Martes, 16 de Enero de 2018 Actualizado: 22:14 h.

TRIBUNALES

El alcalde del PSOE en Pedro Muñoz, a juicio por prevaricación y por denegar información a la oposición

La Audiencia Provincial de Ciudad Real desestima el recurso presentado por José Juan Fernandez y le abre juicio oral. El regidor socialista califica el caso como "persecución política" y el Partido Popular pide su dimisión.

 

El alcalde de la localidad ciudadrealeña de Pedro Muñoz, José Juan Fernández
El alcalde de la localidad ciudadrealeña de Pedro Muñoz, José Juan Fernández

CIUDAD REAL.- El alcalde de Pedro Muñoz, el socialista José Juan Fernández, será juzgado por un delito de prevaricación administrativa ‑por el nombramiento de una secretaria del Ayuntamiento y por retribuciones irregulares a un trabajador‑ y por denegar información a los concejales de la oposición

Así se desprende del auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, con fecha 14 de diciembre de 2017, en el que desestima el recurso de apelación contra la decisión del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcázar de San Juan. Un auto, de fecha 2 de febrero de 2017, en el que el titular del tribunal alcazareño resolvió cerrar las diligencias previas y "dar traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que, en el plazo común de diez días, formularan escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral". 

Actuaciones que se incoaron a raíz de la querella interpuesta por el entonces portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Pedro Muñoz, Ángel Exojo, en representación del PP, por presuntos delitos de impedimentos de ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, malversación de fondos y tráfico de influencias presuntamente cometidos por el regidor socialista entre 2011 y 2015. 

En dicha querella, se acusaba al alcalde de negarse a entregar varios decretos a la oposición y las copias de las actas de la Junta de Gobierno Local celebradas de septiembre a noviembre de 2011, así como que se convocaron dos plenos, en noviembre y diciembre de 2012 que tenían por objeto la aprobación del presupuesto municipal para 2012, sin respetar los plazos de la convocatoria ni haber celebrado las comisiones preceptivas. 

También se denunciaba que el puesto de secretaria de este Consistorio ciudadrealeño se estaba desempeñando sin seguir el procedimiento establecido legalmente. Según recoge el auto, la secretaria cuyo nombramiento se pone ahora en duda ocupó su cargo desde abril de 2012, momento en el que desde el Gobierno autonómico se requirió al alcalde que regularizara su situación, "pues no se había seguido el procedimiento a la hora de cubrirlo, y la persona que lo ocupaba no tenía la titulación requerida para ello, por lo que las actuaciones en las que hubiera intervenido podrían ser nulas, pese a lo que continuó en su puesto de trabajo hasta 2014". 

Además, en la querella se ponía de manifiesto que el Ayuntamiento abonó indebidamente cerca de 10.000 euros a un trabajador municipal durante los años 2011 y 2012, sin saberse el motivo de tales retribuciones.

En el auto dictado en febrero de 2017, el juez considera que "existen suficientes indicios contra el querellado de responsabilidad penal" y, en el caso concreto de la denegación de información o copias de resoluciones o expedientes, el magistrado considera que el alcalde "no puede alegar desconocimiento" ya que una testigo ha afirmado que "informó al querellado y al equipo de gobierno que era un derecho de la oposición acceder a los expedientes". 

Asimismo, señala que "también existen indicios penales en la convocatoria de los plenos de noviembre y diciembre de 2012, vulnerándose los plazos legales", continúa el juez en su auto, en el que también recoge que "debe considerarse como penalmente relevante el mantenimiento, a sabiendas, de la secretaria, toda vez que incluso la persona que ocupaba el puesto "había hablado con el querellado sobre la irregularidad de su situación". 

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Ciudad Real desestima el recurso presentado por el alcalde y propone la celebración de juicio oral, al considerar que "en la causa existen indicios suficientes para considerar agotada la instrucción". Si bien, especifica, será en el juicio donde se dirima si Fernández "sabía o no cuál era la normativa aplicable en lo relativo a la facilitación de información, convocatoria de plenos o manera de cubrir la vacante de la Secretaría General".  

EL REGIDOR HABLA DE "PERSECUCIÓN POLÍTICA" 

Un auto al que reaccionaba el alcalde de Pedro Muñoz asegurando que "la persecución política" que sufre por parte del Partido Popular no le impedirá "seguir trabajando de forma honrada por el bienestar de los vecinos"

En un comunicado, el socialista recuerda que el PP de la localidad se ha caracterizado por judicializar las cuestiones administrativas del Consistorio, a pesar de que éstas "han estado siempre supervisadas por los técnicos municipales". 

El regidor asegura que "ni se ha desviado ni se desviará el verdadero objetivo de la política honrada y responsable", que es trabajar por sus vecinos, los servicios públicos, la residencia de mayores, las infraestructuras deportivas, culturales y educativas y "la puesta en marcha de más planes de empleo". 

Asimismo, Fernández subraya que el actual equipo de Gobierno se distingue por una "impecable gestión", entre cuyos logros se encuentra reducir la deuda del municipio y la construcción de infraestructuras, siendo ésta a su juicio la razón por la que el PP "utiliza esta vía para minar la labor socialista al frente del Consistorio"

En esta línea, el regidor ha recordado varios de los intentos del PP de "tumbar" al Gobierno local en los juzgados, "siempre sin éxito". En este caso concreto tratando de "demostrar como punible una simple actuación administrativa que, en todo momento, estuvo supervisada por funcionarios públicos y que hasta la propia Fiscalía ya pidió que fuera archivada". 

EL PP PIDE SU DIMISIÓN 

Por su parte, desde el PP de Pedro Muñoz exigen la dimisión de Juan José Fernández tras asegurar que los "graves" hechos denunciados por el portavoz del grupo popular la pasada legislatura no fueron algo aislado, sino que son "un ejemplo más de la actitud sectaria y prepotente" del alcalde y de su falta de respeto a la legalidad y a sus adversarios políticos. 

Así lo señalaba en rueda de prensa la portavoz local de los conservadores, Alejandra Rodríguez, quien señalaba que, a pesar de los pronunciamientos del Tribunal Contencioso Administrativo dando la razón al Grupo Popular, el comportamiento del alcalde socialista no se ha corregido. 

En este sentido, detallaba que el pasado mes de noviembre los concejales del PP tuvieron que solicitar la anulación de la convocatoria de comisiones informativas porque no se entregó a tiempo la documentación a la oposición ni se incluyó en el orden del día la discusión de las propuestas de modificación de las ordenanzas fiscales a pesar de haberlas entregado en tiempo y forma. 

Asegura Rodríguez que su grupo es "absolutamente respetuoso" con las decisiones judiciales y que por ello ha permanecido en silencio hasta ahora, momento en que se dicta la apertura del juicio oral. Un punto en el que consideran que el alcalde debería dimitir "por respeto a la institución y a los vecinos". 

Consideran los ‘populares’ que esta situación "perjudica gravemente" la imagen del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, por lo que José Juan Fernández "debería centrarse en su defensa y pagar con su dinero el coste de los procesos judiciales"