Viernes, 22 de Septiembre de 2017 Actualizado: 08:05 h.

El alcalde del PP en Cuenca, condenado por vulnerar derechos fundamentales

Golpe judicial a Ángel Mariscal tras prohibir a los concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento conquense el acceso a información necesaria para ejercer sus funciones de control y fiscalización a los órganos de gobierno.

Ángel Mariscal, alcalde de Cuenca | Foto: Reyes Martínez (La Tribuna de Cuenca)
Ángel Mariscal, alcalde de Cuenca | Foto: Reyes Martínez (La Tribuna de Cuenca)

CUENCA.- El alcalde de Cuenca, el ‘popular’ Ángel Mariscal, ha sido condenado por vulneración de derechos fundamentales tras prohibir a los concejales de Izquierda Unida el acceso al Registro electrónico de entradas y salidas de documentos del Consistorio en su formato digital. 

Así lo señala en su sentencia el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cuenca, en la que declara nula la resolución firmada por Mariscal el pasado mes de mayo, por la que denegaba la solicitud del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Cuenca para tener acceso a dicho Registro. Una decisión que argumentaba tener como "motivación" el informe emitido por el secretario general de la institución local, basado éste en la aplicación de diversos artículos del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Decreto de Mariscal con el que niega a IU el acceso al Registro electrónico

Algo que llevó a IU a interponer un recurso contencioso‑administrativo el pasado 16 de junio, en el que pedía la anulación de la resolución emitida por la Alcaldía rechazando su petición de acceso al Registro, aunque no fue hasta el 28 de junio cuando se formalizó la demanda contra el Consistorio conquense que gobierna el PP. Consideraban los ediles que con ella quedaba vulnerado el derecho a participar en los asuntos públicos de los ciudadanos por medio de sus representantes libremente elegidos en las elecciones, reconocido en el artículo 23 de la Constitución española, al privar a dicha parte "del acceso a una información necesaria para el ejercicio de las funciones de control de fiscalización a los órganos de gobierno". 

Una violación de derechos que reconoce el juez, al señalar que el derecho a la información de los concejales, como representantes de los ciudadanos, "es un derecho fundamental" que "exige su participación y conocimiento de cuantos datos puedan afectar al ejercicio de sus funciones de representación". Recuerda así el derecho de todos los miembros de las corporaciones locales a obtener del alcalde o comisión de gobierno "cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función". Es por ello que considera el juez que el acceso solicitado, en sede electrónica, al Registro de entradas y salidas de documentos "no debe ser negado como tal". 

Un acceso que debe ser autorizado a los concejales como medio para llevar a cabo sus funciones de control y fiscalización de los órganos de gobierno de la Corporación, aunque ‑apunta el juez‑ dicho acceso "no debe ser enteramente libre", sino que el mismo "debe ser interpretado con racionalidad y proporcionalidad". Para ello, recoge la sentencia, se deberán establecer "determinados controles vinculados con la posible afectación del derecho a la intimidad". 

Por ello, continúa, el acceso a dicho Registro deberá ser llevado a cabo "en todo momento" en las dependencias municipales y tan sólo por medios técnicos que permita dicha entrada a los concejales "mediante claves o contraseñas personales" de manera que el acceso esté limitado "única y exclusivamente al concejal correspondiente". 

Hecha esta salvedad sobre el acceso libre que se pedía desde IU, el juez también recuerda que el derecho de acceso a la información, al contenido del Registro de entradas y salidas de documentos, "no significa que se tenga derecho" a "obtener copias, vía impresora, de manera indiscriminada, sin control alguno". Considera así que para que los concejales puedan obtener copia de los documentos que entran y salen del Registro, deberá existir un control en cada caso concreto de los documentos cuya copia se pretenda obtener, sin que suponga merma al ejercicio de las funciones de fiscalización y control por parte de los ediles.  

De este modo, si precisan copia de algún documento, será el alcalde quien deba autorizar la misma. Para ello los interesados deberán justificar "debidamente" la necesidad de dichas copias y la finalidad de las mismas, precisa la sentencia, "a fin de garantizar también otros intereses en juego". 

Sentencia contra el alcalde de Cuenca

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida muestran su satisfacción por el reconocimiento de los tribunales a su petición de acceso a la información, al tiempo que puntualizan que "no formaba parte de las pretensiones de IU" el sacar copias de documentos, sino el poder tener acceso a la información. 

Para IU este fallo "corrige el error del secretario" y "condena" al Partido Popular por vulneración de derechos fundamentales. En este sentido, creen que "ambos deberían tomar nota", puesto que esto "demuestra que el PP en el Ayuntamiento busca impedir la transparencia, incumpliendo su propia ley del año 2013", al dificultar el acceso a la información por parte de la oposición. 

Consideran que este decreto, ahora anulado por el juez, era "un elemento más en la estrategia del PP" para "evitar el control y fiscalización de su actividad", a lo que se suma el "suspender los plenos antes de las mociones, ruegos y preguntas", precisamente la parte denominada 'de control y fiscalización'. 

En este sentido, ven en esta sentencia, que cita la ley 19/13 de Transparencia y Buen Gobierno, un refrendo a sus planteamientos, puesto que la misma señala que una mejor fiscalización "contribuye a la necesaria regeneración democrática, promueve la eficiencia y eficacia del Estado y favorece el crecimiento económico".  Todo ello es, precisamente, "lo que pretende evitar el PP", concluyen desde IU en un comunicado. 

Ante esta sentencia, cabe recurso de apelación, que el Ayuntamiento de Cuenca podrá presentar en un plazo de quince días.