Lunes, 11 de Diciembre de 2017 Actualizado: 10:40 h.

SE ABRE EL CAMINO DE LA REMUNICIPALIZACIÓN

Varapalo judicial a la privatización del agua de Alcázar de San Juan

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anula la entrada de Aqualia en la empresa pública Aguas de Alcázar. La adjudicación, para la que se precisaba mayoría absoluta, no tiene validez porque fue aprobada en minoría por el PP y la formación local CxA.

Alcazareños protestan en el Ayuntamiento por la privatización del agua | Archivo
Alcazareños protestan en el Ayuntamiento por la privatización del agua | Archivo

CIUDAD REAL.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado el acuerdo adoptado en julio de 2014 por el pleno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en el que se adjudicó la gestión y se seleccionó a Aqualia como socio privado para la gestión de la empresa pública Aguas de Alcázar. Una decisión para la que se precisaba mayoría absoluta, pero que fue adoptada únicamente con el apoyo del Partido Popular y la formación municipal Ciudadanos por Alcázar (CxA), que sumaban una mayoría simple. 

De esta forma, en una sentencia del 20 de octubre, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del alto tribunal castellano‑manchego revoca el fallo dictado por el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo número 2 de Ciudad Real de noviembre de 2015, que fue recurrido por la exconcejala socialista Ana Belén Tejado, a título particular. 

En los fundamentos de derecho de la sentencia, la Sala argumenta que "en cuanto a la mayoría necesaria para insertar un asunto no incluido en el orden del día de una sesión plenaria ordinaria por la vía de urgencia debe ser la mayoría absoluta y no la simple", como se afirma en la sentencia apelada. 

En cuanto a los motivos para alegar este procedimiento de urgencia, el tribunal señala que deben ser verdaderos y motivados, recordando de esta forma que hasta el momento no se ha practicado prueba que acredite la mala situación económica de la empresa pública, ni que se encontrara en causa de disolución, "máxime cuando el expediente en cuestión llevaba 16 meses tramitándose". 

Tras conocer la sentencia, ante la que puede presentarse un recurso de casación en la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de treinta días, Tejado ha señalado que se trata de "la mayor satisfacción que me he podido llevar de mi trabajo en política y compensa todo el esfuerzo realizado". 

Asimismo, considera que ahora debe ser el Ayuntamiento el que resuelva el contrato que actualmente mantiene con Aqualia. Confía en que el Consistorio "trabaje bien y en el menor tiempo posible, para que se ocasione el menor perjuicio posible a los vecinos de Alcázar". 

A pesar de que ante la decisión de recurrir la sentencia de hace dos años tuvo que adoptarla a título particular, Tejado asegura que en el proceso "nunca" se ha sentido sola, porque ha estado "muy arropada por los ciudadanos, compañeros, amigos y familiares". Algo que, sin embargo, lamenta no se haya producido en el mismo sentido por parte de la dirección de su partido y del propio Ayuntamiento. 

LA ALCALDESA PIDE CAUTELA ANTE EL FALLO

Tras conocerse la sentencia, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha señalado que se actuará "con cautela" y que serán los técnicos quienes estudien el fallo judicial cuando se les comunique de forma oficial. No obstante, avanzaba que "si éste responde al cien por cien a las pretensiones de la demandante", se podrá empezar el proceso de remunicipalización y la liquidación de la empresa mixta. 

En un comunicado, Melchor ha felicitado a los vecinos y a quienes "han estado luchando por evitar la venta de Aguas" y por la remunicipalización de la empresa, puesto que así se ha dado "un paso más para conseguirlo". 

La regidora socialista subraya también lo "esperado y deseado" de este fallo positivo por parte del actual Gobierno municipal, ya que no entienden que no fuera aprobado en primera instancia. Esta sentencia, recuerdan desde el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, se suma a otra favorable por violación de derechos fundamentales que anuló el pleno en el que se aprobó el cambio de gestión del servicio

Entre lo que queda aún pendiente de resolver, añadía la alcaldesa, el recurso planteado por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Gonzalo Redondo, contra el dictamen del Consejo Consultivo y el inicio de un proceso contra Aqualia por "lesividad" a los intereses ciudadanos. 

PLANIFICAR LA SALIDA DE AQUALIA  

Desde la Plataforma contra la Privatización de Aguas de Alcázar también se ha querido valorar esta sentencia, la cual consideran "mantiene viva la esperanza de remunicipalizar la empresa"

El colectivo agradece a Tejado "su tesón y su trabajo" para que Aguas de Alcázar vuelva a ser una empresa de capital público, pese a no haber contado con el apoyo de su partido ni del grupo municipal al que pertenecía. Falta de respaldo que se ha visto compensado con el de amigos y muchos ciudadanos que "creían en la validez de sus propósitos", aseguran desde la plataforma. 

Asimismo, instan al equipo de Gobierno socialista a "ponerse a trabajar para que esta sentencia rinda su fruto", puesto que de no hacerlo sería "síntoma" de que "nunca se ha querido remunicipalizar la empresa, sino que todo era un eslogan electoral sin contenido". 

Reconocen que no se puede "expulsar inmediatamente" a Aqualia, pero piden que las administraciones competentes se pongan de inmediato a "planificar su salida", para impedir que la ciudad "siga perdiendo cada día miles de euros"

AQUALIA ESTUDIA RECURRIR LA SENTENCIA

Mientras tanto, Aqualia, filial de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ha afirmado que estudia la posibilidad de presentar un recurso contra la sentencia dictada por el alto tribunal castellano‑manchego.

En un comunicado, la compañía y socio privado de Aguas de Alcázar asegura que la Justicia "declara nulo" el contrato por razones formales, "no porque el Tribunal considere que el contrato en sí o la creación de una sociedad mixta fuera ilegal".

Para Aqualia, una eventual resolución del contrato supondría al Ayuntamiento de la localidad asumir una deuda de 24 millones de euros para devolver lo que la empresa entregó para sanear la sociedad municipal, que estaba quebrada ‑según aseguran‑, e indemnizarla por los daños y perjuicios de esta situación, que podría evitarse "si algunas personas de la Corporación dejasen de utilizar la forma de gestión del agua como una herramienta política y actuasen en favor del interés público y conforme a principios de economía y eficiencia".