenos del monte consorciado número 3149 [Los Cerros], afectando a una superficie de una hectárea". Denuncia a la que unos meses más tarde, ya en abril, se sumaba una nueva comunicación de los agentes medioambientales, señalando que la superficie desmontada se había ampliado en 7.000 metros cuadrados más. Actuaciones ambas con eliminación de la cubierta forestal para las que no consta la existencia de autorización por parte de la Dirección Provincial. 

En total dos denuncias presentadas por los agentes medioambientales sobre las que no consta que se abriera el correspondiente expediente por parte de la Junta de Comunidades. 

Respuesta de La Junta a La Información Solicitada Por El Fiscal a Través Del Seprona

Pero según el denunciante, no solo no fueron tenidas en cuenta estas denuncias, ni se comenzó a urbanizar sin contar con los preceptivos informes de evaluación ambiental, sino que además se señala al Ayuntamiento de Almoguera por haber tramitado las licencias de obras y de urbanización "sin informes de técnicos funcionarios competentes". Informes que, en este caso, y al no contar el municipio con este personal, correspondía al arquitecto de la Diputación ‑institución, por otra parte, de la que fue vicepresidente Padrino, militando entonces en las filas socialistas‑. En su lugar el alcalde habría hecho uso de "honoríficos", para quienes está prohibido expresamente el desempeño de funciones públicas. 

Este cúmulo de irregularidades llevaron también a que, como figura en la comunicación remitida al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, las obras de urbanización se recepcionaran incumpliendo los PAUS, al faltar más de 2.000 metros lineales de aceras y bordillos que debían de estar ejecutados según el proyecto de urbanización. En este sentido, es posible también, apunta la denuncia, que "se desembolsaran cantidades de más de 240.000 euros por obras certificadas que presuntamente no se habrían construido". 

Esta denuncia ante la Fiscalía pretende aportar luz sobre todo lo sucedido, que se depuren responsabilidades si es necesario y aclarar a los propietarios de esas viviendas su situación y lo que puede suceder con ellas